"Aún no hay garantías"

Más allá de los homenajes que se realicen en memoria de las víctimas del conflicto armado en el país, que son importantes en cuanto a la reparación integral, existe una preocupación que asalta a quienes han sido despojados de sus predios y ahora esperan que el Gobierno les brinde las garantías de seguridad para regresar a la tierra prometida en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Y es que el panorama no es nada halagüeño. De acuerdo con un informe realizado por la Defensoría del Pueblo, en los últimos seis años han sido asesinados más de 71 líderes de restitución de tierras, algunos de ellos luego de sancionada la Ley de Víctimas, en junio de 2011. Crímenes que el Gobierno ha reconocido que tienen como finalidad amedrentar a los reclamantes y evitar que se lleve a cabo la que el presidente Juan Manuel Santos ha calificado como la gran “revolución agraria”.

Carmen Palencia, presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra, fue enfática al señalar que el principal requisito es la seguridad. “La Ley está empezando, pero es claro que aún no hay garantías, eso se lo dijimos al presidente Santos. Le pedimos que ejerciera control sobre los terratenientes que financian las bandas que están asesinando a los líderes. Mientras eso no se haga, no será una realidad la restitución”, dijo.

Para el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, hay varios problemas para garantizar el éxito de la restitución: “El primero es la seguridad. Desde que fue sancionada la Ley de Justicia y Paz han sido asesinados 55 líderes por reclamar sus tierras y sus derechos. También es necesario asegurar que las víctimas tengan una representación legal adecuada. No podemos pretender que los reclamantes compitan con los bufetes de abogados que pueden contratar los grandes terratenientes y despojadores”.

El senador Juan Fernando Cristo, uno de los artífices de la Ley de Víctimas, afirmó que además de las garantías de seguridad es necesario que el aparato de la justicia funcione de forma adecuada. “Eso le solicitamos al fiscal general, Eduardo Montealegre, una acción más contundente y más rápida de la justicia y de las autoridades de inteligencia para determinar quién está detrás de esas amenazas. Acá no podemos seguir hablando de manos negras, de grupos de ultraderecha o de extrema izquierda”.

Por su parte, el general del Ejército Luis Mendieta, exsecuestrado de la guerrilla, manifestó que “como miembro de la Fuerza Pública, sé que estamos ofreciendo todas las garantías para que la aplicación de la Ley de Víctimas sea una realidad. Pero en mi condición de víctima, creo que es necesario que el acompañamiento garantice tratamientos físicos, sicológicos y pedagógicos”. Según el oficial, la única forma de garantizar una reparación es que las personas que salen del conflicto, bien sea del secuestro o que les devuelvan sus tierras, tengan una verdadera oportunidad de inclusión social.

Ayer, durante la conmemoración en el Congreso de la República del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, quedó claro que el compromiso tiene que ir más allá de las reparaciones simbólicas. A juicio de los representantes de los afectados por el conflicto, llegó el momento de cumplirles con el regreso a sus tierras, con el acompañamiento y con las garantías de seguridad a las que se comprometió el Gobierno.

‘Paciencia y solidaridad’: Santos

El presidente Juan Manuel Santos reveló que a la fecha van 441 mil solicitudes radicadas para reparar a víctimas, de las cuales 265 mil han sido presentadas al Comité de Reparaciones Administrativas y 176 mil están pendientes de estudio. Durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en Villavicencio, el jefe de Estado pidió “paciencia y solidaridad” y reiteró que “la paz de Colombia comienza por el reconocimiento de las víctimas. Asimismo, Santos explicó que se está estructurando un plan de choque para que esos 176 mil casos puedan acelerar el proceso y tener un pronto pago: “Son millones las víctimas y la capacidad del Estado de ir reparándolas es limitada. Esto se va a hacer gradualmente y en la medida en que podamos acelerarlo, lo aceleramos”, dijo.