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En un documento público, titulado “Imperativos éticos y económicos de la lucha contra el COVID-19: una perspectiva latinoamericana”, expresidentes, exministros y académicos de varios países de la región, plantean una serie de recomendaciones y estrategias frente a la manera como se debería afrontar la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. De entrada, por ejemplo, advierten que si bien es claro que esta situación requiere una acción rápida y decisiva de parte de los gobiernos, las respuestas políticas han sido desiguales.
“En varios casos se ha reaccionado rápidamente, haciendo de la protección de la salud pública el objetivo principal. Lamentablemente, algunos gobiernos han tendido a minimizar los riesgos de la pandemia, informando mal a los ciudadanos y haciendo caso omiso, tanto de la evidencia científica como del consejo de sus propios expertos. En lugar de movilizar todas las capacidades a su disposición, algunos líderes han apostado por una política populista y divisiva en medio de la tragedia. Los latinoamericanos merecemos más que eso”, señala el escrito.
Seguidamente, tras recalcar que la prioridad debe ser minimizar la morbilidad y mortalidad por el nuevo coronavirus, insisten en que América Latina debería centrarse en mejorar sus sistemas de salud, canalizar recursos a hospitales, adaptar temporalmente la infraestructura inactiva, como hoteles y centros de convenciones, y aumentar drásticamente la capacidad de testeo.
Asimismo, recomiendan que, ante la drástica desaceleración económica que ya se percibe, se hace esencial “avanzar con políticas audaces para proteger los ingresos de las personas y los hogares, incluyendo transferencias en efectivo para aquellos que quedan en una posición vulnerable por la crisis, entre ellos los trabajadores informales e independientes que no pueden acceder a subsidios de empleo o al seguro de desempleo”.
El documento, que firman los expresidente Juan Manuel Santos de Colombia, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile y Ernesto Zedillo de México, sugiere que, para preservar los empleos y los ingresos de los trabajadores, es prioritario ayudar a las empresas, acompañándolas durante el período de distanciamiento social, y estimulándolas en la recuperación posterior.
“Los subsidios para el pago de salarios, condicionados al mantenimiento de la nómina, protegen tanto a empresas como a trabajadores y son cruciales para una rápida mejora de la economía. Por el contrario, si no se evitan las quiebras generalizadas, la próxima víctima de la crisis sería el sistema bancario, con lo que el sistema de pagos y la economía en su conjunto correrían el riesgo de colapsar”, aseguran.
En este sentido, reconocen que serán muchas las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, las que en el marco de la actual crisis sufrirán mayores pérdidas de ingresos. Por lo tanto, la falta de liquidez se convertirá en un problema de solvencia, y los aplazamientos de impuestos, la refinanciación de préstamos y los créditos subsidiados, no serán suficientes. “Esta emergencia requiere garantías fiscales de crédito sin precedentes, así como cambios temporales en la regulación, para incentivar y sostener el crédito bancario. Los bancos públicos bien capitalizados y administrados podrían desempeñar un papel de liderazgo en este frente”, agrega el escrito.
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Igualmente, llaman la atención para que el estímulo fiscal sea una estrategia crucial en la fase de recuperación, momento en el que los gobiernos deberán impulsar el empleo y la actividad económica, sin exacerbar los riesgos sanitarios. “Las políticas diferirán entre países, pero necesitarán recursos extraordinarios durante esa fase”. Y teniendo en cuenta que los recursos fiscales en las economías latinoamericanas son hoy más limitados, plantean que los costos del estímulo sean compensados con ajustes presupuestarios en áreas de menor prioridad.
“El compromiso de nuestros poderes Ejecutivo y Legislativo con la corrección del incremento del déficit fiscal dentro de un período de tiempo razonable servirá para mitigar el riesgo de un deterioro de la calificación crediticia que amenaza a varios de nuestros países”. Para los exmandatarios mencionados, además de los exministros y académicos que suscriben el documento, los líderes latinoamericanos deben hacer un llamado enérgico a la cooperación internacional para enfrentar la crisis, condenando los controles a la exportación de suministros médicos y demás recursos críticos, y exigiendo un incremento de fondos para la Organización Mundial de la Salud, contrario a la temeraria decisión del gobierno de Estados Unidos.
Por otra parte, llaman la atención para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desempeñe un papel esencial en la actual situación, tanto para abordar las necesidades fiscales y cambiarias de los países en el corto plazo, como para seguir apoyando a las economías en el futuro, a través de una crisis de duración incierta. “El FMI necesita más recursos y la capacidad de desembolsarlos rápidamente. Los gobiernos latinoamericanos deberían exigir una nueva emisión de un billón de Derechos Especiales de Giro (DEG). Y si bien estos DEG se asignan a los países miembros de acuerdo con sus respectivas cuotas, se podría facilitar una asignación no proporcional a través de un fondo que acelere el apoyo fiscal a los gobiernos más necesitados”.
Además, agregan, la duplicación inmediata de los Nuevos Acuerdos para la obtención de Préstamos (NAP) “daría al Fondo la capacidad necesaria para atender la demanda urgente de préstamos que se avecina. Finalmente, dado que los programas con alto acceso son lentos de aprobación para las actuales urgencias, el FMI debería aumentar significativamente el acceso a sus facilidades de desembolsos rápidos y condicionalidad leve, o crear una nueva para la pandemia”.
Por último, en lo que tiene que ver con el papel de los bancos centrales, que emiten monedas de reserva, consideran que pueden contribuir a reducir la iliquidez cambiaria global, ampliando sus swaps de moneda con otros bancos centrales. “Esto puede hacerse de manera directa entre bancos o, indirectamente, a través de la intervención del FMI o del Banco de Pagos Internacionales (BPI) como intermediarios de la liquidez. A nivel nacional, los bancos centrales deben utilizar todos los instrumentos a su alcance, innovando cuando sea necesario, para inyectar liquidez a los mercados financieros y a la economía”.
Y proponen que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF, dupliquen la cantidad de préstamos netos a la región, para apoyo presupuestario con condicionalidad muy reducida, aprovechando la gran liquidez de los mercados globales de capital.
Concluyendo: “El desafío planteado no tiene paralelo en la historia reciente. El mundo, y América Latina y el Caribe, no pueden permitirse respuestas tardías o inadecuadas. La confianza mutua, la transparencia y la razón, no el populismo o la demagogia, siguen siendo las mejores guías en estos tiempos inciertos. La crisis no puede ser excusa para debilitar nuestras democracias, ganadas con tanto esfuerzo; por el contrario, es la oportunidad para demostrar que la democracia está en condiciones de responder a desafíos extremos, cumpliendo con justicia con sus ciudadanos”.
Además de los expresidente referenciados, el documento es firmado también por Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia; Roberto Chang, profesor de Economía de Rutgers University de EE. UU.; José De Gregorio, exministro de Economía, Minería y Energía de Chile; Ilan Goldfajn, expresidente del Banco Central de Brasil; Ricardo Hausmann, exministro de Planeamiento Venezuela; Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella; Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central de Argentina; Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de Chile y Andrés Velasco, también exministro de Hacienda de Chile.
Vea el documento completo:
Por Redacción Politíca
