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Según un estudio adelantado por la Unidad de Víctimas, en el que se midieron los avances, fortalezas, debilidades y necesidades de esos entes territoriales, y en especial qué tan consolidada está la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, 457 entidades territoriales muestran un desempeño bajo, mientras que 417 están en un nivel considerado medio.
El nivel bajo significa que esos municipios y departamentos no cumplieron el 50 % de las actividades evaluadas, mientras que un nivel medio equivale a un cumplimiento de entre el 50 y el 75 %. La única ciudad capital del país calificada con un nivel bajo fue Sincelejo, mientras que fueron siete los departamentos que tuvieron esta calificación: Cauca, Chocó, Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima y Valle.
El balance reveló, igualmente, que solo 43 entes territoriales muestran un nivel sobresaliente y 216 un nivel alto de cara a la aplicación de la Ley. En conclusión, el 22 % de las entidades llegan a un nivel alto o sobresaliente en la calificación, mientras que el 77 % tienen un nivel medio o bajo. Entre las entidades reconocidas por su nivel sobresaliente están las alcaldías de Bogotá, Medellín, Villavicencio, San José del Guaviare y Leticia, y las gobernaciones de Antioquia, Arauca, Casanare, Guaviare, Huila, Meta, Risaralda y Vichada.
Según aclaró Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, el ingrediente fundamental para el cumplimiento de la Ley es la voluntad política, pues hay casos de municipios de muy bajos recursos que han cumplido con la totalidad de sus competencias. “Con voluntad política se consiguen recursos, se hace gestión, se logra que la nación le pare bolas a ese municipio y confíe en que los recursos van a ser bien invertidos”, dijo.
La idea con este estudio es que a los nuevos alcaldes y gobernadores, que inician mandatos el próximo 1º de enero, la información les sirva de insumo para definir responsabilidades frente a las víctimas. Para Gaviria, si bien se han presentado dificultades a nivel local y regional para cumplir con las obligaciones, el balance puede considerarse positivo y hay avances significativos en el cumplimiento que los entes territoriales le están
dando a la Ley.
Por Redacción Política
