"Bodeguita" uribista: “Lo peor es que ese ataque sea promovido por funcionarios”

Carlos Cortés se pregunta: “¿Cómo es posible que el asesor digital del Presidente de la República, Víctor Muñoz, haya liderado este tipo de estrategias?”. / José Vargas - El Espectador

Esta semana la Liga contra el Silencio publicó el resultado de una investigación que hizo sobre un grupo de Whatsapp creado por funcionarios cercanos al presidente Duque. A su origen oficial se debe el título: “En las entrañas de una ‘bodeguita’ uribista” (Léalo aquí). La Liga encontró una campaña de mensajes deslegitimadores orquestada desde ese sitio contra medios y periodistas incómodos para el Gobierno. ¿Qué opina de este caso?

Lo más valioso de esta investigación es que documenta un aspecto fundamental que suele ser invisible: cómo se coordinan los ataques en redes sociales. Es común que veamos, en Twitter, tendencias agresivas con mensajes y narrativas similares. Y aunque intuimos que se trata de una acción conjunta, nunca se sabe ni cómo ni quiénes la planean. En este caso queda claro que dos funcionarios del Gobierno –uno de ellos, ni más ni menos que el consejero presidencial para la Transformación Digital– lideraron una estrategia de contenidos muy cuestionable. Es importante que la opinión pública lo sepa. También lo es que quienes lideran esas prácticas sean conscientes de que corren un riesgo cada vez más alto de quedar expuestos.

Pero, después de la publicación del revelador informe, la respuesta de los denunciados y de sus seguidores fue la de reafirmarse, en tono retador, en todo lo que hicieron. Algo así como “sí, y, ¿qué?” ¿No será que, en lugar de sanción, la exposición pública de los creadores de mala fama digital les sirve para ser recompensados por sus jefes?

Esa reacción es, ante todo, pensada para que su base, para los actores para los que ellos trabajan, y para quienes son sus aliados. Argumentan que se está desconociendo su propia libertad de expresión, pero el hecho es que quedaron públicamente expuestos y que su estrategia genera preguntas y reproches.

Según revela la investigación de la Liga, al grupo de Whatsapp, creado por los dos subalternos del jefe de Estado, se integraron 88 usuarios más que comparten la misma causa política. Su estrategia abierta era la de “posicionar temas de interés” del Gobierno, pero la real era atacar a una parte de la prensa. En el mundo digital, ¿ese tipo de actividades “plantea interrogantes éticos y políticos”, como dijeron unos expertos?

Casi nada de lo que pasa hoy en redes sociales es espontáneo. Las marcas, las ONG, los medios de comunicación, los partidos políticos, todos, intentan coordinar acciones y actores para generar un mayor impacto. La atención de la gente está dispersa por una oferta de contenidos interminable y de tiempo limitado. Por eso es corriente buscar fórmulas para captar la atención: divulgar mensajes a la misma hora, usar la misma etiqueta, enfocar el mensaje en ciertos puntos, etc. Pero no todas las estrategias son válidas: invadir la conversación con ataques y estigmatizaciones es envenenar el debate público. Lo peor es que esa iniciativa haya sido promovida por funcionarios públicos e integrantes del partido de Gobierno.

¿Cree que esas tácticas constituyen abuso de poder en el sentido de que quienes la practican, usan recursos del Estado y se sienten protegidos por el Gobierno, mientras que si hubiera un grupo similar en contra del Ejecutivo seguramente sería investigado?

Me pregunto cuál sería el debate, hoy, si esta bodega hubiera sido cercana a Gustavo Petro: estaríamos hablando de corrupción o algunos habrían señalado de delitos a quienes la integraran. Pero, de alguna manera, el uribismo, así como otros grupos políticos, han vuelto normal este tipo de estrategias de comunicación. Se bajó el estándar ético de lo que, en otras circunstancias, sería inaceptable.

Es un hecho que los mensajes generados por los funcionarios del Gobierno se difundieron masivamente. ¿Cuánto daño real producen estrategias como esa, más allá del ruido momentáneo que causan?

Cuando se publicó la denuncia de la Liga, leí comentarios de algunas personas diciendo que era una exageración y que, como conté antes, ese grupo tenía derecho a asociarse y expresarse libremente. Están equivocadas. Por supuesto, no todo lo que hizo esta “bodeguita” es igual: en algunos casos, simplemente sus miembros defendían a Iván Duque o al expresidente Uribe, y están en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, en la gran mayoría de los episodios el objetivo claro era descalificar, intimidar y silenciar al contrario. El ruido de ese bando es tan estridente, que el mejor mecanismo de defensa que encuentran sus víctimas es callarse. El público puede empezar a desconfiar de los atacados o, simplemente, abandonar cualquier pretensión de entender lo que está pasando, una denuncia de corrupción, por ejemplo. Es decir, el daño es real.

¿Puede llegar a ser grave e irreparable? Por ejemplo, que del matoneo en redes, ¿alguien pase a asesinar al blanco de los ataques?

Hay que tener cuidado en equiparar los ataques digitales a una amenaza física que pueda llegar a concretarse. Sin embargo, sí existe el riesgo de que este tipo de ataques instigue o incite una conducta violenta.

La participación de dos o tres funcionarios de la Casa de Nariño, que trabajan al lado del presidente de la República, ¿hace a Iván Duque responsable ético o judicial de lo sucedido?

Judicialmente es posible que haya una violación del derecho al buen nombre de las personas que recibieron esos ataques. No olvidemos que varias de las tendencias que querían posicionar, estaban montadas sobre información falsa o manipulada. Pero la pregunta más relevante es de carácter ético: ¿cómo es posible que el asesor digital del presidente de la República, Víctor Muñoz, haya liderado este tipo de estrategias? ¿Cómo es posible que, de manera directa o indirecta, nuestros impuestos financien la gasolina que ayuda a “incendiar” las redes sociales?

En la investigación se identificaron plenamente a los generadores de los mensajes contra las periodistas Camila Zuluaga (Caracol Televisión) y Catherine Juvinao, a quien, al parecer, sacaron de Caracol Radio por sus opiniones; y contra la W Radio y Noticias Uno, así como la mayoría de sus compañeros de chat. ¿Los efectos de estas campañas sucias se amplían si los autores de las mismas son personas de carne y hueso en lugar de anónimas?

Nuestra relación con las redes sociales y con la tecnología en general no es estática. Hoy la gente es un poco más crítica que antes frente a las cuentas anónimas que lideran ataques y difunden desinformación. En esa medida, estrategias conjuntas como la de la “bodeguita” requieren de “influenciadores” y de actores políticos concretos para generar credibilidad. También es fundamental para que las tendencias y los mensajes tengan una adopción espontánea entre la gente –difusión orgánica–. Como explicó la Liga, muchas de las tendencias promovidas por la “bodeguita” fueron compartidas por usuarios influyentes que no eran parte del grupo original de Whatsapp y que probablemente no conocían la coordinación que había detrás. Ese es un indicador de éxito de la estrategia.

Pues, precisamente, los mensajes manipuladores de la “bodeguita uribista” fueron compartidos, desde sus propias cuentas, por un grupo notable de congresistas del Centro Democrático (Cabal, Chagüi, Valencia, Macías, Mejía, Guerra, entre otros). ¿Esto indica que hubo una directriz política en el mundo físico para incrementar los resultados del mundo virtual?

El entorno digital complementa y retroalimenta el entorno físico. Son dos espacios interdependientes. Los políticos saben que el juego de la calle continúa en las redes sociales, y buscan llevar su mensaje a esos canales. No obstante, la idea de que el debate político se define a punta de “likes” y “retuits” es equivocada. Estrategias como las de la “bodeguita uribista” pueden servir para su base y para minar la credibilidad del contradictor, pero no necesariamente le van a llegar a una audiencia más amplia. En este caso, los mensajes que difundieron los funcionarios del Gobierno y los alfiles del uribismo guardan concordancia con una estrategia que vimos desde el plebiscito. Y aunque les sirvió para hacer oposición y ganar una elección, no les ha sido útil para gobernar. A punta de estigmatizaciones y desinformación no se construye nada.

De todos modos, obtuvieron el poder. ¿No le parece mucho?

Es cierto. La crisis que enfrenta la democracia en el mundo actual tiene que ver con que este tipo de estrategias sirve para ganar elecciones. Lamentablemente es una realidad. La pregunta es si uno puede construir legitimidad cabalgando en la indignación general basada en falsedades y señalamientos.

Estas tácticas de descrédito digital violan las normas de la democracia. ¿No será hora de que esta ajuste sus reglas al mundo de las plataformas y de la interconexión inmediata?

En todos los instrumentos internacionales de derechos humanos la libertad de expresión se protege por ser la piedra angular del debate democrático. La información, las opiniones y la deliberación sustentan el voto y el control del poder público. El problema que enfrentamos es que, en el entorno digital, este horizonte se desdibuja. ¿Podemos asegurar que una acción coordinada para atacar a alguien es un ejercicio legítimo de libertad de expresión? ¿La desinformación sistemática es parte de la deliberación democrática? Son preguntas complejas. Tenemos mucho de qué hablar: de diseño de las plataformas, de alfabetización de los ciudadanos y de autorregulación de las instituciones, empezando por los partidos políticos.

En todo caso, ¿se podría concluir que se están degradando las conductas políticas con tal de lograr un objetivo sin considerar la legitimidad del medio que se emplee?

Lo que se está viendo es que cualquier estrategia que, en últimas, sirva para atacar al contrario o para convencer a la base es “legítima” si cumple con su objetivo. En Estados Unidos, Trump está celebrando una victoria política que logró gracias a una andanada de ataques, manipulaciones y mentiras que lo sostienen en el poder. Si esa estrategia funciona en la democracia estadounidense, no es raro que la copien aquí, también, unos grupos o partidos políticos.

A la investigación de la Liga sobre la “bodeguita uribista” se suma otra, de 2018, en Medellín, que descubrió la denominada “bodega de Fico”, en alusión al entonces alcalde Federico Gutiérrez. Se encontró que la “bodega paisa” fue creada por el secretario de Comunicaciones de Gutiérrez con perfiles falsos en Facebook y Twitter para aplaudir al alcalde, atacar a sus contradictores y promocionar la candidatura de Iván Duque. ¿Es inevitable que las campañas políticas cuenten con estrategias digitales similares para tener éxito electoral?

Las redes sociales son un campo en disputa y el botín es nuestra atención: lo que no se ve, no existe; lo que no se comparte, no pasó. Eso es así siempre, pero durante las campañas políticas es, en especial, relevante porque el candidato necesita generar atención y traducirla en votos. De manera que sí, lamentablemente estas estrategias digitales se volvieron esenciales no solo durante la contienda electoral, sino también para mantenerse vigente. Es importante aclarar algo: las bodegas no son un monopolio del uribismo. En mayor o menor medida están en todo el espectro político. El año pasado en Linterna Verde (centro de internet) analizamos el ataque que sufrió en redes el presidente Duque cuando se difundió un rumor sobre su vida personal. Encontramos que la tendencia surgió en cuentas anónimas con una buena base de seguidores que suelen promover causas cercanas a la izquierda y al petrismo.

¿Se le puede adjudicar, entonces, responsabilidad por esa actividad a Petro o a su movimiento? Pregunto porque el caso del Gobierno es más grave debido a que los implicados son funcionarios del Estado y los paga el erario...

Los líderes políticos tienen un nivel de responsabilidad en los ataques y la desinformación que implica a sus bases. Aunque en el caso que menciono, Gustavo Petro no tuvo participación directa, es común que él difunda información falsa o que ataque directamente a otros actores de la política desde su cuenta de Twitter. Y esto también genera responsabilidad.

Cuando los seguidores de Uribe, Petro o de cualquier otro protagonista político atacan de manera desleal y casi delictiva a sus opositores, ¿estos líderes deberían desautorizarlos o al menos pedirles mesura?

Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), constantemente exhortan a los líderes políticos a que envíen mensajes a sus bases para desactivar la tensión en las redes sociales, pero ninguno lo hace.

Los usuarios de las redes sociales que las emplean, pero no son expertos en ellas, ¿cómo pueden defenderse de mensajes manipuladores de partidos, gobiernos o campañas individuales de difamación contra “blancos” definidos en la oscuridad?

Hay un estado de confusión y desgaste en el uso de las redes sociales. La gente se siente abrumada, susceptible y desinformada. Estamos atrapados en una máquina tragamonedas: aparecen fragmentos de información, jalamos la palanca y aparecen otros, jalamos, pero no estamos entendiendo nada. No es un problema, simplemente, de tecnología. Necesitamos entender mejor las prácticas, las tendencias, a los “influenciadores”. Tenemos que ser más escépticos frente a lo que leemos, cuestionar más a los actores que difunden desinformación y ataques. Y, sobre todo, no portarnos como si fuéramos la barra brava de un estadio.

Estrategia oficial de ataques y desprestigio

La Liga contra el Silencio, una alianza de periodistas y medios que combate la censura en el país y que trabaja de la mano de la Fundación para la Libertad de Prensa, reveló esta semana los resultados de una investigación que adelantó durante cuatro meses. A partir de los mensajes de un grupo de WhatsApp creado por dos altos funcionarios del Gobierno Duque que trabajan de la mano del mandatario, y con la participación de dos cercanos subalternos del expresidente Uribe (su jefe de prensa y un asesor de su unidad de trabajo), más unos 80 seguidores del partido oficial, se develó una estrategia de ataques y desprestigio, en redes sociales, de por lo menos dos medios de comunicación: Noticias Uno y W Radio, y de dos periodistas: Camila Zuluaga y Catherine Juvinao. Aunque el objetivo abierto del grupo era “tener información de primera mano sobre temas relevantes...” el propósito verdadero era difundir, masivamente, mensajes que afectaran la credibilidad y el buen nombre de sus víctimas de la prensa que, fueron señaladas en ese “chat” y contra las cuales se crearon lemas (hashtags) repetidos miles de veces para generar efectos negativos en el público. Las consecuencias judiciales se desconocen pero las éticas están siendo analizadas.

“Algunos tienen interés político; otros son mercenarios”

Los iniciadores del ‘chat’ dañino fueron Claudia Bustamante, actual cónsul de Colombia en Orlando (E.U.), y el polémico consejero presidencial para la Transformación Digital, Víctor Muñoz quien salió por un escándalo derivado de este pero entró, otra vez, al Gobierno. También fue mencionado Juan Pablo Bieri, actual asesor de Comunicaciones de la Presidencia, reconocido censor de un programa de televisión pública. En términos políticos y morales ¿qué importancia tiene el origen humano de esta estrategia de descrédito?  

 Existe la idea equivocada de pensar que los ataques en Twitter los llevan a cabo cuentas automatizadas – ‘bots’–. Tal vez eso haya sido cierto pero, hoy por hoy, ese tipo de actividad tiene un rol secundario. Lo que estamos enfrentando, no solo aquí sino en todo el mundo, es una acción combinada de cuentas con nombre y apellido, “influenciadores” y usuarios anónimos con una enorme capacidad de impacto. Las motivaciones son variadas: algunas personas, como en este caso, pueden tener un interés político; otras, simplemente son mercenarias. También hay una combinación de las dos y esto hace más difícil que plataformas como Twitter o Facebook puedan enfrentar la situación. Pero, de nuevo, para mí lo más preocupante de este episodio es su origen oficial y partidista.