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Esa iniciativa que buscaba que los legisladores que resultaran salpicados por tener vínculos con grupos de autodefensas fueran sometidos al juzgamiento en una sala de casación penal, no tuvo acogida entre los representantes.
La reforma contemplaba que la segunda instancia para los congresistas bebería ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esto como parte de la garantía e igualdad que según el autor, José Julian Silba, tienen todos los ciudadanos.
Sin embargo, en principio se habló de un ‘mico' que tenía como pretensión dejar de lado a la CSJ dentro de los procesos que actualmente hacen trámite en contra de varios legisladores.
Así las cosas, continuarán en curso los procesos penales hacia los congresistas por parte de la Corte Suprema.