Así robaban la plata de la salud en el Chocó

Para el próximo viernes está programada la audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra el exgobernador de Chocó Efrén Palacios Serna, a quien se le acusa de desviar los recursos de la salud del departamento, dinero que habría sido utilizado para pagar las deudas de su campaña política. Pero, aunque los ojos de las autoridades están puestos sobre el gobernador, detrás de él habría un complejo entramado de exfuncionarios y personas cercanas a la administración que han desangrado las finanzas del departamento.

El Espectador tiene en su poder declaraciones de miembros de esa red que se encuentran detenidos y que en su intención de colaborar con la justicia para recibir beneficios jurídicos han contado cómo funcionaba esta red y a quiénes llegaban los millonarios presupuestos de la salud.

El gobernador Efrén Palacios en su defensa asegura que llegó al cargo cuando ya estaba firmado el contrato para “servicios de salud para ginecología y colposcopia a la población pobre y vulnerable no asegurada de Chocó, hasta agotar presupuesto, por $200 millones”, por el que se le acusa. En efecto, el contrato se firmó el 5 de diciembre de 2013 y Palacios llegó a la Gobernación el 13 de diciembre de este año, luego de ganar las elecciones atípicas.

Pero la declaración entregada por Elpidio Asprilla, auditor de los dineros de la salud, señala que Palacios a su llagada afirmó que tenía pleno conocimiento de los recursos que habían quedado de la Secretaría de Salud de la vigencia anterior, que no era sólo el contrato de $200 millones, pues la totalidad asciende a cerca de $13 mil millones, y que los necesitaba para el pago de unas deudas que le habían quedado de la campaña.

Ahí entra en el panorama el nombre de Carlos Murillo excontralor departamental de Chocó, quien de forma inesperada ha aumentado su patrimonio y es esposo de la secretaria de Salud de Chocó, Danny Moreno, nombrada en este cargo cumpliendo con un compromiso por los préstamos de campaña. En la declaración señalan que las cuentas auditadas debían pasar directamente por Murillo, porque “prácticamente era él quien mandaba”.

Pero como había muchos intereses detrás del presupuesto de la salud, hay otro contrato en el cual aparecieron en la oficina de Elpidio los hijos del gobernador, Dorian y otro que era conocido como Cheo, ellos pidieron que se habilitara la IPS Biqsalud, que era de un amigo a quien llamaron “doctor Charly”, y se pagaron cuentas por $300 millones a través de esta entidad, contando nuevamente con el visto bueno de Carlos Murillo. El 20% de ese dinero, que supuestamente le pertenecía al gobernador, fue entregado así: $30 millones a los hijos y otros $40 millones al exasesor de la Secretaría de Salud Eustaquio Olave, conocido en Chocó como “el capo de la salud”.

Cuando los implicados en este escándalo, entre ellos Eustaquio Olave, se dieron cuenta de que Elpidio Asprilla iba a colaborar con la justicia, el sábado 25 de abril de 2015, amenazaron indirectamente a su hijo Johan Esteven y hasta manifestaron que recordara lo que pasó con Víctor Machado -exfuncionario de la Gobernación- “que lo habían matado”.

A esta declaración se suma una entregada por un propietario de una de las IPS involucradas en el millonario desfalco a la salud en Chocó, de quien se reserva la identidad porque asegura que sería asesinado. Además señala que se reunió con el gobernador Efrén Palacios y Eustaquio Olave, y ellos le manifestaron que la idea era que su IPS manejara la contratación de temas odontológicos.

En este caso el dinero no era sólo para Carlos Murillo, a quien debían darle $500 millones. A Yasson Bedoya, alcalde de Bagadó, le entregaron $300 millones y nombraron a su esposa Martha Lucía Pérez Blanco como coordinadora de la red de prestación de servicios de salud para población de escasos recursos del departamento.

Muestra esta declaración que en la red estaban involucrados el gobernador Palacio; el exsecretario de Salud Guillermo Verhelt, nombrado por el exgobernador Luis Gilberto Murillo, quien dejó la mayor parte de los contratos firmados; el alcalde de Bagadó, Yasson Bedoya, el auditor Elpidio Asprilla y su esposa Patricia. La idea era tener una red con cerca de 15 empresas para resolver las deudas de campaña con el presupuesto de la salud.

El dinero era repartido en porcentajes para el gobernador, para pagar las deudas y para los intermediarios. La orden era “gastar los recursos que quedaron de la pasada administración en el menor tiempo posible”, palabras de Olave y de Elpidio, señala la declaración.

Se trata de múltiples contratos con diferente IPS, cuyos propietarios eran obligados a entregar un porcentaje, se presentaban órdenes médicas falsas para cobrar los servicios y el dinero finalmente iba a parar a los bolsillos del gobernador y los prestamistas de su campaña; de ese modo se desaparecieron cerca de $13.000 millones.

Para el próximo viernes está programada la audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra el exgobernador de Chocó Efrén Palacios Serna, a quien se le acusa de desviar los recursos de la salud del departamento, dinero que habría sido utilizado para pagar las deudas de su campaña política. Pero, aunque los ojos de las autoridades están puestos sobre el gobernador, detrás de él habría un complejo entramado de exfuncionarios y personas cercanas a la administración que han desangrado las finanzas del departamento.

El Espectador tiene en su poder declaraciones de miembros de esa red que se encuentran detenidos y que en su intención de colaborar con la justicia para recibir beneficios jurídicos han contado cómo funcionaba esta red y a quiénes llegaban los millonarios presupuestos de la salud.

El gobernador Efrén Palacios en su defensa asegura que llegó al cargo cuando ya estaba firmado el contrato para “servicios de salud para ginecología y colposcopia a la población pobre y vulnerable no asegurada de Chocó, hasta agotar presupuesto, por $200 millones”, por el que se le acusa. En efecto, el contrato se firmó el 5 de diciembre de 2013 y Palacios llegó a la Gobernación el 13 de diciembre de este año, luego de ganar las elecciones atípicas.

Pero la declaración entregada por Elpidio Asprilla, auditor de los dineros de la salud, señala que Palacios a su llagada afirmó que tenía pleno conocimiento de los recursos que habían quedado de la Secretaría de Salud de la vigencia anterior, que no era sólo el contrato de $200 millones, pues la totalidad asciende a cerca de $13 mil millones, y que los necesitaba para el pago de unas deudas que le habían quedado de la campaña.

Ahí entra en el panorama el nombre de Carlos Murillo excontralor departamental de Chocó, quien de forma inesperada ha aumentado su patrimonio y es esposo de la secretaria de Salud de Chocó, Danny Moreno, nombrada en este cargo cumpliendo con un compromiso por los préstamos de campaña. En la declaración señalan que las cuentas auditadas debían pasar directamente por Murillo, porque “prácticamente era él quien mandaba”.

Pero como había muchos intereses detrás del presupuesto de la salud, hay otro contrato en el cual aparecieron en la oficina de Elpidio los hijos del gobernador, Dorian y otro que era conocido como Cheo, ellos pidieron que se habilitara la IPS Biqsalud, que era de un amigo a quien llamaron “doctor Charly”, y se pagaron cuentas por $300 millones a través de esta entidad, contando nuevamente con el visto bueno de Carlos Murillo. El 20% de ese dinero, que supuestamente le pertenecía al gobernador, fue entregado así: $30 millones a los hijos y otros $40 millones al exasesor de la Secretaría de Salud Eustaquio Olave, conocido en Chocó como “el capo de la salud”.

Cuando los implicados en este escándalo, entre ellos Eustaquio Olave, se dieron cuenta de que Elpidio Asprilla iba a colaborar con la justicia, el sábado 25 de abril de 2015, amenazaron indirectamente a su hijo Johan Esteven y hasta manifestaron que recordara lo que pasó con Víctor Machado -exfuncionario de la Gobernación- “que lo habían matado”.

A esta declaración se suma una entregada por un propietario de una de las IPS involucradas en el millonario desfalco a la salud en Chocó, de quien se reserva la identidad porque asegura que sería asesinado. Además señala que se reunió con el gobernador Efrén Palacios y Eustaquio Olave, y ellos le manifestaron que la idea era que su IPS manejara la contratación de temas odontológicos.

En este caso el dinero no era sólo para Carlos Murillo, a quien debían darle $500 millones. A Yasson Bedoya, alcalde de Bagadó, le entregaron $300 millones y nombraron a su esposa Martha Lucía Pérez Blanco como coordinadora de la red de prestación de servicios de salud para población de escasos recursos del departamento.

Muestra esta declaración que en la red estaban involucrados el gobernador Palacio; el exsecretario de Salud Guillermo Verhelt, nombrado por el exgobernador Luis Gilberto Murillo, quien dejó la mayor parte de los contratos firmados; el alcalde de Bagadó, Yasson Bedoya, el auditor Elpidio Asprilla y su esposa Patricia. La idea era tener una red con cerca de 15 empresas para resolver las deudas de campaña con el presupuesto de la salud.

El dinero era repartido en porcentajes para el gobernador, para pagar las deudas y para los intermediarios. La orden era “gastar los recursos que quedaron de la pasada administración en el menor tiempo posible”, palabras de Olave y de Elpidio, señala la declaración.

Se trata de múltiples contratos con diferente IPS, cuyos propietarios eran obligados a entregar un porcentaje, se presentaban órdenes médicas falsas para cobrar los servicios y el dinero finalmente iba a parar a los bolsillos del gobernador y los prestamistas de su campaña; de ese modo se desaparecieron cerca de $13.000 millones.