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El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no respalda el proyecto de ley radicado el pasado 30 de julio que busca crear un régimen de inspección, vigilancia y control sobre las entidades religiosas en Colombia.
Así lo dijo luego de sostener en la Casa de la Giralda –sede del Ministerio del Interior– una reunión con 30 líderes interreligiosos. La propuesta no ha caído bien entre líderes y representantes de sectores religiosos, como la senadora Lorena Ríos (Colombia Justa Libres).
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“El Gobierno no está de acuerdo. El Estado no está para supervisar el credo ni cuando usted ora ni cuando se reúne el culto. No puede estar gravado. No le puede poner impuestos a orar o a reunirse en culto. Eso no puede pasar”, manifestó Benedetti luego del encuentro. De hecho, dijo que la propuesta sería retirada en los próximos días.
Adicional a ello, el ministro publicó un video en el que insistió en que “la fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental. No nos corresponde regularla, sino que cada persona pueda garantizar su culto y su fe. Este ministerio no juzgará sus convicciones, será guardián derecho a tenerlas. No dejaremos que la burocracia se vuelva obstáculo. Hasta hoy en día, el ministerio no ha presentado ninguna ley que regule, supervise o revise las creencias, el culto o la fe”.
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“Como senadora y parte del sector religioso, le agradezco su atención por el espacio que me concedió el día lunes en su despacho, para que, acompañada de mis autoridades del sector religioso, tratemos las implicaciones de orden constitucional y legal de los proyectos de ley que fueron presentados a consideración del Congreso y que buscan establecer un régimen de inspección, vigilancia y control sobre las entidades religiosas y el reconocimiento de prácticas espirituales en el país”, dijo la senadora Ríos sobre la reunión.
El proyecto de ley 057 de 2025 fue radicado por el senador del Pacto Histórico Alberto Benavides.
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“El Ministerio del Interior o la entidad que haga sus veces ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades religiosas debidamente registradas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Constitución, la ley, el orden público y los derechos fundamentales”, señala el articulado.
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