Aterriza en el Congreso un proyecto para regular el uso de la fuerza del Esmad

De 2017 a la actualidad, en el país se han presentado más de 40.000 casos de violencia física por parte de miembros de la Fuerza Pública responsables de dispersar las manifestaciones. Este número recoge, además, datos de violencia sexual y homicidios sindicados a uniformados en el marco de las protestas. El más recordado recientemente es el del joven Dilan Cruz, en noviembre del año pasado. Las irregularidades en el proceder del Esmad durante el Paro Nacional fueron motivo para que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le pidiera al Gobierno una “transformación profunda” al cuerpo antidisturbios. Y esa recomendación incluyó una revisión de los protocolos sobre el uso de la fuerza y los artefactos usados para dispersar las protestas.

Atendiendo a esa misma recomendación, la representante del MAIS, María José Pizarro, radicó junto a los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático), Antonio Sanguino (Alianza Verde), la Comisión Colombiana de Juristas, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad y las oenegés Defender la Libertad, Temblores entre otras, un proyecto de ley con el que se pretende regular el uso de la fuerza y actuación de la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones.

Para Pizarro, la regulación vía trámite legislativo es lo que falta por hacer para delimitar el accionar del Esmad. Ya hay una resolución (la 1190 de 2018 del Ministerio del Interior), así como compromisos internacionales, pero no hay una ley que exija y obligue el cumplimiento de estos. Entre la reglamentación que recoge el proyecto está la prohibición del uso de proyectiles de energía cinética, como los tipo bean bag, y la escopeta calibre 12, el uso de cámaras corporales, el distanciamiento entre el Esmad o cualquier cuerpo policial con las manifestaciones. La iniciativa también quiere dejar expresamente la prohibición del traslado de personas en vehículos no identificados así como lo obvio en cuanto al empleo de un lenguaje denigrante. Para conocer más en detalle la propuesta, El Espectador habló con la representante Pizarro.

El proyecto determina tres fases de la acción del Esmad (prevención, disuasión e intervención) y obliga que antes de ejercer la fuerza, el cuerpo policial debe de advertir. ¿La etapa de disuasión correspondería a esa advertencia?

Lo que buscamos es que podamos establecer unas fases que de alguna manera permitan evitar la confrontación violenta o que de entrada el Esmad llegue a hacer control de multitudes. Lo que se propone es que antes de imponer orden se hayan surtido una serie de pasos previos a la intervención en sí. La advertencia de que habrá uso de la fuerza no necesariamente se encasilla en la fase de disuasión.

Durante las manifestaciones de noviembre y diciembre del año pasado se hablaba principalmente de reemplazar la formación dentro del Esmad por una que impartiera conocimientos en derechos humanos para prevenir lo que pasó, ¿por qué primero apostar a reglamentar la actuación del Esmad en las protestas?

Dentro de la Fuerza Pública hay toda una serie de cursos, en los que se cuenta un componente de derechos humanos. O sea, ellos ya reciben una serie de cursos y de formación en el tema que al final no terminan aplicándolos en su integralidad. Cuando vemos cómo ha venido recrudeciéndose el actuar de la Fuerza Pública, porque no es solo el Esmad, sino la fuerza policial disponible, nos vemos en la necesidad de que no sea solo un tema de formación, sino de regulación. Además, en mi criterio, deberían de hacer una revisión en derechos humanos al comportamiento de los uniformados cuando están en los operativos.

En otras palabras, ¿el proyecto busca que esa formación en DD. HH. se aplique en forma al momento de actuar?

Exactamente, hay unos lineamientos, hay una formación que reciben, que si se requiere de alguna manera, se fortalezca en temas de DD. HH., eso nunca sobra, pero lo que necesitamos es que ellos cumplan con los protocolos en protección de DD. HH. y que quede claro todo un accionar muy establecido, con unas normas que no permitan que ellos hagan un uso abusivo de la fuerza.

En términos generales, cuando ocurre un hecho en contravía de la ley y los derechos de las personas con alguna institución de la Fuerza Pública, la respuesta del Gobierno ha sido un discurso de “manzanas podridas”, ¿qué voluntad habría entonces para que lleve a cabo esta reglamentación en el Esmad?

Obviamente voluntad no va a haber, pero las cifras son absolutamente contundentes. Nosotros estamos hablando de más de 40.481 casos de violencia Física por parte de la Fuerza Pública en los últimos tres años. Estamos hablando de 241 casos de violencia sexual, muchos en guarniciones militares, por ejemplo. Estamos hablando de más de 630 homicidios en los últimos 30 años. Estas cifras dejan ver que no se trata solamente de unas manzanas podridas. Aquí se trata de establecer unos lineamientos y no somos el primer país que se encamina a esto. En EE.UU., justo después de lo que sucedió en el marco de la pandemia y las movilizaciones, también hubo una iniciativa congresional que buscaba regular o evitar la brutalidad policial. De esto se trata, en esto se benefician tanto los miembros de la Fuerza Pública como la ciudadanía.

¿Cómo será el control de las cámaras corporales?

Esto ya está permitido en cuanto los miembros de la Fuerza Pública como los ciudadanos tienen derecho a grabar el procedimiento. Lo que se busca con este tema específico es poder presentar las denuncias a tiempo y que se complemente con el testimonio de las personas. Ahora, el problema no es solamente presentar las pruebas, sino que luego estas pruebas también terminen en investigaciones y sanciones disciplinarias y judiciales cuando sea el caso.

También el proyecto determina que el Esmad debe de estar a una distancia considerable de la manifestación, pero no se determina de cuál debe de ser esa distancia…

Esto se debe de reglamentar una vez se haya promulgado la ley o se pueden presentar proposiciones por parte de otros congresistas. Nosotros sabemos que hace unos años en las movilizaciones en Bogotá cuando el Esmad estaba a varias cuadras, las confrontaciones no se daban, porque había un protocolo que establecía cuál era el distanciamiento para evitar los enfrentamientos. De eso se trata, y no como ahora que el Esmad se aparece en cualquier movilización, por más pacífica que sea, presionando e intimidando. Con esto pretendemos evitar la confrontación inmediata.

De 2017 a la actualidad, en el país se han presentado más de 40.000 casos de violencia física por parte de miembros de la Fuerza Pública responsables de dispersar las manifestaciones. Este número recoge, además, datos de violencia sexual y homicidios sindicados a uniformados en el marco de las protestas. El más recordado recientemente es el del joven Dilan Cruz, en noviembre del año pasado. Las irregularidades en el proceder del Esmad durante el Paro Nacional fueron motivo para que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le pidiera al Gobierno una “transformación profunda” al cuerpo antidisturbios. Y esa recomendación incluyó una revisión de los protocolos sobre el uso de la fuerza y los artefactos usados para dispersar las protestas.

Atendiendo a esa misma recomendación, la representante del MAIS, María José Pizarro, radicó junto a los senadores Iván Cepeda (Polo Democrático), Antonio Sanguino (Alianza Verde), la Comisión Colombiana de Juristas, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad y las oenegés Defender la Libertad, Temblores entre otras, un proyecto de ley con el que se pretende regular el uso de la fuerza y actuación de la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones.

Para Pizarro, la regulación vía trámite legislativo es lo que falta por hacer para delimitar el accionar del Esmad. Ya hay una resolución (la 1190 de 2018 del Ministerio del Interior), así como compromisos internacionales, pero no hay una ley que exija y obligue el cumplimiento de estos. Entre la reglamentación que recoge el proyecto está la prohibición del uso de proyectiles de energía cinética, como los tipo bean bag, y la escopeta calibre 12, el uso de cámaras corporales, el distanciamiento entre el Esmad o cualquier cuerpo policial con las manifestaciones. La iniciativa también quiere dejar expresamente la prohibición del traslado de personas en vehículos no identificados así como lo obvio en cuanto al empleo de un lenguaje denigrante. Para conocer más en detalle la propuesta, El Espectador habló con la representante Pizarro.

El proyecto determina tres fases de la acción del Esmad (prevención, disuasión e intervención) y obliga que antes de ejercer la fuerza, el cuerpo policial debe de advertir. ¿La etapa de disuasión correspondería a esa advertencia?

Lo que buscamos es que podamos establecer unas fases que de alguna manera permitan evitar la confrontación violenta o que de entrada el Esmad llegue a hacer control de multitudes. Lo que se propone es que antes de imponer orden se hayan surtido una serie de pasos previos a la intervención en sí. La advertencia de que habrá uso de la fuerza no necesariamente se encasilla en la fase de disuasión.

Durante las manifestaciones de noviembre y diciembre del año pasado se hablaba principalmente de reemplazar la formación dentro del Esmad por una que impartiera conocimientos en derechos humanos para prevenir lo que pasó, ¿por qué primero apostar a reglamentar la actuación del Esmad en las protestas?

Dentro de la Fuerza Pública hay toda una serie de cursos, en los que se cuenta un componente de derechos humanos. O sea, ellos ya reciben una serie de cursos y de formación en el tema que al final no terminan aplicándolos en su integralidad. Cuando vemos cómo ha venido recrudeciéndose el actuar de la Fuerza Pública, porque no es solo el Esmad, sino la fuerza policial disponible, nos vemos en la necesidad de que no sea solo un tema de formación, sino de regulación. Además, en mi criterio, deberían de hacer una revisión en derechos humanos al comportamiento de los uniformados cuando están en los operativos.

En otras palabras, ¿el proyecto busca que esa formación en DD. HH. se aplique en forma al momento de actuar?

Exactamente, hay unos lineamientos, hay una formación que reciben, que si se requiere de alguna manera, se fortalezca en temas de DD. HH., eso nunca sobra, pero lo que necesitamos es que ellos cumplan con los protocolos en protección de DD. HH. y que quede claro todo un accionar muy establecido, con unas normas que no permitan que ellos hagan un uso abusivo de la fuerza.

En términos generales, cuando ocurre un hecho en contravía de la ley y los derechos de las personas con alguna institución de la Fuerza Pública, la respuesta del Gobierno ha sido un discurso de “manzanas podridas”, ¿qué voluntad habría entonces para que lleve a cabo esta reglamentación en el Esmad?

Obviamente voluntad no va a haber, pero las cifras son absolutamente contundentes. Nosotros estamos hablando de más de 40.481 casos de violencia Física por parte de la Fuerza Pública en los últimos tres años. Estamos hablando de 241 casos de violencia sexual, muchos en guarniciones militares, por ejemplo. Estamos hablando de más de 630 homicidios en los últimos 30 años. Estas cifras dejan ver que no se trata solamente de unas manzanas podridas. Aquí se trata de establecer unos lineamientos y no somos el primer país que se encamina a esto. En EE.UU., justo después de lo que sucedió en el marco de la pandemia y las movilizaciones, también hubo una iniciativa congresional que buscaba regular o evitar la brutalidad policial. De esto se trata, en esto se benefician tanto los miembros de la Fuerza Pública como la ciudadanía.

¿Cómo será el control de las cámaras corporales?

Esto ya está permitido en cuanto los miembros de la Fuerza Pública como los ciudadanos tienen derecho a grabar el procedimiento. Lo que se busca con este tema específico es poder presentar las denuncias a tiempo y que se complemente con el testimonio de las personas. Ahora, el problema no es solamente presentar las pruebas, sino que luego estas pruebas también terminen en investigaciones y sanciones disciplinarias y judiciales cuando sea el caso.

También el proyecto determina que el Esmad debe de estar a una distancia considerable de la manifestación, pero no se determina de cuál debe de ser esa distancia…

Esto se debe de reglamentar una vez se haya promulgado la ley o se pueden presentar proposiciones por parte de otros congresistas. Nosotros sabemos que hace unos años en las movilizaciones en Bogotá cuando el Esmad estaba a varias cuadras, las confrontaciones no se daban, porque había un protocolo que establecía cuál era el distanciamiento para evitar los enfrentamientos. De eso se trata, y no como ahora que el Esmad se aparece en cualquier movilización, por más pacífica que sea, presionando e intimidando. Con esto pretendemos evitar la confrontación inmediata.