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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó la votación de la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz referente al proceso en curso por la presunta superación de topes electorales de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022.
Una recusación de la representante María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) fue el motivo por la que este debate no pudo arrancar el pasado 11 de septiembre, y que motivaría una nueva dilación en esta votación que podría implicar sanciones contra el hoy gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes de la coalición Pacto Histórico.
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De acuerdo con el sustento de la parlamentaria, el magistrado Prada habría “dado concepto sobre la materia objeto de investigación antes de la decisión administrativa que le compete a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral”, razón por la que estaría “comprometida su imparcialidad” en la votación.
Carrascal afirma entonces que las declaraciones del magistrado a los medios de comunicación comprometen la garantía de imparcialidad de togado, por lo que se buscaría que el mismo no pueda ejercer voto en el marco de esta decisión del CNE.
Es clave señalar que este proceso ya cuenta con una recusación avalada contra la magistrada Alba Lucía Velásquez, ternada por el Pacto Histórico en su primer año legislativo, luego de que esta no se declarara impedida por conocer detalles de la campaña, resaltando que la togada fue testigo electoral vinculada a esta colectividad. Su salida del proceso restó un voto para los intereses del gobierno, que ahora podría encontrar “equilibrio” en caso de que la recusación contra Prada prospere.
¿Qué contiene la ponencia de Prada?
Según el documento presentado por Prada y Ortiz, la campaña Petro del 2022 sí habría superado los topes electorales en hasta $3.500 millones, y además, habría recibido financiación de fuentes prohibidas por más de $2.700 millones para los gastos de primera y segunda vuelta. Ricardo Roa, entonces gerente del proceso electoral, es señalado en la ponencia como el principal responsable de las posibles irregularidades, lo que implicaría una sanción superior a los 500 millones para el hoy gerente de Ecopetrol.
Asimismo, Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora) deben pagar cerca de $596 millones por la posible violación de topes en ingresos y gastos de la campaña ganadora en 2022. A ello se debe sumar las sanciones a las que también estarían los dos colectivos ya mencionados.
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Respecto a los votos, son tres los que se opondrían a la ponencia: Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Álvaro Echeverry (Colombia Justa y Libres) y Altus Baquero (Partido Liberal); mientras que Ortiz, Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Cristian Quiroz (Alianza Verde) podrían votar a favor, a la espera de una solución a la recusación de Prada.
Nota de la redacción: Este artículo se actualizó el 16 de septiembre de 2025, ya que en el octavo párrafo se usó inicialmente la expresión “opondrán”, así entre comillas, pero lo correcto es que vaya en condicional: opondrían. Este ajuste se hizo tras una comunicación remitida por el magistrado Altus Baquero.
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