Comienza a despejarse el camino para la liberación del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Contreras, la abogada Gloria Urrego y dos soldados secuestrados en Arauca. Rodolfo Benítez y Rita Sandberg, representantes de los países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, confirmaron ayer que el Gobierno y las Farc llegaron a un acuerdo para el retorno de los plagiados “a la mayor brevedad posible”. En horas de la mañana, el jefe guerrillero Iván Márquez pidió la reanudación inmediata de los diálogos argumentando que las reglas de juego siempre fueron negociar en medio del conflicto.
Mientras los opositores al proceso de paz aprovechan la coyuntura para lanzar dardos contra la mesa y exigen, como el procurador Alejandro Ordóñez, la liberación de los plagiados para continuar las conversaciones, El Espectador revisó en documentos de las Farc cómo fue desarrollándose el concepto de secuestro para financiar la guerra. Desde la génesis de esta organización ilegal, el plagio con móviles económicos fue interpretado como parte de los costos del sostenimiento de la guerrilla, dineros que debían ser pagados por “terratenientes y oligarcas”.
En los textos de la guerrilla, las alusiones al secuestro se hacen en forma velada y tangencial, y pareciera que las personas adineradas y con tierras inmediatamente se convertían para las Farc en blancos de extorsión. Aunque al principio mostraron su recelo con esta práctica al considerarla un ejercicio de bandoleros, pronto derivaron una conclusión distinta. Por ejemplo, en 1966, en la Segunda Conferencia que refrendó el origen de las Farc, se lee: “Una parte de la financiación debe correr por cuenta de los enemigos más recalcitrantes del pueblo y la revolución”.
Hacia 1978, en la Séptima Conferencia —en donde la organización subversiva delimitó su abecé de la guerra—, la referencia fue la siguiente: “La política financiera tendrá como base los grandes latifundistas y mafiosos enemigos de la revolución”. El pleno ampliado de las Farc de 1987 creó las comisiones financieras por frentes, lo que repercutió en el incremento de los secuestros extorsivos. Hacia 1993, en desarrollo de la Octava Conferencia, la guerrilla dejó constancia: “Los enemigos del pueblo y la revolución siguen siendo objetivos financieros”.
En síntesis, durante más de tres décadas el secuestro fue entendido por las Farc como una forma de tributación obligada para el mantenimiento de sus frentes. Paralelamente, otras guerrillas asociaron el secuestro con una forma alternativa de justicia en donde los objetivos resultaron ser o miembros de las grandes transnacionales o corruptos. El tiempo terminó por decantar el secuestro con un trasfondo económico para saltar al secuestro como botín político en un escenario en el que los rehenes se convirtieron en canjeables.
Los orígenes del secuestro con móviles políticos se remontan, en principio, a las guerrillas urbanas, en especial el M-19. En su momento sirvió para negociar pliegos salariales, para ablandar el despotismo de algunas empresas locales o para presionar al gobierno municipal de turno, siempre en la periferia. Luego empezó a usarse de forma más selectiva. Entre 1975 y 1980, el M-19, con el secuestro del gerente de Sears y la toma de la Embajada de República Dominicana, logró obtener dos millones de dólares, aunque en el entretanto la retención y muerte de José Raquel Mercado les pasó cuenta de cobro.
La toma del Palacio de Justicia en 1985, así como el deplorable asesinato de la Organización Revolucionaria del Pueblo en contra de Gloria Lara en 1982, por quien se pidió un millón de dólares por su rescate, empezó a cambiar las perspectivas de esta práctica criminal. Sobre las Farc habría que decir, tal como se documenta en el libro Contrapoder y justicia guerrillera, del investigador Mario Aguilera, que las comisiones urbanas de esa guerrilla entraron en la década de los 80 en la dinámica de entrelazar secuestros extorsivos y políticos. Un salto cualitativo en la guerra de las Farc.
Esta etapa se desarrolla entre 1988 y 2003, cuando el grupo subversivo dio órdenes expresas de secuestrar y someter a juicios guerrilleros a alcaldes y concejales de todo el país bajo el supuesto de ejercer un control político y hasta exigirles cuentas sobre sus presuntas relaciones con el paramilitarismo. Allí se produjeron las mayores tomas guerrilleras: Las Delicias, Patascoy, Puerto Rico, entre un largo etcétera de incursiones armadas que evidenciaron que la insurgencia pasó de la guerra de guerrillas a una guerra de movimientos y posiciones.
En esa ecuación, el jefe guerrillero Mono Jojoy sentenció que el secuestro y la guerra se trasladarían a las grandes capitales. Así, fueron víctimas una veintena de políticos y tres contratistas norteamericanos, lo que internacionalizó el conflicto. En tiempos del Caguán, las Farc secuestraron sin pudor y llegaron al extremo de tomarse Neiva y sacar del edificio Torres de Miraflores a varios civiles que consideraron sus objetivos. La operación se repetiría un año más tarde con el secuestro de los 12 diputados del Valle, en abril de 2002.
Dos meses antes, todo el proceso de paz de la administración Pastrana se vino a pique tras el secuestro del avión de Aires, en el que viajaba el congresista Jorge Eduardo Géchem. En esencia, esta práctica volvió la vida humana un botín de guerra. Por esa época el periodista Jorge Enrique Botero dio a conocer su documental sobre las cárceles de la guerrilla en la selva. Las cruentas imágenes le dieron la vuelta al mundo y evidenciaron la degradación del conflicto. En un par de ocasiones, guerrilla y Estado se pusieron de acuerdo para unos intercambios humanitarios, pero el secuestro jamás abandonó la trasescena de la guerra.
A pesar de las desconfianzas de la sociedad colombiana con las Farc, el anuncio que hicieron en 2012 en el sentido de que no iban a secuestrar más civiles con fines extorsivos o políticos, le dio un aire de esperanza al proceso de negociación que ya se gestaba. Hoy el panorama volvió a sus tiempos de nubarrones e incertidumbres. Desde La Habana se afirma que el secuestro del general Alzate y sus acompañantes en nada tiene que afectar la mesa de diálogos. El presidente Santos, en la otra orilla, sabe que este episodio bombardea la confianza para continuar las conversaciones. Al cierre de esta edición, delegados de la Cruz Roja buscaban acelerar la liberación de los plagiados.
* @jdlaverde9 / @hgarciasegura
Por Juan David Laverde Palma - Hugo García Segura
