El gobierno de Gustavo Petro ha logrado, en las últimas 24 horas, dos triunfos legislativos que, sumados a otros en las últimas semanas, han ido desvirtuando la tesis sobre un supuesto “golpe blando” que había arraigado el presidente desde hace meses. Al menos así lo consideran varios congresistas. Sobre las once de la noche del lunes, por un lado, se aprobó en su último debate la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que permitirá aumentar gradualmente los recursos para las entidades territoriales, y, una hora antes, la Comisión Primera del Senado dio luz verde en tercer debate a la reforma política, que plantea cambios en las reglas de juego del sistema político y electoral, algunos de cara a los comicios de 2026.
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Sin embargo, el Ejecutivo sigue encontrando una fuerte barrera en las comisiones económicas. Este martes se aplazó nuevamente la radicación de la ley de financiamiento, una suerte de reforma tributaria sin la cual el presupuesto del próximo año enfrentará un déficit de al menos 12 billones de pesos. El lunes, solo asistieron siete de los 38 ponentes a la presentación y mientras el gobierno sigue sin lograr una propuesta positiva, la oposición ya presentó la negativa. A esto se suma la decisión del Partido Conservador, al que pertenece el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, de anunciar su voto en contra del proyecto. En un comunicado, la colectividad calificó de “inconveniente” imponer nuevos impuestos en el actual escenario fiscal.
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Este escenario se presenta en un contexto de anticipada carrera presidencial, donde el presidente ha intensificado su llamado a las bases para proteger el proyecto progresista durante su mandato y de cara a asegurar un segundo periodo de gobierno progresista en 2026. Como telón de fondo también están las tensiones entre Petro y Cepeda, que continúan escalando. Mientras el mandatario acusa al presidente del Senado de propiciar un posible “default” con el fin de obstaculizar su proyecto en las elecciones de 2026, el senador conservador ha cuestionado la baja ejecución presupuestal del gabinete. Así las cosas, el panorama en el Legislativo no favorece la discusión del articulado, y el reloj avanza en contra del gobierno. Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha planteado la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias hasta el 20 de diciembre, los tiempos para aprobar la reforma están apretados.
Mientras la Secretaría General de la Comisión Tercera de la Cámara enviaba un comunicado cancelando la sesión conjunta de este martes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se preparaba para volar en la comitiva de Petro a Uruguay, donde el primer mandatario le otorgará la Cruz de Boyacá al expresidente Pepe Mujica. Y es que la presencia del jefe de la cartera en el Capitolio podría terminar de perjudicar el ya débil ambiente para radicar la reforma tributaria, sobre todo tras las declaraciones que entregó la exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, a la Fiscalía en el marco de la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que lo han vuelto a poner en el ojo del huracán. Según dijo al ente investigador, el ministro habría estado al tanto de los presuntos pagos a varios congresistas con la intención de que respaldaran al Gobierno para adquirir más deuda pública a cambio de recibir apoyo del Ejecutivo en proyectos en sus regiones.
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Antes de partir hacia Montevideo, Bonilla indicó que asumirá la defensa. “Mucho de lo que se está diciendo tiene mucho de especulación en términos de que acá no hay cupos indicativos ni compra de congresistas”, explicó. A su favor también han salido el ministro del Interior y el presidente Petro, aunque en la práctica, ha sido necesario apartarlo de ciertas labores. Bajo la misma lógica con la que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se apartó de la Comisión Séptima de la Cámara en el debate de la reforma a la salud, Bonilla estaría alejado del centro de los debates económicos en el Congreso, por lo menos mientras sigue bajo la lupa, con varios congresistas de la oposición exigiendo su renuncia. Además, al declararse impedido para ejercer las funciones administrativas de los trámites de la Ungrd, Helga María Rivas Ardila, ministra de Vivienda, fue nombrada como ministra ad hoc de las carteras de Hacienda y Agricultura.
Entre tanto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, estuvo presente este martes en la discusión de las comisiones conjuntas en el recinto del Senado durante el debate de la jurisdicción agraria, a la cual el gobierno le imprimió mensaje de urgencia y el gabinete ve con optimismo. En este punto, tanto el Ejecutivo como la oposición han destacado la voluntad de su contraparte de ceder para construir consensos. Así lo expresó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia durante el debate, haciendo referencia también al fantasma de la expropiación exprés que había acompañado al articulado en un principio: “Sentimos que hemos mejorado sustantivamente y quiero agradecerle a la ministra la disposición de tratar de llegar a acuerdos y podemos llegar a proyectos que no asusten y que beneficien a todos”.
Al ambiente de la jurisdicción agraria, el tercer debate de la reforma política y la aprobación en último debate del SGP, se suman otras victorias en las últimas semanas: el Senado eligió a Miguel Polo, que contaba con el visto bueno de Petro, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y la aprobación en primer debate de la reforma a la salud. Esto, según algunos congresistas como Humberto de la Calle, es síntoma de que no hay un golpe blando en contra del actual gobierno como incluso llegaron a decirles el presidente y el canciller Luis Gilberto Murillo a los embajadores en el país.
“Ha habido aprobación de una cantidad importante de leyes. Luego, me parece que es una visión del presidente que sostiene que como él triunfó, eso ya es una obligación de todo el Estado simplemente plegarse a las ideas del gobierno. Aquí lo que está pasando es que operan los controles y la oposición y eso no tiene por qué llevar al presidente a pensar que alguien quiere destronarlo”, dijo el senador independiente.
Sin embargo, desde el Pacto Histórico y otros sectores de la izquierda, la narrativa del “golpe blando” sigue vigente. A los argumentos se suman asuntos que van más allá de los avances en el Legislativo, como el caso que lleva el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del presidente por la supuesta violación de los topes de financiación de su campaña presidencial 2022-2026. La defensa del primer mandatario, de hecho, presentó una carta al organismo electoral esta semana argumentando que no tiene competencia para investigarlo. “[Gustavo Petro] se abstendrá de responder los cargos formulados en forma abiertamente arbitraria”, estableció la defensa en cabeza del abogado Héctor Carvajal.
“El golpe blando se abordó desde el punto de vista de la persecución que emprendió el CNE contra el presidente Petro al que suman algunos medios de comunicación que día a día repiten mentiras sobre el gobierno sin tener evidencia de los hechos”, dijo la senadora de Comunes Sandra Ramírez.
Aunque parte de la balanza legislativa comienza a inclinarse a favor del gobierno, desmintiendo las acusaciones de un supuesto “bloqueo institucional”, el panorama político sigue siendo complejo: el segundo debate de la reforma a la salud no ha podido agendarse en la plenaria de la Cámara pues la cúpula de esa corporación no ha logrado ponerse de acuerdo. El presidente Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), lleva chocando desde la semana pasada con los vicepresidentes Jorge Tovar (Curul de paz) y Lina Garrido (Cambio Radical), para poner el articulado en el orden del día y así evitar que se hunda por falta de trámite antes de que acabe el año. A pesar de los progresos, las tensiones con la oposición en materia económica y las investigaciones que tocan al gabinete e incluso al mismo presidente continúan alimentando narrativas polarizadas y, con las elecciones en el horizonte, lo más probable es que el presidente se siga aferrando a tesis de “golpes blandos”.
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