Belisario Betancur: el pionero de la vía política para la paz

“Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos”. Con estas palabras, pronunciadas el día de su posesión como presidente de Colombia, en agosto de 1982, Belisario Betancur Cuartas planteó una vuelta de tuerca a la política nacional al proponer la vía negociada como camino para terminar el conflicto armado. Esa propuesta se concretó 34 años después, pero la decisión de Betancur fue el primer peldaño para alcanzar el objetivo.

Por eso, un mes después de su posesión —mediante el decreto 2711 del 19 de septiembre de 1982— se creó la Comisión de Paz, inicialmente presidida por el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, como este renunció argumentando razones de salud, se designó en su remplazo a Otto Morales Benítez. Mientras la Comisión de Paz organizaba su trabajo, el Congreso de la República sacó adelante la Ley 35 de 1982, que concibió la amnistía para los delitos políticos. Al mismo tiempo, se puso en operación el Plan Nacional de Rehabilitación para aplicarlo en las zonas de violencia.

La primera entrevista con el Secretariado de las Farc se realizó entre el 29 y 30 de enero de 1983 en el municipio de Colombia (Huila) y se logró que, por primera vez en su historia, expresaran su condena al secuestro, la extorsión y el terrorismo. Sin embargo, desde el primer día, el proceso de paz de Betancur tuvo férreos opositores. Entre ellos, las propias Fuerzas Militares, cuyo máximo jerarca, el general Fernando Landazábal, no ahorró palabras para criticar la política de diálogos. Las tensiones crecieron a raíz de las revelaciones sobre la composición del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS).

Betancur le había pedido al procurador Carlos Jiménez Gómez que le dijera al país qué era el MAS. Cuando lo hizo y agregó que entre sus componentes había miembros activos de las Fuerzas Armadas, se incrementó la crítica. En el plano político, el país se polarizó, y fue entonces cuando, el 25 de mayo de 1983, el comisionado Otto Morales Benítez renunció a su misión denunciando a los “enemigos agazapados de la paz” dentro y fuera del Gobierno. En su remplazo asumió John Agudelo Ríos, quien reactivó las comisiones de diálogo y de apoyo a las zonas de violencia.

Hacia octubre, en la demostración de que no había marcha atrás en la búsqueda de la paz por la vía negociada, el presidente Betancur se reunió en Madrid (España) con los líderes del M-19: Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad. A su vez, la Comisión de Paz entró en contacto con el Epl, el Eln y el Grupo Autodefensa Obrera. A pesar de que para la época había comenzado la confrontación con la mafia de Pablo Escobar, hasta el final de 1983 el Gobierno trabajó activamente para ubicar a los beneficiarios de la Ley de Amnistía, con el apoyo de tres altos comisionados para las regiones.

El año 1984 fue el de mayores avances. El 28 de marzo se firmó una tregua bilateral con las Farc, se instaló una Comisión Nacional de Verificación y se sentaron las bases para la creación de la Unión Patriótica. Lamentablemente, el 30 de abril, la mafia asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara, y el Ejecutivo declaró el Estado de sitio y activó la extradición a Estado Unidos. Mientras cobraba forma la guerra del narcotráfico contra la sociedad colombiana, el 28 de mayo, se impartió la orden del cese al fuego con las Farc. El entusiasmo nacional no podía ser mayor.

Entre el 23 y el 30 de agosto del mismo año, la Comisión de Negociación y Diálogo logró nuevos acuerdos de cese al fuego con el Epl, la Autodefensa Obrera y finalmente con el M-19. La Comisión de Verificación fue instalada, surgieron diez subcomisiones temáticas para evaluar asuntos críticos en las regiones y, a pesar de que ya se advertían claros saboteos de violencia al proceso de paz, el año concluyó con la expectativa del desarrollo de la tregua. No obstante, apenas iniciando 1985 comenzaron los obstáculos, sin que la Comisión de Verificación pudiera allanarlos.

La crisis de Yarumales (Cauca) con el M-19 obligó que esta guerrilla se moviera hacia Los Robles, pero empezaron a multiplicarse los reclamos desde ambos flancos por incumplimiento de la tregua. Apenas comenzando 1985 fue designado como ministro de Defensa el general Miguel Vega Uribe y se endureció la política de las Fuerzas Armadas. El Gobierno buscó equilibrarlo fortaleciendo las subcomisiones de diálogo, creando misiones regionales de verificación y constituyendo la Unión Patriótica. La crisis estaba a la vuelta de la esquina.

El M-19 abandonó Los Robles y se desplazó en columnas hacia el Valle del Cauca, y dos de sus negociadores, Antonio Navarro Wolff y Carlos Alonso Lucio sufrieron un atentado en Cali el 23 de mayo. Un mes después, esta guerrilla anunció la ruptura de los diálogos. Al mismo tiempo, las Farc pidieron prorrogar la tregua, pero también reestructurar la Comisión de Paz. Ante la crisis, el Ejecutivo integró a las negociaciones a los presidentes del Congreso, varios líderes políticos y al presidente de la Asociación de Militares Retirados. Pero la suerte ya estaba echada.

El 6 de noviembre de 1985, el M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia y la reacción de las Fuerzas Armadas resultó desastrosa. Un centenar de personas perdieron la vida y aunque el presidente Betancur asumió la responsabilidad de lo sucedido, el hecho hizo trizas el proceso de paz. Aunque el Congreso lo absolvió, el golpe fue contundente. De ahí en adelante, la guerra sucia terminó por hundir el optimismo. El 20 de noviembre fue asesinado en Bogotá el vocero político del Epl, Óscar William Calvo, y esta guerrilla también renunció a la tregua.

Betancur no desistió y antes de terminar 1985 logró un nuevo cese al fuego, esta vez con dos destacamentos del Eln. El 2 de marzo de 1986, a cinco meses de concluir su Gobierno, prorrogó los acuerdos con las Farc y habilitó la participación de la Unión Patriótica en las elecciones legislativas del 9 de marzo. Hasta el último día de su administración, Betancur le apostó a la paz, pero nunca en sus planes estuvo que el paramilitarismo y el narcotráfico se atravesaran en su propósito nacional. La sombra del Palacio de Justicia le impuso un silencio político que mantuvo hasta su muerte.

En el gobierno Barco se hicieron todos los esfuerzos por darle continuidad a las políticas de paz de Betancur. Solo prosperó la paz con el M-19, pues el paramilitarismo y el narcotráfico, además de la intransigencia de la guerrilla, arruinaron toda opción. En la era Gaviria, se intentó la paz en el modelo de la negociación política, en Caracas y Tlaxcala (México). Solo hubo paz con el Epl, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista. En la era Samper, hubo más diálogos con el Eln que con las Farc, pero al final tampoco fue posible terminar con la guerra.

Después llegó la aventura de la zona de distensión en El Caguán en la era de Andrés Pastrana, pero después de cuatro años no fue posible alcanzar la paz con las Farc ni con el Eln. En los tiempos de Uribe se recrudeció la guerra, escasamente hubo acuerdos humanitarios para liberar prisioneros de guerra de las Farc y un accidentado proceso de paz o de sometimiento del paramilitarismo. Finalmente, en 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos logró firmar la paz con las Farc. Él mismo reconoció que el primer paso de esa negociación lo había dado Belisario Betancur en 1984.

“Levanto una blanca bandera de paz para ofrecerla a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos”. Con estas palabras, pronunciadas el día de su posesión como presidente de Colombia, en agosto de 1982, Belisario Betancur Cuartas planteó una vuelta de tuerca a la política nacional al proponer la vía negociada como camino para terminar el conflicto armado. Esa propuesta se concretó 34 años después, pero la decisión de Betancur fue el primer peldaño para alcanzar el objetivo.

Por eso, un mes después de su posesión —mediante el decreto 2711 del 19 de septiembre de 1982— se creó la Comisión de Paz, inicialmente presidida por el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, como este renunció argumentando razones de salud, se designó en su remplazo a Otto Morales Benítez. Mientras la Comisión de Paz organizaba su trabajo, el Congreso de la República sacó adelante la Ley 35 de 1982, que concibió la amnistía para los delitos políticos. Al mismo tiempo, se puso en operación el Plan Nacional de Rehabilitación para aplicarlo en las zonas de violencia.

La primera entrevista con el Secretariado de las Farc se realizó entre el 29 y 30 de enero de 1983 en el municipio de Colombia (Huila) y se logró que, por primera vez en su historia, expresaran su condena al secuestro, la extorsión y el terrorismo. Sin embargo, desde el primer día, el proceso de paz de Betancur tuvo férreos opositores. Entre ellos, las propias Fuerzas Militares, cuyo máximo jerarca, el general Fernando Landazábal, no ahorró palabras para criticar la política de diálogos. Las tensiones crecieron a raíz de las revelaciones sobre la composición del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS).

Betancur le había pedido al procurador Carlos Jiménez Gómez que le dijera al país qué era el MAS. Cuando lo hizo y agregó que entre sus componentes había miembros activos de las Fuerzas Armadas, se incrementó la crítica. En el plano político, el país se polarizó, y fue entonces cuando, el 25 de mayo de 1983, el comisionado Otto Morales Benítez renunció a su misión denunciando a los “enemigos agazapados de la paz” dentro y fuera del Gobierno. En su remplazo asumió John Agudelo Ríos, quien reactivó las comisiones de diálogo y de apoyo a las zonas de violencia.

Hacia octubre, en la demostración de que no había marcha atrás en la búsqueda de la paz por la vía negociada, el presidente Betancur se reunió en Madrid (España) con los líderes del M-19: Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad. A su vez, la Comisión de Paz entró en contacto con el Epl, el Eln y el Grupo Autodefensa Obrera. A pesar de que para la época había comenzado la confrontación con la mafia de Pablo Escobar, hasta el final de 1983 el Gobierno trabajó activamente para ubicar a los beneficiarios de la Ley de Amnistía, con el apoyo de tres altos comisionados para las regiones.

El año 1984 fue el de mayores avances. El 28 de marzo se firmó una tregua bilateral con las Farc, se instaló una Comisión Nacional de Verificación y se sentaron las bases para la creación de la Unión Patriótica. Lamentablemente, el 30 de abril, la mafia asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara, y el Ejecutivo declaró el Estado de sitio y activó la extradición a Estado Unidos. Mientras cobraba forma la guerra del narcotráfico contra la sociedad colombiana, el 28 de mayo, se impartió la orden del cese al fuego con las Farc. El entusiasmo nacional no podía ser mayor.

Entre el 23 y el 30 de agosto del mismo año, la Comisión de Negociación y Diálogo logró nuevos acuerdos de cese al fuego con el Epl, la Autodefensa Obrera y finalmente con el M-19. La Comisión de Verificación fue instalada, surgieron diez subcomisiones temáticas para evaluar asuntos críticos en las regiones y, a pesar de que ya se advertían claros saboteos de violencia al proceso de paz, el año concluyó con la expectativa del desarrollo de la tregua. No obstante, apenas iniciando 1985 comenzaron los obstáculos, sin que la Comisión de Verificación pudiera allanarlos.

La crisis de Yarumales (Cauca) con el M-19 obligó que esta guerrilla se moviera hacia Los Robles, pero empezaron a multiplicarse los reclamos desde ambos flancos por incumplimiento de la tregua. Apenas comenzando 1985 fue designado como ministro de Defensa el general Miguel Vega Uribe y se endureció la política de las Fuerzas Armadas. El Gobierno buscó equilibrarlo fortaleciendo las subcomisiones de diálogo, creando misiones regionales de verificación y constituyendo la Unión Patriótica. La crisis estaba a la vuelta de la esquina.

El M-19 abandonó Los Robles y se desplazó en columnas hacia el Valle del Cauca, y dos de sus negociadores, Antonio Navarro Wolff y Carlos Alonso Lucio sufrieron un atentado en Cali el 23 de mayo. Un mes después, esta guerrilla anunció la ruptura de los diálogos. Al mismo tiempo, las Farc pidieron prorrogar la tregua, pero también reestructurar la Comisión de Paz. Ante la crisis, el Ejecutivo integró a las negociaciones a los presidentes del Congreso, varios líderes políticos y al presidente de la Asociación de Militares Retirados. Pero la suerte ya estaba echada.

El 6 de noviembre de 1985, el M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia y la reacción de las Fuerzas Armadas resultó desastrosa. Un centenar de personas perdieron la vida y aunque el presidente Betancur asumió la responsabilidad de lo sucedido, el hecho hizo trizas el proceso de paz. Aunque el Congreso lo absolvió, el golpe fue contundente. De ahí en adelante, la guerra sucia terminó por hundir el optimismo. El 20 de noviembre fue asesinado en Bogotá el vocero político del Epl, Óscar William Calvo, y esta guerrilla también renunció a la tregua.

Betancur no desistió y antes de terminar 1985 logró un nuevo cese al fuego, esta vez con dos destacamentos del Eln. El 2 de marzo de 1986, a cinco meses de concluir su Gobierno, prorrogó los acuerdos con las Farc y habilitó la participación de la Unión Patriótica en las elecciones legislativas del 9 de marzo. Hasta el último día de su administración, Betancur le apostó a la paz, pero nunca en sus planes estuvo que el paramilitarismo y el narcotráfico se atravesaran en su propósito nacional. La sombra del Palacio de Justicia le impuso un silencio político que mantuvo hasta su muerte.

En el gobierno Barco se hicieron todos los esfuerzos por darle continuidad a las políticas de paz de Betancur. Solo prosperó la paz con el M-19, pues el paramilitarismo y el narcotráfico, además de la intransigencia de la guerrilla, arruinaron toda opción. En la era Gaviria, se intentó la paz en el modelo de la negociación política, en Caracas y Tlaxcala (México). Solo hubo paz con el Epl, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista. En la era Samper, hubo más diálogos con el Eln que con las Farc, pero al final tampoco fue posible terminar con la guerra.

Después llegó la aventura de la zona de distensión en El Caguán en la era de Andrés Pastrana, pero después de cuatro años no fue posible alcanzar la paz con las Farc ni con el Eln. En los tiempos de Uribe se recrudeció la guerra, escasamente hubo acuerdos humanitarios para liberar prisioneros de guerra de las Farc y un accidentado proceso de paz o de sometimiento del paramilitarismo. Finalmente, en 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos logró firmar la paz con las Farc. Él mismo reconoció que el primer paso de esa negociación lo había dado Belisario Betancur en 1984.