23 Aug 2020 - 2:00 a. m.

Camilo Romero: “Se necesita ponerse en la piel de la gente”

El exgobernador de Nariño analiza, ácidamente, la situación de su departamento y de Samaniego, el municipio en que fueron asesinados ocho jóvenes que se divertían en una reunión casera, a 10 minutos del pueblo. Critica las administraciones Santos y Duque y afirma que el sur del país recibe trato “de sexta categoría” por parte de quienes gobiernan el país “de manera fría” “creyéndose de una casta superior”.
Romero denuncia: “Se trata de un círculo vicioso: abandono del Estado, violencia, sorpresa nacional, presencia coyuntural cuando ocurren hechos atroces y vuelve el espiral: abandono del Estado... etc.”.
Romero denuncia: “Se trata de un círculo vicioso: abandono del Estado, violencia, sorpresa nacional, presencia coyuntural cuando ocurren hechos atroces y vuelve el espiral: abandono del Estado... etc.”.

El asesinato de ocho jóvenes en Samaniego impactó a todo el país por las edades de las víctimas (entre 17 y 25 años) y por el método: matanza indiscriminada. ¿Qué ocurre en esa región, escenario de un hecho tan atroz?

Samaniego, al igual que los municipios de la costa Pacífica y la cordillera de Nariño, sufre la degradación de una guerra que no ha parado debido al narcotráfico y al incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno. Puntualmente, Samaniego se ha debatido entre los esfuerzos ciudadanos y la violencia alimentada por la incapacidad del Estado. El panorama es complejo: el año pasado asesinaron a la personera municipal, Paula Rosero; en junio del mismo año, al periodista Libardo Montenegro; en los años 90, asesinaron a un alcalde, un director del CTI, dos concejales y campesinos, profesores y líderes sociales. Desde los 80, la violencia no cesa. ¿La razón geoestratégica? Esa población es un enclave que conecta la frontera de Ecuador con la cordillera y la costa Pacífica colombianas.

En estos años, ¿ha habido algún tipo de desarrollo y tranquilidad ciudadana?

Hubo un momento en la agenda ciudadana por la paz que permitió que, en Samaniego, se desbloqueara la vía principal del parque, que había estado cerrada durante varios años con el fin de proteger la estación de Policía. Se abrió para darle paso al desfile y al concurso departamental de bandas. Samaniego se reafirmaba así como centro musical y cultural de Nariño. Pero esa agenda se truncó con la llegada de Duque al poder, desde cuando se ha recrudecido la violencia, con el asesinato continuo de líderes sociales y miembros de las comunidades indígenas, y el retorno del paramilitarismo.

En Ricaurte, también nariñense, hubo otra masacre esta semana: tres jóvenes indígenas fueron asesinados. Además, dos niños, que llevaban una tarea a casa de su maestra, murieron a bala en una carretera de Leyva, en límites entre Nariño y Cauca, y cerca de ahí, otros dos adolescentes fueron torturados y asesinados. ¿Su departamento y el Cauca están fuera del control del Estado?

Lo primero que vale la pena aclarar es que el conflicto se vive en una parte del departamento: casi que haciendo una línea en diagonal en el mapa, del lado de la costa y la cordillera, en donde se encuentran varios municipios, entre ellos Samaniego. Lo segundo, es que resulta evidente que no solo basta con aumentar la fuerza pública; se requiere presencia integral del Estado en el territorio, como tantas veces se ha dicho.

Excepto Pasto, ¿puede afirmarse que las bandas de narcotraficantes, los grupos residuales y el Eln tienen control territorial y “gubernamental”?

Como dije, el nuevo conflicto en Nariño se da de manera parcial en el departamento, no en todo el territorio. Pero es evidente que en el sur del país hay un pulso entre la criminalidad y la legalidad, entre la delincuencia y la democracia. En algunos casos parece que la delincuencia hubiera tomado ventaja en esta región estratégica de Nariño con tantas potencialidades. La pregunta es cómo la criminalidad lo ha entendido y el Estado no.

Cada vez que se habla de matanzas y masacres, los entes gubernamentales dicen que en Nariño hay bandas del narcotráfico y residuos de las Farc y Eln, y que estos son los autores de los crímenes. Pero no parece que haya acción oficial consistente. ¿Por qué?

Porque hay una visión centralista y fría de la realidad de los territorios profundos de nuestro país, como si quienes llegaran a la Casa de Nariño pensaran que la periferia tiene la suerte que se merece. En esa lógica de poder, la pobreza es culpa de los pobres y quienes gobiernan se sienten de una casta superior. Les molestan los campesinos, los afros, los indígenas, los líderes y lideresas sociales y ahora los jóvenes, tal vez porque serán quienes se conviertan en una piedra en el zapato para el ejercicio prepotente de administración: son los jóvenes los que se oponen, mayormente, al fracking y a la megaminería, y son los que defienden los páramos, impulsan la sustitución de cultivos y se resisten al uso del glifosato. La indiferencia del gobierno Duque frente a nuestras comunidades es absoluta. Por eso pasa que no pasa nada.

Noto un tono de rabia en su respuesta…

No es rabia; es sentido de realidad y necesidad de ayudar a “reiniciar” un sistema que no ha funcionado.

Precisamente este fin de semana estuvieron el presidente Duque y altos mandos en Samaniego. Tal vez ahora sí se haga algo efectivo. ¿No cree?

Le respondo con un trino que puse el viernes, cuando se publicó que el presidente le pidió al alcalde de Samaniego ir a Bogotá a contarle lo que sucedió: reitero, es increíble la lógica del poder: a Iván Duque no se le pasa por la cabeza ir a Samaniego después de una masacre de jóvenes, sino que, primero, le pide al alcalde que viaje por carretera —pues no hay aviones— desde esa lejana región, a contarle qué pasó. ¡Dieciocho horas se tomó, si le fue bien!

¿Se puede prever que habrá más masacres como la de Samaniego y otras en Nariño?

En El Tandil, Tumaco, fueron asesinados siete campesinos cocaleros a bala, mientras trataban de evitar que la fuerza pública erradicara sus cultivos, en 2017. Y hasta el momento nada se sabe sobre esa investigación (que pasó a competencia de la Justicia Penal Militar). Hay constancia, en video, de las palabras que dije en esa ocasión, en Tumaco, en las canchas de San Luis: alerté de que esas escenas se podrían repetir en cualquier lugar de la cordillera en donde se ubican poblaciones con una situación tan compleja o más que la de Samaniego. Los municipios de mayor riesgo son Cumbitara, Leyva, El Rosario y Policarpa.

La Defensoría del Pueblo había emitido varias alertas tempranas por riesgos de ataque a varios municipios, incluyendo Tumaco, en 2018; Samaniego, en julio de 2019; y de enero a julio de este año, a otros cuatro. ¿Son útiles o no las advertencias de la Defensoría, órgano que no tiene dientes propios?

Las alertas tempranas son importantes y la Defensoría del Pueblo hace un buen trabajo. El problema es que el Estado se queda corto. Se trata de un círculo vicioso: abandono del Estado, violencia, sorpresa nacional, presencia coyuntural cuando ocurren hechos atroces y vuelve la espiral: abandono del Estado... etc. Solo se apaga el incendio después de consumidas las llamas, pero no se ataca lo que las genera. Tenemos un Estado garantista en las letras y normas, y un Estado incapaz en la realidad de millones de colombianos. Se necesita empatía del Gobierno con la ciudadanía, ponerse en la piel de la gente.

Es cierto que se encuentran en todo el país, pero ¿cuáles son las condiciones especiales que hacen posible que las bandas criminales se hayan concentrado en Nariño y Cauca?

La posición geoestratégica juega un papel fundamental. Los dos departamentos tienen salida al Pacífico, ríos y regiones selváticas de difícil acceso, además de ser zona de influencia fronteriza. Socialmente, se sabe cómo la ausencia del Estado deja inermes y totalmente vulnerables a las comunidades frente al ejercicio de la economía criminal. Y políticamente, el sistema actual da cabida a la corrupción y a la inestabilidad en el manejo de las instituciones, además de la pérdida casi total del sentido de lo público. Para citarle solo un ejemplo, en mi período de gobernador, Tumaco tuvo cuatro alcaldes.

Para usted, ¿el Acuerdo de Paz, donde el Estado se comprometió a sostener el programa de sustitución de cultivos ilícitos por lícitos entre los campesinos de Nariño y otros departamentos, es todavía una solución o ya se perdió esa oportunidad?

La sustitución siempre ha sido una solución, pero nunca se ha puesto en práctica como se debe. En solo un año, Naciones Unidas certificó el decrecimiento del 16 % de los cultivos de uso ilícito en Tumaco, cuando este dejó de ser el municipio con más coca en Colombia gracias al impulso inicial de la sustitución voluntaria, que, según el mismo organismo internacional, garantiza una resiembra menor al 1 %. El fracaso del programa no se debe a los campesinos, sino a que el gobierno Santos no abarcó todo el territorio y a que el gobierno Duque lo dejó abandonado. Es infame que la comunidad esté dispuesta a la sustitución y esta no se ejecute por incumplimiento del Estado.

¿Cómo sustenta, con cifras, su afirmación sobre ambos gobiernos?

Para un programa que necesitaba $1,8 billones solo en Nariño, Santos destinó apenas algo más de $50.000 millones. Y el gobierno Duque abandonó a 63.000 familias que habían manifestado su intención de sustituir sus cultivos en el sur; anunció en su Plan de Desarrollo la sustitución de tan solo 17.000 hectáreas de coca de las casi 160.000 que tiene el país; está impulsando el uso del glifosato y redujo la financiación del programa, bajando de $36 a $15 millones los subsidios, endeudando a los campesinos. Con este panorama ¿qué programa de sustitución puede tener oportunidad? Pareciera que el interés del Gobierno nacional no es acabar con el narcotráfico, sino ser su cómplice.

La política antinarcóticos del gobierno Duque, en acuerdo con Estados Unidos, se centra en la aspersión aérea de glifosato y el argumento es el enorme crecimiento de siembras ilícitas en el departamento y el país. ¿Pueden tener alguna razón?

No pueden mantener la pantomima de la lucha contra las drogas con la misma lógica que ha demostrado su fracaso rotundo, una y otra vez. Miremos estos datos: de 1999 a 2015, se fumigaron en Colombia 1’800.000 hectáreas de coca y nunca se terminaron los cultivos. Al contrario, aumentaron. Los informes del SIMCI reportan que en el año 2000 Colombia tenía 163.000 hectáreas sembradas de coca, mientras que en 2019 se reportaron 154.000; proporcionalmente es la misma cifra. Los cultivos jamás se han reducido, por más glifosato y vidas humanas que se hayan puesto en la fracasada lucha contra las drogas. El fracaso de las fumigaciones con glifosato no es un argumento retórico, es una realidad. Con todos estos datos, la insistencia del gobierno Duque en volver al glifosato debe considerarse un ataque a la vida y una amenaza a los derechos de la humanidad.

Su afirmación en la respuesta anterior es muy radical por no decir grave. ¿No le parece?

Cuando se sabe que existió la ñeñepolítica, el pago de una fianza por tráfico de heroína, una finca de un embajador con laboratorio de coca y un piloto cercano al poder con un posible cargamento de droga, mis frases no pueden asombrar, sino aceptarse como una realidad.

¿Cuánto se ha invertido en Nariño para los sectores rurales, educación, salud etc., y cuánto se necesitaría para equilibrar su desarrollo con el de otras zonas de Colombia?

Nariño tuvo cinco gobiernos alternativos en los cuales se logró reducir la pobreza multidimensional de manera contundente. A pesar de ello, todavía falta mucho. Nosotros logramos sacar el departamento de la Ley 550 (de reactivación para entes en dificultades económicas) y pasarlo de segunda a primera categoría. Lo recibimos en el puesto 23 del índice de desempeño fiscal y lo entregamos en el tercero; duplicamos la inversión social y les pagamos todas las deudas a los bancos. Después de décadas, se entregó una Gobernación viable. Pero, como lo he repetido, el presupuesto es muy bajo para tantas necesidades.

En estos dos años de la nueva administración, ¿la situación en esa zona es igual o peor que en el pasado?

Hoy Colombia tiene relativamente la misma cantidad de coca que hace veinte años y ha fracasado la lucha contra las drogas como la conocemos hoy. No pueden seguir ofreciendo lo mismo. Llevamos décadas contando centenares de vidas, dilapidando el presupuesto público, envenenado los territorios y agudizando la desigualdad social. Fuera de eso, aparecemos como los responsables del narcotráfico en el mundo. Algo está mal: aquí debe existir corresponsabilidad, o seguiremos poniendo la peor parte mientras otros siguen señalando a nuestro país al tiempo que continúan pidiendo coca, coca y más coca (para consumir). En cuanto a la situación actual del departamento, hay que decir que nos hemos devuelto a las peores épocas del conflicto armado en Colombia, pero ahora con una degradación que está generando un nuevo genocidio del cual el Gobierno central es responsable por su indolencia.

“Responsabilidad de Santos y de Duque”

¿Hay diferencias en el tratamiento oficial que ha recibido Samaniego, en donde masacraron a 8 jóvenes esta semana, entre los gobiernos pasado y actual?

Hay una responsabilidad inmensa de los gobiernos Santos y Duque debido a esa lógica de poder según la cual se gobierna con cartilla, desde palacio. El primero dejó tirado a su suerte a Nariño en 2017, ¡año de la implementación de la paz! El control territorial que tenían las Farc, no fue reemplazado por nuestra fuerza pública. Después de insistir, de todas las maneras, en lo que sucedía en el sur, Santos envió 11 mil hombres, en enero de 2018, más de un año después. Ellos llegaron a una nueva guerra porque el territorio ya había sido tomado por más de diez organizaciones criminales. Esa fue la paz de Santos en Nariño. Y Duque ni siquiera tiene planes de paz o de seguridad ni tampoco de cumplir los acuerdos. Lo único que le ofrece Duque a Nariño es glifosato. Que no nos vengan, entonces, a decir que la situación del departamento es responsabilidad de alcaldes y gobernadores. La estrategia de tener presencia integral del Estado en el territorio, es nacional. Pero nos han dado un tratamiento de municipios de sexta categoría igual que al departamento al que le asignan un presupuesto de $1billón de pesos al año mientras que solo el Ministerio de Defensa cuenta con $35 billones.

“Póngase en los zapatos de estas personas: nunca han contado con el Estado”

¿Cuántos campesinos cocaleros pueden calcularse en Nariño y cuáles son sus verdaderas condiciones de vida? De ellos, ¿cuántos están o estuvieron listos a dejar las siembras ilícitas?

El censo realizado arrojó un dato de 74 mil familias (cocaleras) en 31 de los 64 municipios de Nariño. Todas estas familias suscribieron 27 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria. En Tumaco se vincularon 16.500 y en Jardines de Sucumbíos, corregimiento de Ipiales, 750 para un total de 17.250. El resto de familias, más de 50 mil, no recibieron respuesta alguna del Gobierno central y quedaron a la deriva. Póngase en los zapatos de estas personas: nunca contaron con el Estado y cuando llegó, fue para engañarlas, incumplirles, y responderles con glifosato. El año pasado en una reunión de gobernadores le entregamos a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en una mano, los 27 acuerdos suscritos; y en la otra, le reiteramos la propuesta de aportar $100 mil millones de pesos para un programa de sustitución, compromiso que ya le habíamos anunciado antes al presidente Duque. Jamás hubo contrapartida, ni siquiera una respuesta.

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