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Todo indica que el último año del gobierno de Iván Duque será agitado en el campo internacional. En particular, en el mundo de los derechos humanos. En los meses más recientes, la visión internacional sobre Colombia sufrió cambios notables a causa de los episodios que se produjeron en el plano interno —paro nacional, enfrentamientos, muertes, disturbios— y de algunas modificaciones que también ocurrieron en el externo, como el relevo en el gobierno de Estados Unidos en enero. El panorama se modificó para las relaciones internacionales. Hay nuevos temas y énfasis y, también, protagonistas recién llegados.
La publicitada visita, la semana pasada, de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso de presente en el plano hemisférico el momento crítico que atraviesa el país y la preocupación que suscita en los organismos multilaterales. ONG de prestigio y credibilidad, como Human Rights Watch, han incrementado su atención y crítica hacia Colombia. Su cabeza, José Miguel Vivanco, viene llamando la atención sobre la frágil situación del país en la materia. Sus informes expresan su inquietud por más de veinte muertes y otras acciones caracterizadas por el exceso del uso de la fuerza pública desplegada para detener la reciente ola de protestas.
Los cuestionamientos no se limitan a eventos de la reciente y crítica coyuntura. Se han vuelto a agitar casos emblemáticos, que también concentran la atención internacional, como el de la periodista Jineth Bedoya, frente al cual el director de la Agencia para la Defensa del Estado, Camilo Gómez, ha mantenido una posición abierta al diálogo, pero que, a la vez, muestra un evidente desacuerdo con las decisiones y pronunciamientos del sistema hemisférico en el caso. Colombia, es un hecho, está en la mira legítima de las organizaciones de derechos humanos.
Entre tanto, el regreso del Partido Demócrata a la Casa Blanca, en cabeza de Joe Biden, justamente ha vuelto a poner el tema en un lugar preferencial. Un cambio esperable frente al anterior gobierno, y significativo, pero todavía de inciertas dimensiones y consecuencias concretas en lo que tiene que ver con Colombia. Por ahora lo único realmente visible es la reaparición en la agenda inmediata de los perfiles públicos de figuras como Joe McGovern y Patrick Leahy en el Capitolio, en Washington, quienes han sido por años adalides del tema de derechos humanos. Por ahora, lo único que se puede decir con certeza es que el asunto subió de lugar en la agenda política. Solo los meses por venir dirán hasta dónde llegarán los nuevos énfasis y si ellos serán motivo de tensión entre los gobiernos.
¿Fue esta la razón que anticipó la salida del embajador Francisco Santos? ¿Cambiará el tono del Gobierno colombiano, que ha se ha caracterizado por el desdén hacia la comunidad internacional de derechos humanos? ¿Con qué discurso llegará el nuevo embajador ante la Casa Blanca, que, al parecer, será Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, un funcionario asociado a la línea dura? (De paso, ¿igual que la nueva canciller y exministra de Defensa?)
En su primer viaje a Washington, que precedió incluso a su posesión como canciller, Marta Lucía Ramírez mostró un evidente viraje al moderar su discurso con una posición más abierta para tratar el tema del papel de las ONG de derechos humanos en la realidad colombiana. En especial, fue más receptiva para darle a la visita de la CIDH a Bogotá un tono menos confrontacional y mucho más constructivo. “Nos sentimos muy satisfechos, como parte del Estado, por el reconocimiento que hizo la CIDH a la fortaleza institucional del país”, tuiteó.
La pregunta clave y de fondo es si el presidente Duque y su vicepresidenta canciller están dispuestos a girar hacia una posición más comprometida —o, al menos no tan crítica— con las políticas de derechos humanos. Es decir, hacia un discurso realmente convergente con el de la Casa Blanca de Joe Biden. ¿O habrá roces futuros entre Bogotá y Washington por sus posiciones frente al tema?
Y está el espinoso tema de Venezuela, que interesa a las dos partes y que en la era Duque-Biden adquiere más importancia y tiene más coincidencias que bajo los cuatro años anteriores con Trump. El nuevo presidente estadounidense ha conservado la línea hipercrítica del gobierno Maduro —en la que coincide con Duque—, si bien está claro que ahí no está la prioridad de su política hacia la región.
Así lo demuestra, tanto por el lugar de destino, la prontitud de la visita y los temas enfatizados, la visita a Centroamérica de la vicepresidenta Kamala Harris, que van en línea con otras acciones del mandato de Biden. La cual corrobora otras realidades, como la escasa comunicación —así fuera telefónica— que ha habido entre los presidentes Duque y Biden. Por curioso que parezca, la angustiosa situación de Venezuela genera una convergencia entre Bogotá y Washington que sirve para reducir las tensiones que podrían surgir en otros asuntos bilaterales.
La visita de una comisión de la CIDH a Colombia, en fin, fue un asunto relativamente rutinario, que creció en la agenda política y en los medios, por el momento que vive el país. En especial, por la explosión de manifestaciones de inconformidad y una creciente actitud crítica hacia el Gobierno. Una actitud popular que ya hizo cambiar aspectos de la agenda que traía Duque en temas tan claves como la reforma tributaria y a la salud, y que le da otro cariz al debate que empieza sobre una reforma a la Policía. La atmósfera se enrareció, en fin, con el debate sobre temas que afectan la vida del ciudadano común y corriente. ¿Se empeña el Gobierno en mantener su agenda?
En medio de tantas noticias, y de una situación alterada, pasó casi inadvertida una curiosa imagen. La de una calle de honor que les hicieron algunos manifestantes del paro a los miembros de la CIDH que se dirigían a hablar con las autoridades. Una imagen que vale mil palabras porque demostró, también, que la visita de la Comisión y el paro en las calles de las principales ciudades eran caras de la misma moneda.
* Especial para El Espectador.