Baldíos, terrenos para el debate

Como lo adelantó El Espectador en su edición de ayer, el Gobierno radicó en horas de la mañana el proyecto de ley para crear zonas de desarrollo rural, económico y social. En resumen, la iniciativa busca que se establezcan proyectos asociativos entre empresarios del campo y campesinos en aquellas regiones apartadas en las que producir tiene altos costos.

Concretamente, el articulado modifica la Ley 160 de 1994, que reglamenta lo relativo al acceso a terrenos baldíos. Y precisamente es en este aspecto que surgen las críticas, pues, para algunos analistas, de aprobarse este proyecto de ley, los baldíos, que son propiedad del Estado y que deben servir para que los campesinos sin tierra se hagan de propiedades, terminarán en manos de empresarios.

El Gobierno controvierte esta tesis y afirma, a través del ministro de Agricultura ad hoc, Juan Fernando Cristo, que “será un instrumento muy eficaz hacia el futuro para el posconflicto, porque fundamentalmente buscará un mayor desarrollo agropecuario, generación de empleo y oportunidades para los campesinos, que son quienes más han sufrido la violencia”.

En cuanto a las críticas que advierten que de este modo las tierras en manos de campesinos o las que deberían llegar a ellos van a terminar en manos de grandes empresas nacionales y transnacionales, el superindentente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, responde que “no les vamos a dar propiedad de la tierra. Este no es un tema de traslado de dominios de la tierra, pues el terreno seguirá siendo del Estado. Nunca, con este proyecto, el empresario será el dueño de la tierra”.

De alguna manera, la idea es que las zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidre) sean elegidas por el Gobierno, y empresas agrícolas, forestales o ganaderas se presentan entonces como gestoras y reciben grandes extensiones de terrenos en diferentes modalidades contractuales, como arriendos o concesiones. Esto implica que particulares y empresas accedan al manejo de terrenos baldíos, algo que la Ley 160 de 1994 prohibió.

De alguna manera, se puede decir que para el Gobierno es cierta la hipótesis de que las tierras de regiones como la Orinoquia deben estar en manos de grandes empresas, pues los campesinos no tienen el músculo financiero para hacerlas productivas, ya que el costo es muy alto. Una tesis que generará controversia en el Congreso una vez se inicie la discusión del proyecto de ley.

Como lo adelantó El Espectador en su edición de ayer, el Gobierno radicó en horas de la mañana el proyecto de ley para crear zonas de desarrollo rural, económico y social. En resumen, la iniciativa busca que se establezcan proyectos asociativos entre empresarios del campo y campesinos en aquellas regiones apartadas en las que producir tiene altos costos.

Concretamente, el articulado modifica la Ley 160 de 1994, que reglamenta lo relativo al acceso a terrenos baldíos. Y precisamente es en este aspecto que surgen las críticas, pues, para algunos analistas, de aprobarse este proyecto de ley, los baldíos, que son propiedad del Estado y que deben servir para que los campesinos sin tierra se hagan de propiedades, terminarán en manos de empresarios.

El Gobierno controvierte esta tesis y afirma, a través del ministro de Agricultura ad hoc, Juan Fernando Cristo, que “será un instrumento muy eficaz hacia el futuro para el posconflicto, porque fundamentalmente buscará un mayor desarrollo agropecuario, generación de empleo y oportunidades para los campesinos, que son quienes más han sufrido la violencia”.

En cuanto a las críticas que advierten que de este modo las tierras en manos de campesinos o las que deberían llegar a ellos van a terminar en manos de grandes empresas nacionales y transnacionales, el superindentente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, responde que “no les vamos a dar propiedad de la tierra. Este no es un tema de traslado de dominios de la tierra, pues el terreno seguirá siendo del Estado. Nunca, con este proyecto, el empresario será el dueño de la tierra”.

De alguna manera, la idea es que las zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidre) sean elegidas por el Gobierno, y empresas agrícolas, forestales o ganaderas se presentan entonces como gestoras y reciben grandes extensiones de terrenos en diferentes modalidades contractuales, como arriendos o concesiones. Esto implica que particulares y empresas accedan al manejo de terrenos baldíos, algo que la Ley 160 de 1994 prohibió.

De alguna manera, se puede decir que para el Gobierno es cierta la hipótesis de que las tierras de regiones como la Orinoquia deben estar en manos de grandes empresas, pues los campesinos no tienen el músculo financiero para hacerlas productivas, ya que el costo es muy alto. Una tesis que generará controversia en el Congreso una vez se inicie la discusión del proyecto de ley.