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Cámara pidió más tiempo a la Corte Constitucional para subsanar la reforma pensional

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, envió una misiva al tribunal con una "solicitud excepcional de ampliación por treinta (30) días hábiles adicionales" del fallo que ordenó subsanar partes del articulado.

Nicolás Barguil es el presidente de la Cámara de Representantes.
Foto: Prensa Partido Con
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La mesa directiva de la Cámara de Representantes envió una solicitud excepcional al despacho de la magistrada Paola Meneses (Corte Constitucional) para que ampliara el tiempo otorgado para subsanar artículos de la reforma pensional. En el documento, se piden 30 días adicionales y asegura que "ajustar excepcionalmente las condiciones de ejecución [del fallo] no supone reabrir el juicio constitucional".

Entre los argumentos de la corporación, que lidera Nicolás Barguil (Partido Conservador), se cita el trámite del presupuesto de 2027 como una obligación que era inaplazable por temas de calendario legislativo. Lo que dice la Cámara es que ese proceso "respondió a un término legal independiente de la voluntad de los integrantes de la Mesa Directiva" y dar "curso a ese deber fue el cumplimiento de una carga constitucional concreta, no una opción de preferencia por determinados asuntos de la agenda".

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"El argumento no consiste en que toda obligación legislativa ordinaria sea motivo para aplazar el cumplimiento de una decisión judicial. Se trata de la singular concurrencia, ante un mismo órgano representativo, de dos deberes constitucionales cuyo adecuado desarrollo exige deliberaciones colegiadas y decisiones formalmente verificables", se lee en la misiva.

Incluso, se expone el trámite que se realizó el año pasado para subsanar posibles errores de la reforma y señala que esa experiencia "demuestra que la plenitud de las garantías deliberativas es decisiva para la validez de la actuación". Y agrega que "no sería congruente con la finalidad de ese pronunciamiento organizar el nuevo trámite bajo condiciones que incrementen el riesgo de reiterar las insuficiencias advertidas por la Sala".

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En esa línea, se indica que la mesa directiva necesita de este tiempo para facilitar "un procedimiento lo suficientemente ordenado" en el que se conozca el objeto de cada discusión, se permitan las intervenciones necesarias y se resuelvan las solicitudes de impedimentos procedentes, correspondiente a la Ley 5° de 1992: "La gestión razonable del tiempo constituye así una condición de cumplimiento material, no un interés particular de quienes presiden las sesiones".

"Proporciona un intervalo adicional expresamente determinado para estructurar y desarrollar la secuencia de actuaciones que la sentencia exige: identificación y comunicación de las proposiciones comprendidas en la devolución; preparación de la documentación disponible para su estudio por los representantes; convocatoria y publicidad; formulación del anuncio previo en las condiciones legales; debate individualizado de los asuntos sobre los cuales exista la solicitud de separación procedente; discusión y decisión de las proposiciones; y consolidación de los soportes documentales para el informe posterior", se lee en la misiva.

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Ahora, la decisión queda en manos de la Corte Constitucional. Esos 30 días adicionales, en todo caso, se darían paralelo a otros temas clave como el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de sometimiento y el proyecto de "ajuste fiscal" que todavía está pendiente para radicarse. De igual forma, desde el Centro Democrático también se presentará un proyecto de "contrarreforma" pensional con el que se busca cambiar incluso los puntos aprobados por el alto tribunal.

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