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¿Y en qué andan las investigaciones sobre los gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro? Esa es la pregunta más importante en medio de la avalancha de audios, videos, madrazos, acusaciones y retractaciones amplificadas durante las últimas dos semanas en ese polarizado y polarizante reino de las emociones que es internet. Un universo especialmente útil para los odiadores, quienes no tienen problema en condenar o absolver con la velocidad de un trino. Con la escasez de información de un reel. Con la ausencia del contraste informativo. Y, obviamente, sin la más mínima preocupación por el debido proceso. La ley del que más grite.
Sarabia fue removida de la jefatura de gabinete de la Presidencia de la República y a Benedetti lo sacaron de la embajada en Venezuela. Ella anunció que acudirá a los llamados de la justicia para dar claridad sobre los hechos de su competencia y que se defenderá de los ataques humillantes de Benedetti. Él, que su familia recibió amenazas. Y que vuelve mañana martes, porque le tocó viajar a Turquía a cumplir compromisos personales. Tenía cómoda ubicación para la final de la Champions League, en Estambul, Turquía. Así, mientras la crisis política se agudizaba en Colombia como consecuencia de sus audios filtrados a la prensa, Benedetti miraba al Manchester City de Pep Guardiola coronarse campeón frente al Inter, de Simone Inzaghi.
Pero las groserías, el clasismo, el machismo y el bullying evidenciados en los audios filtrados de Armando Benedetti hacia la persona que hace un año era su asesora de confianza incluían también afirmaciones según las cuales el ahora exembajador estaba dispuesto a revelar detalles de la financiación de la campaña presencial de Gustavo Petro. Secretos que, según se infiere de esas mismas declaraciones, tendrían que ver con manejos irregulares de las cuentas. Asuntos sobre los cuales él mismo se retractó al día siguiente de que Semana divulgó sus amenazantes audios contra Sarabia.
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Aunque él diga ahora que sus palabras fueron producto de un resentimiento de borracho, señalamientos de semejante calibre no pueden quedarse en anécdota. ¿Quién los debe resolver? La justicia. Colombia cuenta con una arquitectura institucional de la cual se espera que haga lo que tiene que hacer con plena independencia y sin sesgos políticos: investigar. Y, si hay mérito, aplicar las sanciones del caso.
De esa institucionalidad hacen parte la Fiscalía y la Procuraduría, para los casos relacionados con investigaciones penales o disciplinarias relacionadas la campaña y cometidas por personas no aforadas. Por tratarse de asuntos que involucran eventuales investigaciones al presidente de la República, hasta la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes tiene que ver con el tema y el propio presidente Petro no duda que el objetivo de algunos de sus opositores sea, precisamente, el de llevarlo a un juicio ante el Congreso de la República.
Sobre ese tema hay mucha tensión. Aunque la historia señala que esa comisión es más bien de absoluciones, el desgaste político de la defensa de un gobierno termina costándole al Ejecutivo, al Legislativo y dejando al país polarizado, como lo demostró la experiencia del proceso 8000 en el Gobierno de Ernesto Samper. En este caso, Federico Gutiérrez (el derrotado candidato presidencial del Centro Democrático) y el senador Miguel Uribe Turbay (el líder de la bancada de ese mismo partido en el Congreso), ya acudieron a la comisión para radicar denuncias en contra del presidente de la República. La pelea política apenas arranca por esos lados.
Y hay otro escenario al que no se le debe perder la pista en épocas de investigaciones sobre temas de campañas presidenciales. El Consejo Nacional Electoral, autoridad de Colombia en procesos electorales.
CNE y la investigación sobre los dineros de la campaña Petro
El CNE está integrado por nueve miembros, elegidos en representación de los partidos políticos con asiento en el Congreso y cuenta con un invitado permanente del partido comunes (Pablo Julio Cruz), quien tiene voz, pero no voto. Los nueve miembros con derechos plenos son César Augusto Lorduy, Fabiola Márquez Grisales, Maritza Martínez Aristizábal, Benjamín Ortiz Torres, Alfonso Campo Martínez, Alba Lucía Velásquez H., Cristian Ricardo Quiroz Romero, Álvaro Hernán Prada y Altus Alejandro Baquero Rueda.
El problema es que Altus Baquero fue suspendido hace menos de un mes por el Consejo de Estado debido a que al momento de su postulación para magistrado del CNE contaba con 14 años y 11 meses de experiencia como abogado y no con los 15 años que exige la ley. Aunque su suspensión es temporal, la ausencia del magistrado sirvió para avivar discusiones inusitadas en el organismo electoral por cuenta de un tema bien importante a la hora de tomar decisiones: las mayorías requeridas.
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Las cuentas del Pacto Histórico a las que el CNE le pondrá la lupa
El CNE tiene entre sus funciones la de vigilar la financiación de campañas, las donaciones privadas y los topes electorales. En caso de que algún candidato viole las leyes al respecto, puede incluso ordenar la devolución total del dinero de los gastos de reposición que el Estado entrega por cada voto obtenido en las urnas. Y eso es muchísimo dinero.
En la campaña presidencial de 2022 los candidatos podían gastar como máximo $ 27.453 millones para la primera vuelta y $ 12.840 millones para la segunda. Y tenían derecho a que el Estado les repusiera $ 3.126 por cada voto obtenido en la primera vuelta y $ 1.561 por los de la segunda vuelta. La campaña de Petro se ganó una reposición de $ 26.656 millones en primera vuelta y $ 17.609 millones en la segunda. Todo eso, claro, bajo el entendido de que las cuentas de campaña estuvieran en orden.
Las primeras versiones sobre supuestas irregularidades en la campaña presidencial Petro llegaron en febrero de 2023 al CNE, a manera de denuncias anónimas. Fueron adjudicadas por reparto al magistrado Benjamín Ortiz, quien ya ha dictado cuatro autos preliminares.
El 28 de febrero abrió la indagación preliminar con base en una denuncia anónima recibida por correo electrónico el 2 de febrero, a las 9:07 a.m. El mensaje, proveniente del correo corrupcioninvestigacioncne@gmail.com señalaba que señalaba de manera concreta a dos personas de la campaña: el gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, y Jhonatan Ramírez Nieves, quien fue el director jurídico de la campaña.
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Ramírez Nieves es el mismo abogado que fue nombrado en septiembre de 2022 como secretario general del Departamento para la Prosperidad Social, pero cinco meses después fue removido del cargo por orden del presidente Petro, al aparecer involucrado en un escándalo por la revelación de audios en los que, al parecer, hablaba con un empresario sobre cómo amañar contratos mediante el uso de direcciones de internet IP para conocer información privilegiada antes de la adjudicación de los negocios.
La denuncia anónima sobre la campaña solicitaba investigar las cuentas, informes, reportes, movimientos contables y movimientos de las cuentas de las campañas de primera y segunda vuelta del Pacto Histórico, y aseguraba que tanto Roa como Ramírez Nieves incumplieron la ley al no reportar donaciones en efectivo y usaron una cuenta diferente a la autorizada para tal fin por el Consejo Nacional Electoral.
No estaba acompañada de material probatorio y, de todas maneras, fue repartida mediante auto del 009 del 16 de febrero de 2023 al magistrado Benjamín Ortiz, bajo el radicado 2023-002164. Ortiz comenzó sus averiguaciones, que a la fecha han sido consignadas en cuatro autos:
El 3 de marzo de 2022 pidió incorporar al expediente algunas versiones de prensa que hablaban sobre los dineros de la campaña y ordenó notificar al presidente Petro y a los partidos que respaldaron su candidatura.
El 2 de mayo solicitó al Fondo Nacional de Campañas copia completa del informe de auditoría de Nexia Montes y Asociados sobre la campaña presidencia de Petro y dispuso que todo documento o asunto sobre el tema fuese remitido a ese despacho. Ese informe es clave para contrastar si aparecen o no reportados los dineros que la campaña giró a más de mil colaboradores de las regiones como compensación por su apoyo en el proceso de verificación que en su momento le permitió a Petro tener la información exacta sobre los sitios en los cuales había mesas sin un solo voto para él. Según denuncias de lasillavacia.com, ese solo tema habría implicado una violación de topes, pues las cuentas oficiales de la campaña ya estaban casi sobre el límite de gastos permitido.
El 5 de junio citó a Armando Benedetti y Laura Sarabia para rendir testimonio como consecuencia de las revelaciones periodísticas en las que el exembajador en Venezuela sugería prácticas irregulares en el manejo de los dineros de la campaña. Las citas a Sarabia y Benedetti fueron fijadas para para mañana, martes 13 de junio, en horarios diferentes, pero fueron aplazadas como consecuencia de un inusitado pleito que permite ver hasta dónde llegan los intereses por el caso de las cuentas de campaña del presidente. Según los audios de Benedetti, él mismo ayudó a gestionar el ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña. Nuevamente, el CNE buscará establecer si eso fue cierto y si ese dinero aparece en los libros de contabilidad.
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El agarrón en el CNE por el expediente del caso Petro
Resulta que las decisiones en el CNE deben ser tomadas por las dos terceras partes de sus integrantes, es decir, seis votos de los nueve que tiene el organismo. Como Altus Baquero está suspendido, la presidenta de la corporación, Fabiola Márquez, pidió modificar el reglamento para que las decisiones puedan ser tomadas solo con mayorías de solo cinco votos. Se basaba en la idea de que el CNE puede darse su propio reglamento. Así como suena: querían cambiar las reglas por una situación tan particular como la suspensión de un magistrado. La tesis de la magistrada fue discutida y negada el jueves 8 de junio con votación de 7-1.
Hay un segundo asunto que invita a ponerle mucha atención a las sesiones del CNE sobre el tema de las campañas. Desde hace dos semanas se está promoviendo la idea de crear una comisión para investigar el caso. Que la campaña presidencial es demasiado importante como para que quede en manos de un solo magistrado. Lo que resulta curioso es que los magistrados vienen a percatarse del asunto justo ahora, cuando Ortiz lleva cuatro meses con el tema en su despacho. El mismo reglamento del CNE avala la creación de las comisiones de investigación, pero al momento del reparto del respectivo caso, no cuando van cuatro meses de investigación.
La tercera razón por la que no hay que perder de vista el tema es la petición del magistrado Álvaro Hernán Prada para que la investigación que Ortiz adelanta desde febrero de 2023 se acumule con una que él lleva desde 2022 y que viene a ser consecuencia de pesquisas heredadas desde la época en la que Pedro Felipe Gutiérrez era miembro del CNE. ¿qué tiene eso de raro? Que las pesquisas de 2022 tienen que ver con las consultas internas de los partidos para la elección de candidatos presidenciales y no con las cuentas de la campaña presidencial.
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Hay un hecho concreto que le resta sustento al argumento de quienes creen que el caso se debería acumular con las investigaciones que lleva Prada y tiene que ver con que la facultad investigativa se activa cuando la campaña respectiva rinde el informe y era imposible que en marzo de 2022 se rindiera el informe de gastos de una campaña que terminó el 21 de julio de ese año, día de la segunda vuelta presidencial.
El cuarto asunto curioso es que, a pesar de que el propio CNE asignó el caso a Ortiz y de que él dispuso mediante auto que la información relacionada con el tema fuera remitida a su despacho, apareció ahora un auto mediante el cual se ordenó repartir una queja sobre el mismo tema al despacho del magistrado Quiroz.
Por lo pronto, en la sesión de sala del CNE fueron rechazadas las ideas de modificar el reglamento y la de crear una comisión de tres investigadores, planteada por la magistrada Alba Lucía Velásquez.
Las presuntas infracciones
El Consejo Electoral revisa con lupa el comportamiento de la campaña presidencial de Petro en relación con las siguientes normas:
Ley 1475 de 2011: En particular, el organismo electoral debe establecer si el manejo de los recursos fue acorde con el artículo 25 de dicha norma en lo relacionado con la administración de los recursos de campaña y la presentación de informes por parte de gerentes. También debe verificar si los dineros fueron depositados en una única cuenta bancaria (se permiten subcuentas) y si el informe oficial está completo y es transparente en temas como los anticipos, relación de ingresos y gastos, auditorías internas y certificados de campaña.
Ley 996 de 2005: Aquí la norma clave es el artículo 14, que habla sobre los montos máximos de las contribuciones o donaciones de particulares a las campañas (20%) y señala que no se pueden recibir aportes o donaciones individuales de personas naturales sino hasta el 2 % del tope de la campaña Para cada persona jurídica el aporte máximo el del 4%. Las personas jurídicas de un mismo grupo empresarial pueden aportar como máximo y en conjunto el 5% de los topes de campaña. Así mismo, la norma dice que los familiares de los candidatos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no podrán aportar en conjunto más del 4% de los topes.
Ley 996 de 2005: El artículo 16 también es clave, pues indica el gerente de campaña es el responsable de todas las actividades propias de la financiación de la campaña política, y de los gastos de la misma.
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Ley 996 de 2005: El artículo 17 señala cuáles son los tres documentos que la campaña debe registrar ante el CNE desde la inscripción de los candidatos para los respectivos controles a las cuentas: el libro mayor de balances, el diario columnario y al menos un libro auxiliar. También los obliga a llevar la lista de contribuciones, donaciones y créditos, con los respectivos datos de cada aportante: identificación, dirección, teléfono y actas en que se aprobó el aporte.
Ley 996 de 2005: El articulo 19 ratifica que el gerente de campaña es el responsable de la rendición pública de informes de cuentas, peor agrega que el candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de la campaña, “responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas”. Es una norma clave en la investigación el caso Petro. De todas maneras, ningún presidente se ha caído en Colombia por violación de topes electorales. Lo que sí ha habido es sanciones a los gerentes de campañas.
El caso más reciente fue el del gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, José Roberto Prieto Uribe, quien hace apenas una semana, el 5 de junio, fue sancionado por la Procuraduría con multa de $ 50 millones e inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado “tras haber probado la falsedad en el informe de ingresos y gastos de la campaña entregado al CNE”. El informe señalaba que la campaña no recibió contribuciones de particulares, pero la Procuraduría encontró que dicha campaña fue destinataria de una donación en especie por un millón de dólares de la firma brasileña Odebrecht, la misma del escándalo por sobornos a cambio de millonarias obras de infraestructura en América Latina.
El caso Benedetti- Sarabia en la Fiscalía
La decisión más reciente sobre el escándalo Benedetti – Sarabia la adoptó la Fiscalía el viernes 9 de junio, cuando anunció apertura de investigación contra personas aforadas y no aforadas para determinar si cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral de Petro. Es decir, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción ya están recaudando material probatorio.
Ese frente de investigación penal apenas comienza y tiene lugar en medio de la confrontación que durante las últimas semanas han sostenido en medios de comunicación el presidente Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa. Petro llegó a decir que es el jefe del fiscal, mientras que Barbosa pidió, a través de Blu Radio, “al director de la Policía, al de la Dijín, a los directores de la Sijín, que no porque les den una orden o les dicen algo hay que hacerlo”. La declaración de Petro generó la inmediata protesta de las cortes y suscitó un masivo respaldo a Barbosa. Entre tanto, la petición del fiscal a la Fuerza Pública fue considerada por los sectores políticos afines al Gobierno como una incitación a la insurbordinación, razón por la cual el Pacto Histórico denunció a Barbosa ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por los delitos de sedición y conspiración.
Las pesquisas de la Procuraduría
Los audios de Benedetti contra Laura Sarabia y sobre la financiación de la campaña fueron el desarrollo más reciente de un escándalo que comenzó con las revelaciones periodísticas sobre otro asunto que involucra a Sarabia: el del sometimiento al polígrafo a una de sus empleadas domésticas, la que cuidaba a su hija, tras señalamientos de robo por la pérdida de 4.000 dólares que Sarabia habría dejado guardados en su casa.
En cumplimiento de sus funciones disciplinarias, la Procuraduría ya adelanta investigación preliminar para establecer si Sarabia se extralimitó en sus funciones. Por esta razón solicitó toda la documentación relacionada con la prueba del polígrafo a la niñera.
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