Bacrim quieren ganar elecciones para proteger corredores de narcotráfico y contrabando

Faltan menos de dos meses para las elecciones regionales de octubre y el panorama no es nada alentador. Los intereses del narcotráfico, bandas criminales, guerrilla y hasta empresas legales son cada vez más evidentes, como lo denuncia la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien advierte que pese a las contundentes denuncias de publicidad ilegal e inscripción irregular de cédulas, no se ha hecho nada.

¿Cómo ha avanzado la observación de riesgos en las elecciones?

Empezamos monitoreando la propaganda extemporánea, fueron más de 500 casos documentados que entregamos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esperábamos que los partidos hicieran un ejercicio de conciencia y revisaran qué candidatos iban a avalar, pero no hicieron nada. El CNE tampoco ha presentado una sola sanción.

¿Concluida la etapa de inscripción de cédulas qué encontraron?

El tema viene atado a trashumancia electoral, compra de votos, manipulación de formularios, favorecimiento de candidatos y financiación ilegal e ilícita, que no es lo mismo. Vemos a Puerto Gaitán, Castilla la Nueva, La Jagua de Ibirico, municipios donde hay relación de explotación minero-energética con trashumancia. No tiene que ver con las regalías, en estos municipios hay empresas grandes, con muchos recursos –incluso más que el Estado–, que tienen la capacidad de decidir qué se construye, dónde e incluso quién es el alcalde y el Concejo que queda elegido.

Eso forma parte de una influencia legal en las campañas, ¿desde la ilegalidad han encontrado riesgos evidentes?

Vemos el interés de apropiarse de algunos territorios en el norte del Valle, Chocó, Antioquia y Magdalena, relacionado con tierras de víctimas y restitución. Pero hay un tema mucho más delicado y es el interés de las bacrim de ganar para proteger corredores de narcotráfico y contrabando.

¿Ha visto lo mismo en zonas con presencia de guerrilla?

Sí, hay mayor inscripción de cédulas y denuncias de los candidatos del Centro Democrático de amenazas, pero no es tan claro. El cambio se verá después de las elecciones, por lo general el llamado de la guerrilla es a no votar, en esta ocasión por el interés en la participación política podrían aumentar la votación, pero eso solo se verá más adelante.

¿Esos intereses pueden estar rondando el presupuesto que se asignará para el posconflicto?

Es muy grave en materia de administración pública y no lo entendieron los partidos. Lo peor es que bajaron sus estándares y ahora hablan de la presunción de inocencia para dar avales cuestionados. Vea lo de Santander, prácticamente todos los candidatos tienen problemas y los partidos salen en su defensa.

¿Cómo explica la actitud complaciente de los partidos?

Están cediendo su poder de entregar avales a los parlamentarios en las regiones a quienes solo les interesa allanar el camino para mantenerse en el poder. Están construyendo el camino de la reelección en el Congreso en alianza con los alcaldes y gobernadores; de paso ganan capacidad de negociación para las elecciones a la Presidencia. Por ejemplo, el matrimonio Roy Barreras-Dilian Francisca Toro tiene de fondo la repartición del poder. En Atlántico, Cesar y La Guajira ya no hablamos de Cambio Radical, sino de la casa Char. Eso se traduce en una relación entre empresas locales, contratación y política.

¿Entonces la financiación legal de las empresas también es un riesgo?

Sí. No se puede hacer una lectura si no se cruza la contratación con la relación entre empresa, política y elecciones. No se trata de estigmatizar, pero la representación política está atada a la económica. Por eso son los escándalos de corrupción, con señalamientos a algunos contratistas o empresas.

El CNE no hace nada, los partidos tampoco. ¿Qué podemos esperar de las elecciones?

Es lo que estamos advirtiendo. Ahora esperamos medidas de anulación de cédulas en lugares con comportamiento irregular. Hay herramientas, está identificado y documentado.

Como usted lo planteó, las elecciones tienen etapas. ¿Qué se puede esperar de la financiación?

El CNE tiene muchas falencias para seguir las cuentas, porque la plata de las campañas se usa en efectivo. También, como ya lo dije, hay que estar muy pendiente con esa financiación legal, que finalmente es una inversión de las empresas a cambio de contratos.

El panorama está peor que en ocasiones anteriores con narcotráfico, bacrim, financiación privada cuestionable…

Siempre ha sido así, pero hoy sabemos más, hay más información. Lo que pasa es que así como aprendemos nosotros, los que hacen fraude también depuran sus estrategias.

¿Por qué si hay evidencias tan claras no hay medidas de fondo?

Hemos tratado con cerca de diez ministros del Interior en nueve años, cada uno con ideas diferentes, no quiere decir que no tengan voluntad, es que no hay una sola línea. Lo que sucede en el CNE es que ellos están recién elegidos y tienen que meterse con el proceso más difícil, que es el de mandatarios regionales. Tienen que vigilar 113 mil aspirantes, con realidades diferentes en cada municipio y cada departamento.

Ustedes presentarán en unos días el informe de riesgos. ¿Qué vamos a encontrar?

Riesgos por violencia, la relación entre elecciones y clientelismo, zonas donde hay dominio hegemónico de un partido, tierras y poder político. Nosotros hacemos las alertas y lo importante es que se tomen medidas. Cuando se acaban unas elecciones parece un guayabo festivo, no se hace nada, y cuando llega la otra no estamos preparados.

Faltan menos de dos meses para las elecciones regionales de octubre y el panorama no es nada alentador. Los intereses del narcotráfico, bandas criminales, guerrilla y hasta empresas legales son cada vez más evidentes, como lo denuncia la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien advierte que pese a las contundentes denuncias de publicidad ilegal e inscripción irregular de cédulas, no se ha hecho nada.

¿Cómo ha avanzado la observación de riesgos en las elecciones?

Empezamos monitoreando la propaganda extemporánea, fueron más de 500 casos documentados que entregamos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esperábamos que los partidos hicieran un ejercicio de conciencia y revisaran qué candidatos iban a avalar, pero no hicieron nada. El CNE tampoco ha presentado una sola sanción.

¿Concluida la etapa de inscripción de cédulas qué encontraron?

El tema viene atado a trashumancia electoral, compra de votos, manipulación de formularios, favorecimiento de candidatos y financiación ilegal e ilícita, que no es lo mismo. Vemos a Puerto Gaitán, Castilla la Nueva, La Jagua de Ibirico, municipios donde hay relación de explotación minero-energética con trashumancia. No tiene que ver con las regalías, en estos municipios hay empresas grandes, con muchos recursos –incluso más que el Estado–, que tienen la capacidad de decidir qué se construye, dónde e incluso quién es el alcalde y el Concejo que queda elegido.

Eso forma parte de una influencia legal en las campañas, ¿desde la ilegalidad han encontrado riesgos evidentes?

Vemos el interés de apropiarse de algunos territorios en el norte del Valle, Chocó, Antioquia y Magdalena, relacionado con tierras de víctimas y restitución. Pero hay un tema mucho más delicado y es el interés de las bacrim de ganar para proteger corredores de narcotráfico y contrabando.

¿Ha visto lo mismo en zonas con presencia de guerrilla?

Sí, hay mayor inscripción de cédulas y denuncias de los candidatos del Centro Democrático de amenazas, pero no es tan claro. El cambio se verá después de las elecciones, por lo general el llamado de la guerrilla es a no votar, en esta ocasión por el interés en la participación política podrían aumentar la votación, pero eso solo se verá más adelante.

¿Esos intereses pueden estar rondando el presupuesto que se asignará para el posconflicto?

Es muy grave en materia de administración pública y no lo entendieron los partidos. Lo peor es que bajaron sus estándares y ahora hablan de la presunción de inocencia para dar avales cuestionados. Vea lo de Santander, prácticamente todos los candidatos tienen problemas y los partidos salen en su defensa.

¿Cómo explica la actitud complaciente de los partidos?

Están cediendo su poder de entregar avales a los parlamentarios en las regiones a quienes solo les interesa allanar el camino para mantenerse en el poder. Están construyendo el camino de la reelección en el Congreso en alianza con los alcaldes y gobernadores; de paso ganan capacidad de negociación para las elecciones a la Presidencia. Por ejemplo, el matrimonio Roy Barreras-Dilian Francisca Toro tiene de fondo la repartición del poder. En Atlántico, Cesar y La Guajira ya no hablamos de Cambio Radical, sino de la casa Char. Eso se traduce en una relación entre empresas locales, contratación y política.

¿Entonces la financiación legal de las empresas también es un riesgo?

Sí. No se puede hacer una lectura si no se cruza la contratación con la relación entre empresa, política y elecciones. No se trata de estigmatizar, pero la representación política está atada a la económica. Por eso son los escándalos de corrupción, con señalamientos a algunos contratistas o empresas.

El CNE no hace nada, los partidos tampoco. ¿Qué podemos esperar de las elecciones?

Es lo que estamos advirtiendo. Ahora esperamos medidas de anulación de cédulas en lugares con comportamiento irregular. Hay herramientas, está identificado y documentado.

Como usted lo planteó, las elecciones tienen etapas. ¿Qué se puede esperar de la financiación?

El CNE tiene muchas falencias para seguir las cuentas, porque la plata de las campañas se usa en efectivo. También, como ya lo dije, hay que estar muy pendiente con esa financiación legal, que finalmente es una inversión de las empresas a cambio de contratos.

El panorama está peor que en ocasiones anteriores con narcotráfico, bacrim, financiación privada cuestionable…

Siempre ha sido así, pero hoy sabemos más, hay más información. Lo que pasa es que así como aprendemos nosotros, los que hacen fraude también depuran sus estrategias.

¿Por qué si hay evidencias tan claras no hay medidas de fondo?

Hemos tratado con cerca de diez ministros del Interior en nueve años, cada uno con ideas diferentes, no quiere decir que no tengan voluntad, es que no hay una sola línea. Lo que sucede en el CNE es que ellos están recién elegidos y tienen que meterse con el proceso más difícil, que es el de mandatarios regionales. Tienen que vigilar 113 mil aspirantes, con realidades diferentes en cada municipio y cada departamento.

Ustedes presentarán en unos días el informe de riesgos. ¿Qué vamos a encontrar?

Riesgos por violencia, la relación entre elecciones y clientelismo, zonas donde hay dominio hegemónico de un partido, tierras y poder político. Nosotros hacemos las alertas y lo importante es que se tomen medidas. Cuando se acaban unas elecciones parece un guayabo festivo, no se hace nada, y cuando llega la otra no estamos preparados.