La noche del 1° de septiembre pasado hubo ráfagas de fusil y granadas en uno de los caminos del corregimiento de Betulia, de Suárez, en el norte del Cauca. En la mitad de esa mezcla mortal estaba la candidata a la Alcaldía de ese municipio Karina García, del Partido Liberal. Se desplazaba en una camioneta con miembros de su esquema de seguridad, su madre Otilia Sierra y el aspirante al Concejo Yeison Obando. Todos, excepto una persona, murieron acribillados. Ese brutal asesinato se convirtió en uno de los más visibles hechos de violencia política en la campaña electoral a las elecciones regionales de 2019, sobre todo por los elementos de estigmatización que lo antecedieron.
Lea: El asesinato de la candidata Karina García Sierra estaba cantado.
En días previos a su muerte, la candidata había alertado a las autoridades de amenazas y les había pedido a sus adversarios que abandonaran los comentarios irresponsables en los que las relacionaban con paramilitares. “¡Por Dios, no sean irresponsables!, esto puede tener consecuencias para mí, incluso fatales”, señaló. Cinco días después, Orley García, candidato del Centro Democrático a la Alcaldía del municipio de Toledo, en Antioquia, no resistió un atentado perpetrado con una escopeta cuando estaba en la vereda Morales, a 40 minutos del casco urbano de Toledo.
Como estos, la Misión de Observación Electoral (MOE) registró, entre el 27 de agosto y el 21 de octubre pasado, siete asesinatos cuyas víctimas eran candidatos oficialmente inscritos para medirse en los comicios de hoy. La organización civil también condensa en sus cifras un secuestro, 12 atentados y 88 amenazas, para un total de 108 hechos de violencia política. Eso sin incluir acciones sangrientas en las que mataron a personas cercanas a candidatos, como fue el asesinato, el 19 de octubre, de Nelson Andrés Trujillo, quien era jefe de debate de John Jairo Gómez, aspirante a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), o el homicidio de Alexánder Parra, esposo de la candidata al Concejo por el Partido FARC, Luz Marina Giraldo, en Mesetas (Meta), el pasado 24 de octubre. Este último hecho, además, se convirtió en el primer crimen de este tipo ocurrido dentro de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en donde conviven excombatientes de las extintas Farc desde la firma del Acuerdo de Paz.
Más: Estos son los grupos armados que ponen en riesgo a candidatos de las elecciones regionales.
El panorama no es para nada alentador si se tiene en cuenta que las elecciones de 2018, cuando se eligió el Congreso y al presidente de la República, fueron consideradas como “las más tranquilas de la historia”, y tuvieron como antesala la firma del pacto para la terminación del conflicto armado con las Farc. Sin embargo, no hay dudas de que en la campaña electoral que termina con las votaciones de este domingo hubo presencia de actores armados ilegales y, como lo anunció el Ministerio del Interior durante el lanzamiento del Plan Ágora, habría captura y cooptación del Estado por parte de estas en algunas regiones. Un elemento que podría jugar a favor o en contra de muchas candidaturas hoy.
De acuerdo con el más reciente Mapa de Riesgo Electoral de la MOE, en 305 municipios del país persiste el riesgo por factores de violencia, que se explican como los existentes por violaciones a la libertad de prensa, desplazamiento forzoso, violencia política contra elegidos y candidatos, presencia y acciones unilaterales de grupos posdesmovilización paramilitar o Farc y presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln). En resumen, esa totalidad de municipios en riesgo son “133 menos que en las pasadas elecciones locales de 2015, y solo cinco menos que en las elecciones de Congreso y Presidencia de 2018”, señala el informe.
Le puede interesar: ¿Por qué hay más violencia, pero menos riesgo electoral?
Además, una discriminación de los municipios incluidos en el listado señala que hay 50 en riesgo extremo por factores de violencia, entre ellos tres capitales departamentales: Bogotá, Arauca y Cúcuta. También unos más notables, como Buenaventura (Valle), San Jacinto y El Carmen de Bolívar (Bolívar), Ituango y Caucasia (Antioquia), Santander de Quilichao (Cauca), Tierralta (Córdoba), Ciénaga (Magdalena), Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo). 85 presentan un riesgo alto y 170 un riesgo medio. En otra categoría, que contiene los municipios en los que se conjugan factores de violencia y riesgo de fraude electoral, salen a relucir Medellín, Bello, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Santa Marta, Villavicencio, Pereira, Sincelejo, Cali y San José del Guaviare.
El Gobierno Nacional acepta la gravedad, pero asegura que en épocas pasadas la violencia fue peor. “Hemos bajado en la totalidad de hechos violentos contra los candidatos que, reitero, ha sido una situación que ha marcado las elecciones regionales”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en entrevista con El Espectador. Por supuesto, la jefa de la cartera política defendió la gestión suya; la del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la del presidente Iván Duque, al señalar que quienes consideraban que la reacción del Gobierno frente a esos hechos de violencia ha sido tardía estaban equivocados. Lo cierto es que Colombia se pondrá a prueba, una vez más, en una elección en la que participan más de 117.000 candidatos.