Cadena perpetua: la discusión es otra

en medio de una ardua discusión, el Congreso aprobó la semana pasada la cadena perpetua.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Claro que es necesario proteger a los niños y adolescentes de Colombia con leyes que intimiden a depredadores sexuales y homicidas de menores. Asesinar a un niño para no ser inculpado de un delito sexual, o la comisión del delito sexual, robando la vida y la inocencia de un menor, merece mucho más que prisión perpetua. Se quedaron cortos los legisladores del país frente a este vejamen nacional.

Que algunos abogados penalistas y no penalistas, que algunos congresistas de izquierda, de centro -el centro no existe, pero para que ninguno se sienta excluido- y de derecha, que algunos ciudadanos colombianos de los medios de comunicación o no, pretendan decir que estas leyes de protección a menores de delitos sexuales ya existían con severidad suficiente, se equivocan. Jamás es suficiente una ley que proteja a un niño o a un adolescente cuando contra ellos se siguen cometiendo crímenes.

Crímenes que, en su mayoría, no son investigados y menos juzgados; muchos de ellos ni siquiera son denunciados, y lo peor, crímenes que reposan en el silencio de sus víctimas, que vengaran ese dolor, quién sabe de qué manera.

Ahora bien, no es menester quedarse en un debate inocuo. Existe la ley y existe, porque era una necesidad nacional. El país debe rodear a las personas que institucionalmente están protegiendo, con vehemencia, a los más débiles. En un estado liberal, como el colombiano, que ampara y protege la libertad de las personas, en todas sus expresiones, el principio de igualdad existe para empoderar, política y jurídicamente, al débil frente al fuerte. Aquí la ley es un recurso que obra para proteger al débil en este caso al niño o niña.

Pero la discusión es otra. La naturaleza perversa del alma del colombiano. La Ley Gilma Jiménez expuso la tragedia nacional. Repito, no el malintencionado debate en el que unos y otros se imputan una “doble moral”, para debilitar los postulados jurídicos del adversario. Las leyes son creación humana que buscan corregir el defecto individual para vivir en armonía social, si se aprobó esta Ley es porque algo muy grave está sucediendo en el país.

¿Qué pasó en el espíritu del colombiano? ¿Por qué hay tanta maldad en el país que no respeta ni a los niños? Ese es el debate. ¿Qué paso con el bien, ideal necesario para construir nación? La agresión a los menores de edad es uno de los grandes males que aqueja a la sociedad colombiana, pero están los otros. ¿Qué paso con la decencia; con la moral; con la verdad, la justicia; con el respeto, ¿la honestidad y la responsabilidad?; ¿Qué paso con la lealtad, con la fidelidad, con el amor, con el hogar, con la familia? No son sólo preguntas para un filósofo, un sacerdote, un decano, o un padre de familia. Son preguntas para el político, el periodista, el profesor, el empresario, el gerente, el contratista, el empleado, el comerciante, etc.

La contracultura de la violencia no ha permitido que el país integre las diferencias. Lo normal debería ser la clara comprensión de la identidad político-moral que ofrece la pertenencia a una cultura; luego, la respetuosa aceptación de la individualidad.

En una sociedad emocionalmente sana lo diferente se dialoga hasta el consenso. En Colombia lo diferente se impone, por las buenas o por las malas. Una exagerada valoración de lo individual, no hay idea de civismo, de ciudadanía. No se ha construido el fenómeno espiritual de patria, generando la significación emocional de compatriota.

Por último, se sabe que vendrán leyes que buscarán mayores castigos en otros temas. Ojalá haya normas que aboguen por la identidad cultural. Colombia, una Nación.

* Director del Programa de Derecho de la Fundación Universitaria San Martín