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Así es el proyecto para que estudiantes hagan servicio social en municipios PDET

La iniciativa busca contribuir a mejorar el acceso y la calidad de los servicios prestados por el Estado, así como al desarrollo y la consolidación de la paz en dichos territorios. El servicio social contaría como opción de trabajo de grado y serviría, incluso, para exonerar al estudiante del servicio militar.

21 de octubre de 2020 - 10:00 a. m.
El proyecto, que aún no arranca su trámite en el Congreso, busca no solo que los estudiantes apliquen sus conocimientos en los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza, sino que fortalezcan la capacidad profesional de esas zonas.
El proyecto, que aún no arranca su trámite en el Congreso, busca no solo que los estudiantes apliquen sus conocimientos en los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza, sino que fortalezcan la capacidad profesional de esas zonas.
Foto: Agencia AFP

Violencia, cultivos de uso ilícito y ausencia estatal son solo algunos de los factores que llevaron al Gobierno a priorizar 170 municipios para que, en el marco del Acuerdo de Paz, se desarrollen los denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial o PDET. Si bien la iniciativa se viene implementando desde hace cerca de dos años, aún son muchos los desafíos que persisten y que amenazan su desarrollo, por ello –buscando aunar esfuerzos e integrar nuevas estrategias desde la academia–, en el Congreso fue presentado un proyecto de ley para que estudiantes de educación superior puedan realizar un servicio social voluntario en estos municipios.

La iniciativa, liderada por la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde) con el respaldo de partidos como Cambio Radical, La U y los conservadores, busca fortalecer las capacidades de los actores sociales que están en los territorios PDET de la mano de estudiantes, tanto de instituciones privadas como públicas, de últimos semestres. Estos estudiantes contribuirían –por medio de sus capacidades profesionales–, al mejoramiento de las capacidades de las entidades públicas y del sector privado que hacen presencia en las poblaciones.

Si bien el servicio social contaría como una opción de grado, la iniciativa contempla que haya estímulos como que sume como experiencia profesional, que se exonere al estudiante del servicio militar obligatorio, la condonación de parte de los créditos educativos obtenidos o a obtener, o como criterio de desempate en la postulación a concursos de convocatorias públicas.

“La ley de servicio social PDET permite y estimula que los estudiantes con capacidades y conocimientos profesionales presten sus servicios en los municipios integrados dentro de las subregiones PDET, con el objetivo de contribuir a superar los retos que enfrentan estos territorios en relación con su capacidad institucional, capacidad fiscal y fuerza laboral calificada”, se argumenta en la iniciativa.

No es para menos. Se estima que en estos municipios –agrupados en 16 regiones de calibre histórico como Montes de María, el Catatumbo, el sur de Bolívar o el Bajo Cauca– se encuentra el 57 % de la población rural con pobreza multidimensional y que allí tienen presencia el 95 % de los cultivos de coca, por no hablar de sus elevadas tasas de homicidio, conectividad ineficiente o informalidad.

De allí que se busque que el talento humano en formación pueda desarrollar y potenciar sus capacidades de la mano de quienes han sido más golpeados por el conflicto en pro de contribuir a mejorar el acceso y la calidad de los servicios prestados por el sector público, privado y las entidades sin ánimo de lucro.

“Con esta ley se pretende desarrollar y estimular las capacidades personales y profesionales de los estudiantes de educación superior, a partir del acercamiento a dichas regiones, con el fin de que conozcan las dificultades y los retos que supone la construcción de paz en el país, así como las potencialidades de dichos territorios”, reza la iniciativa.

El proyecto señala que la reglamentación del servicio social PDET estará a cargo del Ministerio de Educación; sin embargo, en la iniciativa se fija que el servicio será voluntario, durará entre cuatro meses y un año y contará como una de las opciones de trabajo de grado de los estudiantes.

Se contemplan además iniciativas de financiación del servicio social como la creación de un programa de becas por parte del Gobierno Nacional, la creación de un programa de créditos educativos para facilitar la prestación del servicio social, la posibilidad de que los costos sean asumidos por los estudiantes o que las Instituciones de educación superior reduzcan los costos de matrícula a los estudiantes durante el tiempo que dure la prestación de este servicio.

Aunque en la iniciativa se reconoce que el actual Gobierno fijó la creación de pasantías en zonas PDET, advierten que a la fecha no presenta avance en su creación. Por eso, para justificar la importancia del proyecto, sus autores citaron casos como el de México, donde los estudiantes de las instituciones de educación superior deben prestar un servicio social obligatorio, como requisito previo para obtener el título académico. “Dicho servicio tiene como objetivo desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece”, señalan.

Se destacan también casos como el de Nigeria, que creó el ‘Cuerpo Nacional del Servicio de la Juventud’ en que los estudiantes de educación superior deben prestar un año de servicio social antes de graduarse, con el objetivo de “fomentar y desarrollar debidamente los vínculos comunes entre los jóvenes de Nigeria y la promoción de la unidad nacional”.

Incluso, se citan experiencias locales como el programa Manos a la Paz, una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto (hoy, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, que buscaba fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, por medio de la promoción y realización de prácticas laborales en los municipios más afectados por la violencia en Colombia.

“Entre 2016 y 2019, el programa recibió un total de 23.440 postulaciones, con una participación final de 1.220 estudiantes de 109 universidades y 19 departamentos de Colombia. El programa se realizó en 257 municipios de Colombia, priorizados como zonas afectadas por el conflicto armado”, precisa el proyecto.

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