Cámara aprueba normas de procedimiento de la JEP

La Cámara de Representantes dio luz verde, en segundo y penúltimo debate, al proyecto que establece las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz y que permitirá a ese nuevo sistema transicional contar con su propio reglamento. La decisión se da en medio de un arduo debate y una especie de pulso político entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el entrante, de Iván Duque, en torno a la propuesta de este último de aplazar hasta la próxima legislatura su discusión.  

(Lea: Duque va ganando el pulso en debate sobre la JEP)

Mientras que la mayoría del Senado sí acogió los argumentos de Duque y de su bancada para postergar la votación, la Cámara de Representantes se rehusó a hacerlo por una amplia mayoría y este miércoles aprobó el articulado que faltaba para dejar en manos de los senadores la decisión final.  “Destaco y celebro que la Cámara haya negado la proposición de aplazamiento del proyecto de procedimiento de la JEP”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Ahora, el balón queda en la cancha del Senado de la República que deberá pronunciarse sobre el recurso de insistencia que radicó el Ejecutivo para que incluya en el orden del día la discusión de la mencionada iniciativa, que esta sea aprobada y pase al proceso de conciliación. Un asunto que, en todo caso, requeriría de sesiones extras pues este miércoles concluye el periodo ordinario en el Capitolio. Según dijo el propio presidente Santos, si no se aprobaba, convocaría a más sesiones.  

“Este proyecto de ley es fundamental para el cumplimiento del Acuerdo de paz y así lo han entendido ustedes. Ojalá las mayorías del Senado sigan el ejemplo de esta plenaria y cesen esa dilación que han venido haciendo con este proyecto”, dijo el ministro Rivera al término de la aprobación del proyecto. En ese sentido, reconoció el compromiso que, según dijo, tiene la Cámara con la implementación de lo pactado en Cuba, incluidas aquellas fuerzas del uribismo.

Y es que el argumento de quienes se niegan a seguir discutiendo la norma tiene que ver con que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la exequibilidad de la ley estatutaria de la JEP. Un asunto que, según el gobierno, no tiene conexidad directa y, por ende, no es requisito necesario para que el Legislativo apruebe las normas de procedimiento del nuevo sistema transicional. Así lo advirtió Santos quien pidió a los congresistas responsabilidad y “jugar en otro escenario a las contiendas”.

(Lea: “Senadores, jueguen en otro escenario a las contiendas”: Santos sobre la JEP)

Lo aprobado en la Cámara de Representantes es un texto de 74 artículos que le permitirá a la Jurisdicción Especial de Paz darle seguridad jurídica a sus actuaciones, cuando esta asuma conocimiento de casos a evaluar para juzgar la responsabilidad alrededor del conflicto armado interno. Entre ellas, lo referente a la extradición a propósito del debate en torno a  Jesús Santrich, sobre quien pesa un pedido de extradición a Estados Unidos por presunto delito de narcotráfico.

Al respecto, lo que quedó ratificado este miércoles es que la Sección de Revisión de la JEP practicará únicamente las pruebas necesarias, pertinentes y estrictas para establecer la fecha de comisión de la conducta punible. Es decir, no podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fue solicitado en extradición. Esto permitirá, indudablemente, destrabar el caso de Santrich quien habría cometido delitos después de la firma del Acuerdo de Paz.

Otro de los puntos clave tuvo que ver con una modificación aprobada, de autoría el representante del Centro Democrático Samuel Hoyos, referente a la pérdida de tratamientos especiales y oros beneficios por cuenta del incumplimiento de las condiciones del sistema o de las sanciones impuestas a los excombatientes de las Farc. “Es fundamental que se hayan aprobado pues aquellos desmovilizados que incumplan con lo acordado pierden todos los beneficios de la justicia transicional y pasan a manos de la justicia ordinaria”, explicó Hoyos.

Lo anterior, significa que quienes se sometan al sistema contarán con un incentivo para dejar de delinquir pero si incumplen, no gozarán de ningún tratamiento pese a haber cumplido, inicialmente, con su contribución a la verdad y demás requerimientos necesarios para beneficiarse de la JEP. “El que cumple tiene beneficios, el que incumple cae sobre él todo el peso de la ley y queda en manos de a Fiscalía”, aclaró el congresista.

Un artículo que había despertado polémica en su discusión durante el debate en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara se relacionaba con las facultades especiales que tendrá el presidente de la República, concretamente, para ampliar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación. En la discusión de este miércoles, en la Cámara, no despertó mayor debate y lo que permitirá es, según el viceprocurador, Juan Carlos Cortés, es hacer frente y atender las responsabilidades de seguimiento de la JEP.

(Lea: Polémica por facultades extraordinarias que tendría el presidente de la República)

La discusión, en todo caso, había sido liderada en su momento por el presidente de esta corporación, el representante de Cambio Radical Rodrigo Lara, y de su copartidario, el senador Germán Varón, quienes encontraron sin sustento técnico dicha posibilidad y mostraron su preocupación por los costos de la creación de una planta de personal indefinida. “Eso equivale a girar un cheque en blanco, sin conocer eso. No podemos legislar a ciegas (…) Por eso, no puedo depositar mi voto a estas facultades que se le otorgan al presidente de la República y en consecuencia al procurador”, dijo en ese entonces Lara.

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Al respecto, lo que quedó ratificado este miércoles es que la Sección de Revisión de la JEP practicará únicamente las pruebas necesarias, pertinentes y estrictas para establecer la fecha de comisión de la conducta punible. Es decir, no podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fue solicitado en extradición. Esto permitirá, indudablemente, destrabar el caso de Santrich quien habría cometido delitos después de la firma del Acuerdo de Paz.

Otro de los puntos clave tuvo que ver con una modificación aprobada, de autoría el representante del Centro Democrático Samuel Hoyos, referente a la pérdida de tratamientos especiales y oros beneficios por cuenta del incumplimiento de las condiciones del sistema o de las sanciones impuestas a los excombatientes de las Farc. “Es fundamental que se hayan aprobado pues aquellos desmovilizados que incumplan con lo acordado pierden todos los beneficios de la justicia transicional y pasan a manos de la justicia ordinaria”, explicó Hoyos.

Lo anterior, significa que quienes se sometan al sistema contarán con un incentivo para dejar de delinquir pero si incumplen, no gozarán de ningún tratamiento pese a haber cumplido, inicialmente, con su contribución a la verdad y demás requerimientos necesarios para beneficiarse de la JEP. “El que cumple tiene beneficios, el que incumple cae sobre él todo el peso de la ley y queda en manos de a Fiscalía”, aclaró el congresista.

Un artículo que había despertado polémica en su discusión durante el debate en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara se relacionaba con las facultades especiales que tendrá el presidente de la República, concretamente, para ampliar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación. En la discusión de este miércoles, en la Cámara, no despertó mayor debate y lo que permitirá es, según el viceprocurador, Juan Carlos Cortés, es hacer frente y atender las responsabilidades de seguimiento de la JEP.

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