La sesión de la plenaria de este martes en la Cámara de Representantes, para votar en último debate el proyecto que busca hacer público y digitalizar los conflictos de intereses de los congresistas, transcurrió en resolver una avalancha de proposiciones que terminaron enredando y dilatando la aprobación de la iniciativa. Tanto así que la votación del proyecto quedó postergada, tras más de cuatro horas de discusión.
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El proyecto, compuesto por solo cinco artículos, encontró en los grados de consanguinidad su piedra en el zapato que ralentizó la discusión. Una gran mayoría de representantes insistió en que rendir cuentas de los negocios en empresas y sociedades anónimas, no solo de ellos, sino de sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad era casi que una desfachatez. Muchos argumentaron que no le pueden seguir el rastro y los intereses a primos, tíos, y sobrinos-nietos.
Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y Wadith Manzur, del Partido Conservador, fueron las principales voces de oposición a dicha consideración. En esa misma medida, John Jairo Hoyos, del Partido de la U, dijo que en el Congreso había un grupo de “sinvergüenzas” que querían poner “contra la pared” y “crucificar” a sus familiares.
Mientras eso pasaba, los congresistas de la Alianza Verde, en cabeza de Juanita Goebertus, y el Gobierno, en nombre de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y Gabriel Santos, representante del Centro Democrático, expusieron el informe que construyó la subcomisión accidental para conciliar el articulado propuesto en la ponencia y los cambios que consideraban pertinentes.
Si bien la ley quinta tiene establecido que los congresistas deben dar cuenta de los negocios de sus familiares, hasta cuarto grado de consanguinidad, para declarar sus conflictos de intereses, el proyecto inicial del Gobierno (que es una de las iniciativas anticorrupción de la administración Duque) venía con una disposición distinta.
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Concretamente, el proyecto del Gobierno proponía en su articulado que se modificara la ley para reducir ese rango solo hasta el segundo grado de consanguinidad, que habla de padres, hijos, nietos, abuelos y cónyuge. Y, si bien la Alianza Verde firmó y respaldó esa proposición y el proyecto en general, en la subcomisión tuvieron la intención de subirla hasta, al menos, el tercer rango.
Sin embargo, esa mediación no hizo gracia en la sala y a las 7:00 de la noche solo habían votado el primer artículo, el cual logró que ese régimen de conflicto de intereses se les aplicara a todos quienes “presenten, discutan o participen en iniciativas legislativas”.
Pese a la votación de ese primer artículo, el resto de los puntos quedaron congelados. En diversas ocasiones el representante Chacón calificó como “inconstitucional” el articulado porque, según su concepto, violenta el derecho a la intimidad de un tercero “que no debe asumir la carga de una investidura parlamentaria”.
Después de la intervención de Chacón, la plenaria no logró ponerse de acuerdo. Los ánimos incluso se calentaron hasta que varios legisladores propusieron levantar la sesión para reorganizarla y presentarla nuevamente el 2 de septiembre.
Por -Redacción Política (politicaelespectador@gmail.com)
