¿Qué opina sobre la posesión presidencial que se realizó en un escenario de conciertos de música popular y fuera del Capitolio, sede natural del Congreso de la República? Esa decisión no parece rendirles honor a los símbolos y tradiciones usados en el acto solemne que significa la iniciación de un nuevo periodo de Gobierno…
La posesión presidencial fuera de Bogotá pretende enviar un mensaje de autonomía territorial y descentralización que, obviamente, es novedoso y audaz porque se sale de los moldes tradicionales del poder en Colombia. Si se quiere, es provocador. Por ende, genera debate y controversia. Al parecer, se busca una nueva simbología por parte del Gobierno que llega, aunque, después de todo, es una cuestión de formas y no de fondo que se puede compartir o rebatir, pero que no es esencial. Finalmente, lo trascendente es que De la Espriella se posesionó ante el Congreso de la República en un escenario civil, y no en una guarnición militar como era la intención inicial; ese sí era un verdadero despropósito. La reacción oportuna y eficaz de la opinión pública y la posición firme del expresidente saliente, impidieron un acto que hubiera afectado nuestra tradición democrática y civilista.
¿Por qué, a su juicio, la posesión presidencial en un sitio militar puede afectar la democracia? En aras de la discusión, si solo se trataba de una manera de agradecerles a las Fuerzas Armadas - como se presentó esa decisión por parte del nuevo círculo del poder Ejecutivo -, ese gesto no debería ser interpretado como una alteración fundamental del sistema civilista.
Todos los homenajes que se les puedan hacer a las Fuerzas Militares y de Policía son justos. Han sacrificado muchas vidas, durante décadas, para defender a los colombianos. Pero, en ningún caso, debemos olvidar el histórico discurso de Alberto Lleras Camargo, en el Teatro Patria de Bogotá, cuando comenzaba el Frente Nacional. En ese discurso se consagró, como un elemento fundante de la nueva etapa democrática del país, la inconveniencia de que la fuerza pública participe en política. Con la pretendida posesión en una guarnición militar, se ponía en duda la subordinación militar al poder civil.
Hablando de tradiciones y simbología, al nuevo jefe de Estado tampoco le place que Bogotá sea la capital política del país ni que la Casa de Nariño sea su residencia oficial. Por eso, ha propuesto a Barranquilla como sede alterna, además de otras sedes en Medellín y Cali. Se ha dicho que se necesita “desbogotanizar” y descentralizar el poder gubernamental. Con esos actos, ¿se logrará mayor autonomía de departamentos y municipios, como se ha prometido?
Realmente, la autonomía territorial que necesitamos con urgencia puesto que padecemos un centralismo asfixiante, no se define por el lugar desde donde se ejerce el poder central. Cambiar o alternar la sede del Gobierno no significa nada. Rafael Núñez (con cuatro periodos presidenciales no consecutivos, entre 1880 y 1894) gobernó desde Cartagena e impuso, desde allá, un férreo régimen centralista que duró más de 100 años. Únicamente lograremos derrotar el centralismo, que termina siendo el causante de muchos de los males que afectan, hoy, a Colombia, si se les otorgan mayores competencias y recursos a los departamentos y municipios.
Pero, ¿sí es cierto que Bogotá ha acaparado todo el poder político y económico del Estado?
No. Hay que advertir que Bogotá no es la responsable del centralismo que nos aqueja sino otra de sus víctimas. La postura del recién posesionado Gobierno contra la capital de la República, más parece fruto de su injusta antipatía hacia ella. Esta ciudad no merece ser satanizada como lo están haciendo. La lucha a favor de la descentralización debe dirigirse contra el Ejecutivo central, no contra Bogotá.
Desde hace algunos años, usted ha estado obsesionado con la descentralización del país. Cuando fue ministro del Interior del gobierno Petro, impulsó en el Congreso – y logró la aprobación – de una reforma constitucional en ese sentido. En concreto, ¿qué se aprobó y cómo se favorece la autonomía territorial con ese acto legislativo?
El acto legislativo 03 de 2024 (con el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios), es la más profunda reforma que se haya hecho a la Constitución del 91 para hacer realidad la fallida promesa de descentralización, que se realizó hace más de 35 años. Logramos el consenso de todas las bancadas, precisamente para aumentar, de manera significativa, el traslado de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), a las regiones. Hoy, solo $25 pesos de cada $100 provenientes de los ingresos corrientes de la Nación, llegan a los entes territoriales. Con el acto aprobado, a partir del año 2027 comenzará a crecer esa suma hasta llegar a $39.5 pesos por cada $100, en 2037. Esta sí es una verdadera revolución territorial que tiene que reglamentarse mediante la aprobación de una ley de competencias.
Según esa reforma constitucional, ¿con cuáles porcentajes se incrementan las transferencias, para cuáles ciudades y regiones, y cómo deben calcularse? ¿Según tamaño poblacional y presupuesto asignado?
Se aumentan para todos los departamentos y municipios de Colombia. Como lo señalé, crecerán las transferencias del SGP hacia los territorios en forma muy significativa, año tras año, en la próxima década. Se garantiza que un porcentaje fijo de los ingresos corrientes de la Nación vayan a esos territorios. En la Carta Política de 1991 se estableció que el 46.5 % de los ingresos iría a las regiones. Pero una reforma constitucional, en el gobierno Pastrana, cambió la forma de calcular el giro de las transferencias; y, en la práctica, volvió al pasado y “recentralizó” el Estado. Se instaló, entonces, una fuerte contrarreforma regresiva que redujo, en forma dramática, los recursos que recibían los departamentos y municipios para atender sus problemáticas en salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
¿Hay algunos indicadores, en cifras, que puedan ejemplificar los efectos de la que usted llama “fuerte contrarreforma regresiva”?
Sí. Por ejemplo, y más recientemente, entre los años 2021 y 2025 el Gobierno nacional se quedó, al menos, con $400 billones de pesos que correspondían a las regiones. Ya esa platica se perdió y no se podrá recuperar; pero la actual reforma impedirá que continúe el crecimiento desmesurado de un Ejecutivo central voraz, gigante, atrofiado y burocratizado, que ha limitado las posibilidades del desarrollo regional.
¿Por qué es necesaria, además de la reforma constitucional aprobada, una reglamentación específica como la de la llamada “ley de competencias” para poder activar la redistribución de los recursos de la Nación?
Se requiere porque así como se aumentan los recursos que deben girarse a las regiones, hay que trasladarles, también, competencias, aunque de manera gradual. Ese proceso debe ser regulado por ley. El propósito final de la descentralización es reducir, en forma importante, el tamaño del Estado central mientras se fortalecen los Estados departamental y municipal con cuyos gobernantes, los ciudadanos sí tienen contacto directo y pueden esperan que les sean resueltas sus necesidades básicas, las mismas que el Gobierno nacional ha sido incapaz de solucionar. Cuando el objetivo de asignarles más recursos y más competencias a los territorios se logre, podrán eliminarse o reestructurarse muchas instituciones nacionales que tienen funciones que los entes territoriales pueden manejar de mejor manera, repito, porque son más cercanos a las comunidades y a la gente.
Su tesis es plausible pero no necesariamente tiene que ser exitosa. Definitivamente, ¿usted cree que el gobierno central es más ineficiente que la ineficacia que podrían llegar a presentar algunos entes territoriales?
Le contesto de esta manera: pretender que un país tan grande como Colombia, con más de 50 millones de habitantes, se puede controlar de manera centralizada, es absurdo e irreal. Esa forma de gobierno ya no existe en casi ninguna parte del mundo. No podemos continuar siendo dirigidos por un Estado central en el que - por poner otros ejemplos -, el Departamento (nacional) para la Prosperidad Social (DPS) se encargue de construir vías urbanas o de hacer plazas de mercado; o que Invías termine trazando caminos terciarios. Esas son tareas de los alcaldes y gobernadores quienes pueden ejecutarlas de mejor manera porque están familiarizados con su territorio y su gente. Y quiero añadir algo: desde Bogotá, Barranquilla o Medellín, el Estado central tampoco tendrá la capacidad de resolver los problemas territoriales.
Ya con usted fuera del Gobierno pasado, la administración Petro presentó un proyecto de ley de competencias, precisamente para desarrollar la reforma constitucional de descentralización. Pero es seguro que ese proyecto se va a desechar ¿Se truncará la esperada descentralización con el nuevo Ejecutivo?
La discusión y aprobación de la ley de competencias es necesaria y urgente. Además, es una oportunidad para que el Gobierno que acaba de posesionarse, y que ha planteado la necesidad de ajustar el tamaño del Estado central, la adelante. Como dije, la norma constitucional ya es un paso gigantesco hacia una mayor autonomía territorial y descentralización en el país, pero debe estar acompañada de la ley de competencias para que ese proceso se cumpla en forma gradual, ordenada y sostenible desde el punto de vista fiscal. Sin esa ley, veremos al presidente de la República actual o a quienes lo sucedan, despachando desde Cali, Medellín, Bucaramanga o Quibdó pero nada cambiará, en el fondo, porque el Gobierno nacional seguirá asfixiando las posibilidades de desarrollo de las regiones, lo que es esencial para que un país, en este caso, Colombia, crezca de modo equilibrado. Si no cerramos las brechas territoriales, jamás podremos tener niveles de crecimiento económico por encima del 5%; no lograremos seguridad y paz, y no derrotaremos la pobreza y la desigualdad.
El proyecto de ley de competencias que, finalmente, presentó el gobierno Petro, ¿era positivo para las regiones, aunque hubiera sido presentado a destiempo?
La administración saliente se demoró mucho en presentar el proyecto de ley. Solo vino a radicarlo a finales del año 2025 y careció de suficiente concertación con los entes territoriales o con los gobernadores y alcaldes. En ese proyecto, que se apartó de la letra y el espíritu de la norma constitucional, se privilegió lo sectorial sobre lo territorial. Quiere decir que no se abordó el necesario tema de la transferencia de nuevas competencias a los territorios, ni la reestructuración del Estado central. Sin embargo, era un buen punto de partida para la discusión y la concertación en el Congreso. Lamentablemente, llegó la campaña electoral que hizo imposible su debate en Senado o Cámara.
Usted les hizo llegar una comunicación a los ministros y vicepresidente del gobierno De la Espriella para conversar sobre el trámite del proyecto de ley de competencias, ¿qué pretendía lograr con su intención de apoyar ese trámite?
Envié la carta al nuevo Gobierno porque nuestro partido, En Marcha, fue el autor del acto legislativo. Y, después, cuando era ministro el Interior, tuve la oportunidad de hacerlo aprobar en su segunda vuelta, en contra de toda la tecnocracia centralista. Considero que más allá de las diferencias políticas, es indispensable avanzar en la autonomía territorial y ese propósito genera grandes consensos en el país. Si no cambiamos la forma de administrar el Estado, no cambiaremos los resultados de la gestión pública. Este Gobierno tiene la posibilidad de hacerlo y concretar acuerdos. En nuestro partido encontrará siempre la disposición al diálogo.
No creo que alguien, en la actual administración, valore su disposición. Por el contrario, no le parezca raro que alguno de los nuevos funcionarios públicos le haga un desplante como algunos que ya han hecho…
Es cierto que, hasta el momento y por distintas actitudes y declaraciones públicas, pareciera que el Gobierno De la Espriella no ha cambiado el dial de la campaña. Habrá que mirar si ya sentados el presidente y los ministros en sus despachos, modifican esa actitud sectaria o si no lo hacen. En cualquier caso, para nosotros, la ley de competencias y la autonomía territorial está por encima de las mezquindades políticas.
Parece claro que usted no tendrá ninguna interlocución con este Gobierno, menos aún, habiendo sido ministro de la administración Petro ¿Le preocupa esta circunstancia política y social que vivirá durante los próximos cuatro años?
Sinceramente, no me preocupa. Lo que me inquieta es que retiren el proyecto y no tengan nada preparado; y se agota el tiempo para aprobar la ley. He sido ministro, y entiendo que las agendas de los nuevos funcionarios se encuentren congestionadas en estos momentos. De otro lado, tuve una conversación amable con Rodrigo Lara (ministro del Interior) sobre el tema. Ojalá se tome la decisión de avanzar con los distintos sectores en la concertación de esta ley que puede ser bien compleja. La posibilidad de que se concrete una verdadera descentralización, existe y está presente. Vi interesado a Lara. Esperemos a que se posesione.
Pues, antes de posesionarse, el ministro Lara ya aseguró que “lo primero que hará” este gobierno que acaba de iniciar labores, será retirar el proyecto presentado por la administración que acaba de salir. Como no ha habido tiempo de evaluarlo ni de estudiarlo, ¿cree que lo descartan por venir del equipo Petro?
Creo que se equivocan en la decisión de retirarlo porque el proyecto presentado puede ser un buen punto de partida, aunque necesite muchas y profundas modificaciones. La verdad es que el ministro acoge una solicitud de los gobernadores, y lo retira. Espero que, con sentido de urgencia, se trabaje un nuevo proyecto con la mayor celeridad, como lo anunció él mismo. Más allá de si el proyecto es de este Gobierno o del anterior, lo que interesa es sacar adelante una buena ley de competencias que reestructure el manejo del poder y los recursos en Colombia. Tenemos hasta el 31 de diciembre para su aprobación. Es clave que los nuevos ministros tengan claro esta circunstancia.
¿Por qué hasta el 31 de diciembre? ¿Qué sucede si no se aprueba en este lapso?
El acto legislativo establece que la ley de competencias es un requisito para que la nueva norma constitucional pueda comenzar a aplicarse a partir del primero de enero de 2027. Si, por desgracia, el actual Gobierno y el Congreso no cumplen con sus responsabilidades, se abriría un debate jurídico sobre la posibilidad o no, de aplicar un texto constitucional aprobado por amplias mayorías hace ya casi dos años. Ese sería un escenario indeseable.
Las promesas de adelantar una descentralización concreta que les dé alas a los mandatarios locales, podrían tropezar con los intereses de concentración de poder económico y de control del Gobierno central ¿Piensa que la administración De la Espriella cumplirá o fallará, a la hora de la verdad?
A ningún gobierno central o a ningún ministro de Hacienda les interesa perder poder, recursos y manejo. Ese es el grave obstáculo del centralismo que padecemos. Soltar el poder no es fácil y por eso los voceros regionales tienen que ejercer presión con el fin de que el Gobierno, que dice ser amigo de la autonomía y la descentralización, no pierda esta enorme oportunidad de ser justo con los departamentos y municipios. Los actuales gobernadores y alcaldes participaron activamente en los debates y aprobación del acto legislativo y nos apoyaron. Ojalá mantengan su interés y exijan de la administración De la Espriella un compromiso efectivo para convertir la autonomía territorial en una política de Estado. Es un debate que deben impulsar los territorios que son las víctimas, pero no de Bogotá, sino del Gobierno central.
“(Fue) una actitud sectaria (la de no invitar a los expresidentes). Mal comienzo”
Usted hizo saber hace pocos días, que les envío una comunicación a los recién designados vicepresidente y ministros del Interior y de Hacienda, para apoyarlos en el trámite del proyecto de ley de competencias. Pero antes de que me responda la pregunta sobre este tema, le planteo una curiosidad: ¿usted fue invitado al acto de posesión presidencial en Cali o lo ‘blanquearon’ como a la excandidata Paloma Valencia, al presidente de la JEP, y a los expresidentes Santos y Samper?
(Risas) No me invitaron y tampoco estaba esperando que lo hicieran. Esa es una decisión política o personal, como sucedió con Paloma Valencia. Caso distinto es el de los expresidentes Samper y Santos, y el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli. Me parece, además de una equivocación, una afrenta innecesaria no a ellos, sino a la institucionalidad del país. Esa actitud antidemocrática y sectaria no tiene antecedentes en la historia nacional y ha sido cometida por un Gobierno que, en campaña, pregonaba su respeto por el Estado. Mal comienzo.
