Bacrim, ¿combatirlas o someterlas?

Una doble estrategia viene adelantando el Gobierno para enfrentar a las llamadas bandas criminales. Por un lado, el combate sin cuartel, que ha dado importantes resultados, tal y como lo dio a conocer ayer el presidente Juan Manuel Santos. Y por el otro, en la Cámara de Representantes avanza un proyecto de ley que busca sentar las bases jurídicas para que la Fiscalía General de la Nación pueda adelantar un proceso de acercamiento con dichas organizaciones y brindarles una oferta de sometimiento a la justicia.

En cuanto a lo primero. El mandatario informó que se está haciendo un ejercicio de microgerencia, tal y como lo hizo con el ahorro de energía, y que durante los próximos meses se realizarán reuniones de seguimiento cada ocho días. Esta semana, según el jefe de Estado, los resultados en la lucha contra las bandas criminales han sido contundentes: 67 integrantes de estas bandas neutralizados, 2,5 toneladas de coca incautadas, se han hecho nueve operativos contra minería criminal y destruido 149 laboratorios de producción de droga.

Asimismo, el presidente informó que entre los capturados se encuentran dos de los 20 cabecillas más buscados del llamado clan Úsuga: Édgar Gutiérrez Arenas, alias Tomás, capturado en Chocó, y Fernely Guevara , alias Manuel, capturado en Antioquia.

Finalmente, el presidente Santos se refirió a las amenazas y homicidios de líderes sociales en los últimos meses y que según Naciones Unidas se trata de 12 defensores asesinados. Episodios que han sido entendidos por varios investigadores como el resurgimiento del paramilitarismo, a lo cual el jefe de Estado contestó que “son simples criminales” y detalló que se ha creado un grupo de alto nivel para hacer seguimiento a las denuncias. En él participan los ministros del Interior y de Defensa, la alta consejera para los Derechos Humanos y cinco representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Al respecto Santos reveló que en 5 de los 12 casos registrados, ya se han identificado los responsables.   

“Se han presentado denuncias ante la prensa, los medios de comunicación y las autoridades, de amenazas o de asesinatos contra los defensores de los derechos humanos, contra los reclamantes de tierras. Hemos dicho, en forma clara y contundente, que eso no lo vamos a permitir, que el Estado no va a permitir que nadie amenace ni mucho menos asesine a quien está defendiendo los derechos humanos o a quien está reclamando legalmente su tierra o está representando a los reclamantes de tierra”, concluyó el mandatario.

Ya en el plano del sometimiento, cursa en el Congreso un proyecto de ley que brindaría las herramientas jurídicas para iniciar un proceso de acercamiento con los principales cabecillas de estas organizaciones, con el objetivo de que, a través de la Fiscalía, se les brinde una oferta de sometimiento a la justicia y así desmantelar el fenómeno criminal.

La iniciativa tiene como finalidad reformar el Código de Procedimiento Penal con el fin de que la Fiscalía cuente con los instrumentos necesarios para realizar negociaciones de manera conjunta o individual y aplicar el principio de oportunidad a las bacrim por “colaboración eficaz” con la justicia.

Para lograrlo, el proyecto presenta dos etapas: una de acercamiento colectivo y otra de judicialización individual. Y es que, aunque el objetivo central es la desarticulación de estas bandas, también se quiere hacer la plena identificación de cada uno de los miembros de estas organizaciones.

Entre los especialistas en temas jurídicos hay quienes consideran que los fiscales delegados están maniatados para dar inicio a un acercamiento colectivo con estos grupos pues la ley no se los permite e incurrirían en el delito de prevaricato. Al respecto, el fiscal (e) Jorge Fernando Perdomo explicó, en una audiencia pública en la Cámara de Representantes, que muchas veces los abogados de grandes cabecillas de estas organizaciones delincuenciales, como los Rastrojos o el clan Úsuga, se han acercado al ente investigador a ofrecer la entrega masiva de sus integrantes, pero la Fiscalía “se ve a gatas” para saber cómo proceder, porque el Código Penal está pensado sólo para procesar casos individuales.

Ante esta circunstancia, el representante Hernán Penagos, coautor del proyecto con la Fiscalía, dijo que la iniciativa es una salida jurídica para buscar acuerdos con las bacrim que estarían construidos sobre una serie de condiciones, entre las cuales están la confesión de los delitos y la entrega de los bienes. Además, deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El otro eje del proyecto es permitirle a la Fiscalía suspender las órdenes de captura mientras se logra el sometimiento de los integrantes de las bandas criminales.

Aun así, este proyecto no implica otorgar los principios de la “justicia transicional” a las bandas criminales, pues sólo sería una herramienta que permita a las organizaciones acercarse a la justicia con garantías, pero sometiéndose a las normas vigente en el Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, la ley no pasaría a crear nuevas prerrogativas penales, sino que, por colaboración con la justicia, quienes se sometan a ella recibirían los mismos beneficios que establece el sistema penal acusatorio en el principio de oportunidad.

Pese a que el proyecto establece que para la aplicación de estos mecanismos se notificará a la Procuraduría, que podrá efectuar sus observaciones por los beneficios que puedan recibir los integrantes de las bacrim, el Ministerio Público cuestionó el alcance del proyecto. En un concepto enviado a la Cámara, la Procuraduría indicó que la iniciativa presenta “inconsistencias, contradicciones y redundancias”, por lo que la califica de inoperante y sugiere que se archive.

Aunque inicialmente se pensó en limitar a dos años cualquier negociación con estos grupos delincuenciales —tras la entrada en vigencia de la norma—, se desechó esa posibilidad argumentando que las organizaciones criminales pueden surgir en cualquier época en el país y debe tener vigencia hacia futuro. A partir de esto han surgido una serie de críticas al proyecto, ya que hay quienes consideran que no se puede dejar sin límites esta norma, pues se corre el riesgo de que sea utilizada al capricho de los delincuentes de turno.

De momento, la pregunta que sigue abierta es si el sometimiento de las bandas criminales puede llegar a interpretarse como un éxito en la política de seguridad o, por el contrario, muestra las debilidades institucionales para combatirlas. Más cuando esas organizaciones demostraron su poder armado al paralizar seis departamentos a finales de marzo pasado. Por ahora la pelota está en manos de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde el proyecto está engavetado desde diciembre pasado, a la espera de ser discutido en el segundo de cuatro debates.