“Ataques a Venezuela generaron ruptura del derecho internacional”: directora de Dejusticia


“Trump busca instalar un orden global completamente distinto”, advierte la doctora en Derecho Diana Guzmán Rodríguez.

Foto: Nicolás Achury González

Diana Guzmán Rodríguez es abogada, doctora en derecho de la Universidad de Stanford y especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, donde es profesora asociada. Desde hace tres años es directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la ONG con mayor credibilidad de Colombia, según una encuesta de la firma Cifras y Conceptos. Esta semana suscribió un comunicado junto con 38 ONG de Latinoamérica especializadas en derechos humanos para condenar los ataques del pasado 3 de enero contra Venezuela, ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que incluyeron la muerte de militares, civiles y la captura del expresidente Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York.


¿Por qué decidieron unirse por primera vez 38 ONG de derechos humanos de América Latina en defensa de los derechos de Venezuela?


Porque la situación de Venezuela es compleja, y lo ha sido hace mucho tiempo. Distintas voces han denunciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y, a partir de las elecciones de julio de 2024, había una situación de ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que pasó el 3 de enero, con la incursión militar de Estados Unidos, abrió una ventana de oportunidad.


Explíqueme los factores de ilegalidad de la operación.


Son elementos que incluimos en el pronunciamiento conjunto y en el de Dejusticia. Esos ataques militares en distintos estados de Venezuela y la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, son parte de algo ilegal a la luz del derecho internacional, porque viola la Carta de Naciones Unidas. Esta se basa en un elemento fundamental: el propósito de la humanidad de poder salir de conflictos y situaciones difíciles privilegiando medios pacíficos y, también, generar condiciones bajo las cuales el uso de la violencia es legítimo, si existe conflicto armado o si existe una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguno de esos elementos se presenta en el caso venezolano. Aquí lo que vemos es una decisión unilateral de EE. UU. que no tomó en cuenta ninguna instancia multilateral, no se dio en un contexto de conflicto armado ni como parte de una legítima defensa, pues no existía en ese momento ningún ataque de Venezuela a Estados Unidos, y además vulnera la soberanía del Estado venezolano, de acuerdo con todos los expertos en derecho internacional.


Advirtieron de un riesgo para América Latina. ¿Por qué?


Porque genera un mal precedente. Hoy es Venezuela, pero luego puede ser cualquier país. Lo vemos con claridad a partir de las últimas declaraciones de Trump, donde amenazó a Colombia con incursiones militares y se ha referido a otros países como Cuba, México y Groenlandia. Entonces denunciar la ilegalidad no solo es jurídicamente relevante, sino que es un tema políticamente importante, porque lo que está en juego aquí es la vigencia de qué tipo de orden global tenemos.


¿Qué norma violó EE. UU.?


Hay un artículo, el dos numeral cuatro, en donde se hace prohibición explícita del uso de la fuerza o de la amenaza de uso de la fuerza de un Estado contra otro. Eso es fundamental para asegurar un orden global, garantizar la soberanía de los Estados y prevenir ataques de los más poderosos a los más débiles en cualquier momento y sin ninguna justificación.


Esta semana vimos sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenando el ataque, pero parecen escenarios formales divididos y que no trascienden para frenar las pretensiones de Trump. ¿Qué opina?


Quienes más tienen posibilidades de ponerles límites a EE. UU. son justamente instancias multilaterales, como el Consejo de Seguridad, que está creado para garantizar la prevalencia de los tratados, pero sobre todo de la Carta de Naciones Unidas. Podrían hacerle un llamado a que cese esos ataques e incluso pensar en otras medidas. Pero esas instancias se mueven por dinámicas políticas, y no hay una unidad de los países europeos ni de los latinoamericanos para rechazar estas acciones.


¿Estamos ante un punto de quiebre del orden global?


Sí, porque lo que busca hacer Trump es instalar un orden global distinto, en el que los países poderosos son los que se reparten el poder y los que se reparten los Estados. Lo grave es que así el derecho internacional no funciona. El orden internacional basado en normas está en crisis. ¿Cómo salir de la crisis? Reconociéndola y generando mecanismos que fortalezcan ese sistema internacional.


¿Qué mecanismos en concreto?


Por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI), que ha sido un actor muy importante en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, y que además estaba cumpliendo un papel muy importante en el caso venezolano con una investigación abierta por violaciones contra los derechos humanos durante el régimen de Maduro. Y es esa misma Corte a la que EE. UU. ha atacado sistemáticamente desde que Trump llegó al poder, y lo ha hecho de distintas formas, incluyendo a miembros de la CPI en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.), atacando a personas que apoyan a la Corte y desfinanciándola, como lo ha hecho con otras instancias multilaterales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


¿Es la doctrina Monroe de hace 200 años impuesta en el siglo XXI con la política exterior de Trump?


Es la apuesta que nos está ofreciendo el gobierno Trump, pero además Rusia y China. Un orden basado en la fuerza. Volver a lo que teníamos en el siglo antepasado, en donde no había ninguna regla. Nos están poniendo en una situación de ruptura casi que total de ese sistema internacional.


Gravísimo, porque al final del año pasado conmemoramos los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Sistema de Naciones Unidas que ahora parece inoperante. Además, hay otras entidades multilaterales que podrían cumplir un papel importante, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). ¿Vale la pena insistir también por ese camino para contener a EE. UU.?


Para que pueda haber respuestas jurídicas sólidas necesitamos consensos políticos primero, y esos consensos tienen que empezar por el rechazo a una infracción tan flagrante del derecho internacional.


¿Qué posibilidades de denuncia quedan en Venezuela?


Una de las voces que he admirado y respeto mucho es una organización de defensa de los derechos humanos que se llama Provea. En su comunicado de reacción a los hechos del 3 de enero explica que tenemos que reconocer que no se habían encontrado salidas frente al régimen de Maduro, que había generado violaciones y generó el éxodo de ocho millones de personas. Pero a la vez hay que rechazar estos hechos, porque para el futuro de Venezuela y la región es muy grave. Sienta un precedente absolutamente inadmisible.


Dejusticia lleva más de 15 años estudiando el caso de Venezuela, primero denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen de Hugo Chávez y luego del de Maduro. ¿Por qué se especializaron en este país?


Dejusticia es una organización de derechos humanos que surgió en Colombia hace 20 años, pero rápidamente se dio cuenta de que los problemas de derechos humanos no son solamente de nuestro país, sino que tenemos muchas conexiones con otros países de la región y con otros temas que también afectan a otros lugares del mundo, como el cambio climático. A partir del régimen de Maduro la sociedad civil venezolana se fue quedando sola, sin financiación, marginada, estigmatizada y perseguida. Nosotros desde Colombia vimos la necesidad de apoyar organizaciones de la sociedad civil que trabajan allí en derechos humanos, más ahora con tantas preguntas: ¿Qué va a pasar? ¿En dónde va a quedar la transición planteada por EE. UU.? ¿Quién va a tener el poder detrás de esa transición? Las respuestas van a definir el futuro de Venezuela.


Mientras tanto, quienes siguen sufriendo son muchos centenares de presos, la mayoría políticos, en cárceles de Venezuela.


Uno de los llamados que hicimos es que se requiere la libertad inmediata de todos los presos políticos y medidas para garantizar los derechos de la población, para poner en el centro de la transición la justicia social y los derechos humanos.


Incluidos muchos colombianos.


Sí.


Ustedes siguen documentando las violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro y de los ataques de EE. UU., incluido el bombardeo en aguas del mar Caribe de 32 embarcaciones de supuestos narcotraficantes y la muerte extrajudicial de 115 personas, incluidos colombianos. ¿Eso piensan llevarlo ante la CPI?


Lo hacemos pensando en cómo buscamos justicia. Creemos que primero el sistema judicial colombiano debería investigar, juzgar y sancionar estas violaciones a los derechos humanos. Debería abrir investigaciones para establecer qué ocurrió pensando en las víctimas y en el derecho a la verdad. Luego es posible llevar este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para una investigación seria, que termine con recomendaciones y reparaciones para las víctimas. Sobre eso hay antecedentes, como un caso que se dio en los noventa después de la invasión de EE. UU. a Panamá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación así.


¿Le han pedido a la Fiscalía General de la Nación de Colombia que investigue el caso de las lanchas destruidas?


Es el llamado que estamos haciendo, que por favor empiece las investigaciones.


Ustedes son expertos en democracia. ¿Con lo de Venezuela quedó en riesgo el esquema latinoamericano?


La democracia en la región y en el mundo está en riesgo, no solo por el aumento de regímenes autoritarios, sino porque históricamente quienes la han respaldado ya no lo hacen, por ejemplo Estados Unidos.


Preocupa el pronunciamiento de Donald Trump y de sus asesores sobre que ellos ya gobiernan Venezuela, “para garantizar una transición segura”. ¿Eso cómo afecta el ejercicio de los derechos de los venezolanos?


Por ahora las declaraciones no dan ninguna garantía. Primero, no hay un cambio de régimen. Quien asumió la presidencia de Venezuela es quien hasta hace días era la vicepresidenta de Maduro. Segundo, no hay un plan de cómo va a ser esa transición hacia la democracia. Una de las cosas que más llama la atención de las declaraciones de Trump es que en ningún momento mencionó la palabra democracia, ni que esa transición tuviera como norte la justicia social o los derechos humanos. Habló de petróleo, de intereses económicos. No habló de la importancia de que sean los venezolanos y venezolanas quienes lideren esa transición, ni que sean escucharlos democráticamente. ¿Cuál es el cronograma para la transición? ¿Cuándo habrá elecciones? No hay mención alguna a elecciones ni cómo será el cambio en el gobierno. ¿Habrá un desmonte de estructuras de poder del régimen?


La razón del ataque era desarmar un régimen narcotraficante.


Uno de los argumentos que utilizó el gobierno Trump para llevar a cabo esta intervención es la acusación que existe contra Maduro y su esposa por narcotráfico. Si ese era el elemento fundamental, pues uno esperaría que ese ataque no solamente fuera en contra de ellos, sino de los participantes de la red de tráfico del Cartel de los Soles. ¿Qué pasó con el resto? Ese no es un argumento sólido y frente al cual no han mostrado suficientes pruebas. Creo que es un debate que está ideologizado.


Se cruza con intereses económicos y recuerda antecedentes nefastos de EE. UU., como Afganistán 2001, Irak 2003 y Libia 2011.


Claro. Es que la alerta más grande es esa transición. Hacia qué, si no hay un horizonte, un interés genuino por involucrar a los venezolanos en esa transición. No existe una lógica más allá de asegurar la explotación del petróleo. En cuanto a los argumentos de quienes se rasgan las vestiduras diciendo que han afectado la soberanía, hay que entender que ya Venezuela no era un Estado soberano, porque otras potencias, como Rusia, como China, eran las que estaban utilizando el petróleo. Una parte muy importante de la historia es que la relación del régimen de Maduro con estas superpotencias fue lo que le permitió perpetuarse en el poder. Eso no significa que estemos diciendo que frente a cualquier país cuya soberanía haya sido afectada por otras potencias, entonces otra potencia puede llegar, derrocar al presidente y extraerlo forzadamente. Es lo que no debiera pasar.


¿Que sugieren hacer ahora en pro de la democracia en Venezuela?


Una primera cosa es que no perdamos de vista el debate sobre violaciones a los derechos humanos. A Maduro se lo llevaron y le empezaron un juzgamiento por narcoterrorismo, que es una categoría que no existe, pero no se habla de sus violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasó durante el régimen? Hay que tomarse en serio lo que está avanzando en la CPI, respaldar y fortalecer ese proceso. Un segundo elemento es cómo generar una transición que contribuya a la democracia, que garantice que la soberanía regrese al pueblo venezolano y no se quede como una transición impuesta por EE. UU. En eso el papel de la comunidad internacional será fundamental.


Así como la CPI asumió el caso de Nicolás Maduro, ¿podría igualmente armar un expediente contra Trump, aunque el presidente de EE. UU. no reconozca a esa Corte?


Creo que podría. La pregunta es si en estas condiciones geopolíticas eso es viable. Por eso la clave es establecer cómo fortalecer el orden internacional, los mecanismos multilaterales y el derecho internacional de los derechos humanos.


Usted también es especializada en política antidrogas. ¿Qué cambios causa todo esto?


El gobierno Trump lo que está haciendo es reeditar la vieja guerra contra las drogas. Es volver a esta idea de que hay que atacar la producción, acabar completamente con las drogas, es decir, el lado de la oferta. Eso hasta ahora había mostrado ser un fracaso. Con esto está hoy en riesgo la posibilidad de pensar una política de drogas alternativa, que se tomen en serio los enormes costos en materia de derechos humanos que ha tenido la política de guerra contra las drogas impulsada desde el gobierno de Richard Nixon. Este es otro retroceso. No estamos avanzando hacia soluciones que consulten la evidencia científica disponible, sino hacia medidas autoritarias.


Ante esa presión internacional, ¿qué pueden hacer gobiernos como el colombiano?


La situación del Gobierno colombiano no es fácil por la amenaza de incursión que ha hecho el gobierno Trump. Primero hay que reactivar canales diplomáticos y luego tratar de fortalecer el apoyo de esa comunidad internacional al Gobierno Nacional. También es muy importante generar la unidad latinoamericana, que parece muy difícil, porque las diferencias ideológicas están pesando mucho. Los caminos son difíciles, pero son caminos que hay que transitar de manera decidida para desescalar los conflictos y contribuir a que Colombia no se vea afectada por un ataque militar de EE. UU., que como colombianos, independientemente de nuestra visión ideológica frente al gobierno Petro, debemos rechazar.


Todo esto ocurre en un año preelectoral, y hay políticos que ven con buenos ojos las amenazas de Trump.


Colombia no es Venezuela. Tenemos a un presidente que fue elegido democráticamente. No conozco ninguna prueba de que Petro haya participado de alguna forma en el narcotráfico. Todo lo contrario. Históricamente ha denunciado a las mafias. Debemos rechazar esos intentos de injerencia de Estados Unidos.


¿Qué deben hacer los partidos políticos?


Los candidatos a la Presidencia y los políticos deberían pensar como estadistas. No por ganar unas elecciones y por movilizar la crítica en contra del presidente uno puede justificar ese tipo de cosas. Sí esperaría que los partidos políticos empezaran a generar acuerdos nacionales, empezando por lo básico: la defensa de la soberanía.