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En medio del debate púbico que surgió luego de que a la Contraloría General de la República le quitaran la facultad para investigar a los aforados del país, en la ponencia de la reforma a la justicia se incluyó una idea para regresar dicha potestad al ente de control fiscal.
La idea es que con la única excepción del presidente, el vicepresidente y los magistrados de la Corte Constitucional, la Contraloría pueda ejercer el poder de control fiscal en contra de todos los funcionarios del país.
El presidente de la comisión primera del Senado, Luis Fernando Velasco, dijo que al tratarse de procesos administrativos, se debe permitir a la Contraloría llegar a ejercer dicho poder.
El artículo 257 de la reforma establece: “El control fiscal sobre los aforados constitucionales será ejercido por la Contraloría General de la República. Lo anterior no se aplicará al Presidente de la República o a quien haga sus veces, al Vicepresidente de la República y a los magistrados de la Corte Constitucional”.
¿Qué dice el Gobierno?
El Gobierno Nacional se ha mostrado partidario de mantener el poder fiscal en manos de la Contraloría.
En medio de la polémica por quién debe tener la competencia para investigar el carrusel de pensiones de la justicia -luego de que unos conjueces le quitaran el proceso a la contralora Sandra Morelli Rico- el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que los procesos fiscales deben seguir en la Contraloría.
"Es que la historia ha dicho siempre que el control fiscal es una tarea que le corresponde a la Contraloría General de la República, que para eso es la Contraloría, eso es lo que ha dicho la historia constitucional y legal del país", aseguró Esguerra al ser consultado por los periodistas.
Más temprano, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, criticó el sistema de conjueces del país.
Según él, "no nos dejan de preocupar" que se conviertan actividades netamente administrativas en judiciales. "No es lógico y no lo entendemos como ciudadanos y mucho menos como servidores de la justicia", sostuvo.
"Siempre hemos promulgado porque lo que es disciplinario sea administrativo y no judicial", remarcó el magistrado al ser consultado por los periodistas, al concluir una reunión con el Partido Conservador.
Sin embargo, prefirió no advertir una posible extralimitación de las funciones de los conjueces que nombró el Consejo Superior de la Judicatura pues actualmente ese caso es materia de estudio por parte del mismo Consejo de Estado.
Finalmente, Gómez dijo que en muchos casos el sistema de conjueces genera "distorsiones" que preocupan a la sociedad y a la misma rama judicial.
Por El Espectador
