'Bacrim intentarán frenar Ley de Víctimas'

El director para América Latina de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió sobre la posibilidad de que exparamilitares aliados al narcotráfico intenten frenar con violencia la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, sancionada el viernes pasado por el presidente Juan Manuel Santos. "Se va a requerir de una actitud y una política de la Fuerza Pública que dé garantías", afirmó Vivanco, refiriéndose al asesinato de varios líderes de organizaciones de víctimas en los últimos meses.
El directivo de HRW responsabilizó de esa violencia a las denominadas bandas criminales (bacrim), a las que definió como “grupos sucesores del paramilitarismo que operan en las mismas regiones y tienen vínculos con el narcotráfico (...) que están reprimiendo y atacando a líderes sociales, tratando de permear al Estado y a la Fuerza Pública.

El pronunciamiento de Vivanco se produjo tras una reunión con el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras: “Conversamos sobre algunas políticas que está impulsando el actual gobierno, específicamente las que tienen que ver con reparación a víctimas (…) debo felicitarlo por una ley que tiene una repercusión histórica para Colombia”, afirmó.

Asimismo, agregó que Human Rights Watch acompañará el proceso de implementación de la Ley y señaló que el Gobierno deberá hacer grandes esfuerzos por garantizar la seguridad de todos los que participen en él: “Estos son procesos que requieren de una observación constante, permanente, de la opinión pública acá en Colombia y también de la comunidad internacional”.

En este sentido, añadió que su organización “está siempre muy pendiente de la situación en Colombia y vamos a estar acompañando todo este proceso. Dependerá de la capacidad que tenga el Estado colombiano de asegurar que pacíficamente puedan los campesinos recuperar sus tierras y ese es un desafío de orden público mayúsculo”.

Por su parte, Vargas Lleras expresó que ya se están tomando las medidas para brindar la seguridad de las personas a las que se les va a restituir la tierra. “El Gobierno lo sabe y por eso la ley prevé un capítulo especial para focalizar la protección a aquellas personas que son objeto de restitución de tierras, a los testigos en esos casos y a los funcionarios que intervengan”, explicó el ministro.

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fue sancionada por el presidente Santos el pasado viernes 10 de junio, en una ceremonia especial en la que fue testigo de honor el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Con la Ley se espera indemnizar a cuatro millones de víctimas y devolver dos de las más de seis millones de hectáreas usurpadas a campesinos, hasta 2014, cuando concluye el mandato de Santos.