Buscan prohibir uso de bienes o recursos públicos para espectáculos taurinos

El proyecto indica que plazas como la Santa María en Bogotá no podrían destinarse para la fiesta brava y, en su lugar, los taurinos tendrían que desplazarse a otro tipo de escenarios. Eso sí, de carácter privado. /Archivo

Si bien en los últimos años han sido radicados –sin éxito– varios proyectos en el Congreso para prohibir las prácticas taurinas en el país, en la Cámara de Representantes fue presentada una iniciativa que, aunque no las restringe de tajo, sí limita su realización. Se trata de un proyecto que busca prohibir que se usen bienes de carácter público para la realización de prácticas taurinas.

Lo anterior implica que plazas tan icónicas y representativas en el mundo taurino como la Santa María en Bogotá, Cañaveralejo en Cali o la Monumental de Manizales no puedan destinarse para este tipo de espectáculos dada su naturaleza pública o de interés cultural. De hecho, pese a que la propia iniciativa reconoce el “carácter cultural de la práctica”, señala que se quiere evitar que los recursos públicos estén dirigidos a la fiesta brava.

“En diferentes escenarios al espectáculo taurino se considera una práctica cultural y es reconocido como tal, desde una perspectiva es una fiesta y, desde otra, es un acto de barbarie. El proyecto no busca determinar ni solucionar si los derechos de los animales se están violando; busca prohibir la utilización de recursos públicos para desincentivar la actividad”, se argumenta en el texto de ley.

En el proyecto se propone además incluir un artículo a la ley que castiga el maltrato animal (1774 de 2016), para prohibir que cualquiera entidad territorial –bien sea nacional, departamental, distrital o municipal– utilice bienes públicos para la realización no solo de prácticas taurinas, sino también como el coleo, las riñas de gallos, las corralejas y las novilladas.

“A la plaza de toros la Santa María (le han invertido) grandes cantidades de recursos públicos para adecuarla y volverla sismo resistente y además de una transformación de un bien de interés cultural valorado por los bogotanos. Sin embargo, el uso de este podría funcionar como galería de un museo itinerante o una biblioteca pública”, se argumenta.

La iniciativa propone también una modificación al Reglamento Nacional Taurino para que sean consideradas como plazas de toros permanentes –es decir, aquellos recintos construidos específicamente para la celebración de espectáculos taurinos– solo aquellas que sean de carácter privado. Ello quiere decir que ya no podrían usarse plazas como la Santa María en Bogotá para la fiesta brava, aunque fue construida inicialmente para ese propósito. Ante ello, los taurinos deberían desplazarse a otro tipo de escenarios.

Adicionalmente, se busca que para la celebración de espectáculos taurinos, pese a que ahora tendrían un carácter privado, haya un permiso o comunicación previa al órgano administrativo competente. Actualmente, para la realización de la fiesta brava en las denominadas plazas permanentes basta únicamente una comunicación por escrito, mientras que en las plazas no permanentes (como un coliseo o polideportivo acondicionado para tal fin) sí se requiere la autorización previa del órgano administrativo competente.

Así las cosas, a menos que los taurinos levanten con sus propios recursos una plaza permanente propia, deberán pedir un permiso para poder realizar el espectáculo en otros escenarios que deberán adaptar para su práctica.

Precisamente, otro de los artículos busca cambiar la clasificación de las plazas de toros permanentes. Hoy, a los ojos del Reglamento Taurino, este tipo de plazas se clasifican –por su tradición o clase de espectáculo taurino–, en tres categorías. En el primer rango se encuentran la Santa María de Bogotá, Cañaveralejo de Cali, Monumental de Manizales, La Macarena de Medellín y la plaza de toros de Cartagena. Además, se consideran de primera categoría aquellas que se construyan con capacidad superior a 10.000 espectadores.

En el segundo rango se encuentran las plazas de toros de las capitales de los departamentos (diferentes a las ya mencionadas) y escenarios como la plaza Agustín Barona de Palmira (Valle), Francisco Villamil Londoño de Popayán (Cauca), La Pradera de Sogamoso (Boyacá), Chinácota de Chinácota, César Rincón de Duitama (Boyacá), Pamplona (Norte de Santander) y la plaza de toros de Armenia (Quindío). Aquí se clasifican también aquellas que se construyan con capacidad superior a 3.000 espectadores, y menos de 10.000.

Finalmente, las restantes plazas que hay en el país son consideradas como de tercera categoría, denominación en las que están también las plazas no permanentes o las portátiles.

Ahora, con el proyecto, se propone eliminar la distinción de determinada plaza en alguna población y solo se clasifican como de primera categoría aquellas que sean construidas –eso sí, de manera privada– en un espacio de entre 30.000 a 11.000 metros cuadrados. Las de segunda categoría en un espacio de entre 10.999 a 7.000 metros cuadrados. Y las restantes plazas quedarían incluidas en las de tercera categoría.

“Se elimina del Reglamento Nacional Taurino la posibilidad de usar las plazas de toros municipales, distritales y departamentales, coliseos o espacios públicos para la actividad taurina, ya que estos son bienes de interés cultural o bienes del Estado y no deberían ser utilizados para esta actividad a nuestro criterio, más bien podrían ser usados para incentivar el arte y la cultura”, agregan los autores de la iniciativa, los representantes de oposición Katherine Miranda, César Ortiz, Mauricio Toro (los tres de Alianza Verde) y Germán Navas Talero (Polo Democrático).

Según los promotores del proyecto, pese a que se busca respetar el carácter de las minorías que aún disfrutan de la fiesta taurina, no puede pasar por alto que hay muchos jóvenes y adultos contemporáneos que no crecieron con esta actividad como una práctica cultural reconocida. “Esto ha generado manifestaciones en donde se muestra el desacuerdo que se tiene por la realización de esta actividad”, puntualizan.

Mostrando casos como los de Francia, Portugal o México, los autores concluyen que la discusión alrededor de la fiesta brava no se ha zanjado con la prohibición total, por lo que abogan por acciones para desincentivar su práctica: “La prohibición sin excepciones es una violación al patrimonio cultural inmaterial de algunas culturas e identidades”.