Luego de que se conociera que el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunciara que se suspendió el proyecto Autopistas del Caribe, con el cual se pretendía intervenir unos 253 kilómetros de vías del norte del país, congresistas de esa región salieron a polemizar por las implicaciones que tiene el frenar esta iniciativa.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del Partido Conservador, el senador atlanticense Efraín Cepeda. El congresista aseguró que “la decisión anunciada por el Ministerio de Transporte representa un golpe para el Caribe y para todo el país; la inversión de $4,3 billones en este proyecto no solo significaba un impulso económico para la región, sino también la creación de más de 7 mil empleos formales, que ahora se ven amenazados”.
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Y agregó: “Esta medida afecta la infraestructura necesaria para el desarrollo regional e impacta directamente la competitividad y el crecimiento económico. Rechazamos que iniciativas tan importantes, que requieren años de trabajo y planificación, sean abruptamente interrumpidas”.
En un sentido similar se pronunció el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien advirtió la suspensión del proyecto golpea la economía de la región. Incluso, advirtió que es necesario que se replantee la decisión.
“Lo más importante es ratificar la importancia que tiene esta vía para el desarrollo de nuestra región. Dependemos no solamente para la generación de empleo y bonificación de nuestro sistema vial, sino también el sistema económico depende de esta vía; es trascendente que no se cometa ningún error en el paso que se va a dar”, enfatizó Verano.
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Previamente, se había pronunciado la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), la cual pidió un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazando o avalando la declaración del ministro de Transporte William Camargo, quien fue el que notificó la terminación anticipada del contrato de la concesión “Autopistas del Caribe” por la imposibilidad de su cierre financiero.
El pronunciamiento del titular de la cartera de Transporte se produjo debido al no cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra. Y, por eso, el gremio constructor advirtió que “de confirmarse oficialmente el cierre anticipado del citado contrato de dicha concesión y su reversión al Instituto Nacional de Vías, se sentaría un precedente lesivo para el desarrollo vial del país”.
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