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Sigue en vilo la decisión el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña del 2022 con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder en los últimos comicios. La demora en este proceso se debe a una nueva recusación al magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), quien debe sustentar la ponencia en la que se especifica una violación en los topes de campaña y por la que se podrían derivar sanciones a Ricardo Roa y otros coordinadores del proceso electoral.
Aunque ya existía una recusación contra el magistrado, esta fue negada por el CNE con seis votos contra uno. Sin embargo, el tribunal electoral recibió una nueva recusación contra Prada, lo que impide que la ponencia pueda ser votada durante esta jornada como se tenía presupuestado.
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Según señala el documento que llegó al tribunal electoral, Prada enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia “por presunta manipulación de testigos”, lo que, de acuerdo con las demandantes “compromete su imparcialidad”. Asimismo se asegura que el magistrado habría proferido ataques contra el presidente Petro, “demostrando su enemistad manifiesta hacia él y hacia el sector político que representa”.
Esta recusación también está dirigida contra Hernán Penagos, quien no hace parte del tribunal, y contra César Lorduy, quien fue presidente del CNE. No obstante, Lorduy tampoco se encuentra en este organismo, hecho sabido desde diciembre de 2024 y que fue aprobado por el Congreso en marzo del año en curso. Sin embargo, en el documento se consigna recusación en su contra y con fecha del pasado 26 de septiembre.
Vea aquí la recusación contra Prada
¿Cuáles son las posibles sanciones?
La ponencia de Prada, también suscrita por Benjamín Ortiz (Liberal), estima que existió una superación de los topes electorales en más de COP 3.500 millones, sumando los gastos de primera y segunda vuelta presidencial.
En este sentido, Ricardo Roa, hoy gerente de Ecopetrol, pero que entonces ejercía como gerente de campaña, aparece como principal responsable de las posibles irregularidades durante el proceso electoral, lo que le expone a la mayor sanción económica. Además, Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora), podrían pagar cerca de COP 596 millones por la posible violación de topes en ingresos y gastos de la campaña ganadora en 2022.
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Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también se exponen a una sanción en la misma medida por “tolerar” estas violaciones por parte de la campaña que las colectividades integraron y avalaron. Según la ponencia, dicha multa debe ser descontada del monto de financiación estatal en el siguiente desembolso que autorice el CNE a los partidos.
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