Balance agrio en la economía del primer año de Duque

Voy a repasar algunos resultados económicos del primer año del gobierno Duque. Señalan los retos, los avances, los retrocesos. Sin importar si esos resultados son mérito o culpa de las nuevas políticas, son el único espejo correcto para contrastar las buenas intenciones recitadas en campaña, con la terca realidad numérica.

En el mercado laboral las noticias han sido muy malas. Hay que decirlo sin atenuantes. El propio gobierno ha empezado a reconocerlo. La tasa de desempleo que venía subiendo décimas esporádicas desde 2015, en los últimos meses se trepó de manera acelerada. El crecimiento del empleo presenta los peores indicadores de la década. Por lo pronto, no se ve ninguna política para atacar esa desgracia laboral: imposible hacerlo cuando el propio Minhacienda Alberto Carrasquilla, en un ataque de honestidad, reconoció que no tienen idea de qué está empujando al desempleo, ni cómo corregirlo.

Por el lado de los precios, las noticias son buenas. Luego del susto de mediados de la década, cuando el clima y la tasa de cambio se aliaron y empujaron la inflación hasta hacerla coquetear con los dos dígitos, el crecimiento de los precios se ha movido dentro o cerca de la franja de tolerancia del Banco Central.

El crecimiento económico es la gran apuesta del gobierno Duque en economía. La Ley de Financiamiento fue presentada como el elemento fundamental que haría crecer la suma de nuestros ingresos a tasas de 4 % anual en el largo plazo. La hipótesis gubernamental es que había que reducir los impuestos empresariales y que, una vez apretado ese botón, se desatarían las fuerzas necesarias para cumplir esa meta. Los números, por lo pronto, no acompañan a las esperanzas del Gobierno: apostaban por un crecimiento de 3.6 % este año; difícilmente llegaremos al 3 %. Para 2020 ya deberíamos estar instalados en 4 %, según las cuentas alegres, pero pareciera que apenas superaremos el 3 %.

Los resultados mediocres en ingreso y malos en el mercado laboral implican que indicadores sociales, en los que habíamos avanzado sin pausa en los últimos años, se hayan frenado: la distribución de ingreso y la pobreza. La Ley de Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males. El primero, una larga lista de exenciones y tratamientos especiales injustificados que premian a aquellos con capacidad de lobby o a los que tiñen su actividad con ciertas características cromáticas anaranjadas; y, el segundo, al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno requiere, las cuentas públicas se descuadraron.

A pesar de esto último, el Gobierno reporta con orgullo una mejoría sustancial en las cuentas fiscales. Saca pecho porque planea terminar el año con un déficit más pequeño que el autorizado por la regla fiscal y mucho menor al de 2018. Sin embargo, la posibilidad de que las calificadoras de riesgo terminen bajando nuestra nota, poniendo en riesgo el grado de inversión, es, paradójicamente, mucho más alta ahora que hace un año. ¿Por qué? Porque los nuevos logros se esconden detrás de cambios en la forma de medir el déficit que han puesto en duda la confianza en esas cuentas. Si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado, lo más probable es que haya crecido.

Y ese hueco fiscal se refleja en uno externo. La OCDE estima que en el primer trimestre nuestro déficit externo llegó a 4.4 % del PIB, el tercero más alto en una lista con las 47 economías más importantes del mundo. Con una tasa de cambio débil desde hace tiempo y con precios favorables del petróleo, un déficit de ese tamaño es la vulnerabilidad más preocupante de la economía colombiana.

En suma, los resultados del año son agrios: muy mal en mercado laboral, mal en cuentas externas, regular en cuentas fiscales, flojo en crecimiento, pobreza y distribución de ingreso; sólo pasa con buena nota en inflación. Quedan hacia adelante retos claves que deben pasar por el Legislativo. Los más importantes para el segundo año de gobierno en materia económica y social son la reforma pensional, los impuestos verdes y la flexibilización laboral. Esos tres retos terminarán de moldear el talante del Gobierno y serán la última oportunidad de hacer reformas de calado en esos frentes.

Ojalá, a la vuelta de un año más, este mismo espacio señale mejores cifras y destaque logros legislativos. Para ese entonces ya se estarán afinando nuevas listas de buenas intenciones y de sonriente photoshops electorales para reemplazar a este gobierno: así de rápido se escapan las oportunidades, especialmente si el primer año se escurre entre sus manos sin logros significativos.

* Ph.D en Economía, Johns Hopkins University. Economista, Universidad de los Andes

Voy a repasar algunos resultados económicos del primer año del gobierno Duque. Señalan los retos, los avances, los retrocesos. Sin importar si esos resultados son mérito o culpa de las nuevas políticas, son el único espejo correcto para contrastar las buenas intenciones recitadas en campaña, con la terca realidad numérica.

En el mercado laboral las noticias han sido muy malas. Hay que decirlo sin atenuantes. El propio gobierno ha empezado a reconocerlo. La tasa de desempleo que venía subiendo décimas esporádicas desde 2015, en los últimos meses se trepó de manera acelerada. El crecimiento del empleo presenta los peores indicadores de la década. Por lo pronto, no se ve ninguna política para atacar esa desgracia laboral: imposible hacerlo cuando el propio Minhacienda Alberto Carrasquilla, en un ataque de honestidad, reconoció que no tienen idea de qué está empujando al desempleo, ni cómo corregirlo.

Por el lado de los precios, las noticias son buenas. Luego del susto de mediados de la década, cuando el clima y la tasa de cambio se aliaron y empujaron la inflación hasta hacerla coquetear con los dos dígitos, el crecimiento de los precios se ha movido dentro o cerca de la franja de tolerancia del Banco Central.

El crecimiento económico es la gran apuesta del gobierno Duque en economía. La Ley de Financiamiento fue presentada como el elemento fundamental que haría crecer la suma de nuestros ingresos a tasas de 4 % anual en el largo plazo. La hipótesis gubernamental es que había que reducir los impuestos empresariales y que, una vez apretado ese botón, se desatarían las fuerzas necesarias para cumplir esa meta. Los números, por lo pronto, no acompañan a las esperanzas del Gobierno: apostaban por un crecimiento de 3.6 % este año; difícilmente llegaremos al 3 %. Para 2020 ya deberíamos estar instalados en 4 %, según las cuentas alegres, pero pareciera que apenas superaremos el 3 %.

Los resultados mediocres en ingreso y malos en el mercado laboral implican que indicadores sociales, en los que habíamos avanzado sin pausa en los últimos años, se hayan frenado: la distribución de ingreso y la pobreza. La Ley de Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males. El primero, una larga lista de exenciones y tratamientos especiales injustificados que premian a aquellos con capacidad de lobby o a los que tiñen su actividad con ciertas características cromáticas anaranjadas; y, el segundo, al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno requiere, las cuentas públicas se descuadraron.

A pesar de esto último, el Gobierno reporta con orgullo una mejoría sustancial en las cuentas fiscales. Saca pecho porque planea terminar el año con un déficit más pequeño que el autorizado por la regla fiscal y mucho menor al de 2018. Sin embargo, la posibilidad de que las calificadoras de riesgo terminen bajando nuestra nota, poniendo en riesgo el grado de inversión, es, paradójicamente, mucho más alta ahora que hace un año. ¿Por qué? Porque los nuevos logros se esconden detrás de cambios en la forma de medir el déficit que han puesto en duda la confianza en esas cuentas. Si midiéramos el déficit de este año con la misma métrica del pasado, lo más probable es que haya crecido.

Y ese hueco fiscal se refleja en uno externo. La OCDE estima que en el primer trimestre nuestro déficit externo llegó a 4.4 % del PIB, el tercero más alto en una lista con las 47 economías más importantes del mundo. Con una tasa de cambio débil desde hace tiempo y con precios favorables del petróleo, un déficit de ese tamaño es la vulnerabilidad más preocupante de la economía colombiana.

En suma, los resultados del año son agrios: muy mal en mercado laboral, mal en cuentas externas, regular en cuentas fiscales, flojo en crecimiento, pobreza y distribución de ingreso; sólo pasa con buena nota en inflación. Quedan hacia adelante retos claves que deben pasar por el Legislativo. Los más importantes para el segundo año de gobierno en materia económica y social son la reforma pensional, los impuestos verdes y la flexibilización laboral. Esos tres retos terminarán de moldear el talante del Gobierno y serán la última oportunidad de hacer reformas de calado en esos frentes.

Ojalá, a la vuelta de un año más, este mismo espacio señale mejores cifras y destaque logros legislativos. Para ese entonces ya se estarán afinando nuevas listas de buenas intenciones y de sonriente photoshops electorales para reemplazar a este gobierno: así de rápido se escapan las oportunidades, especialmente si el primer año se escurre entre sus manos sin logros significativos.

* Ph.D en Economía, Johns Hopkins University. Economista, Universidad de los Andes