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Una votación de 6 a 3 en la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) del pasado jueves 27 de noviembre valió para que este órgano sancionara la campaña Petro Presidente del 2022 y en la que su gerente de campaña, Ricardo Roa, quedó señalado por la superación de topes electorales durante este proceso. La tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto fueron parte de las sanciones que les obligan a pagar más de COP 6.000 millones de pesos.
Y es que según se determinó en la ponencia suscrita por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Liberal), ese sería el monto que fue violado por parte del proceso que llevo al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Entre financiación indebida, modificación de gastos y ocultamiento de facturas fueron parte de las conductas que llevaron a una desnaturalización de esa campaña.
Sin embargo, el jefe de Estado desconoció esta decisión, aludiendo nuevamente a una persecusión política y reviviendo el discurso de un golpe de estado orquestado desde este órgano electoral. Su repercusión política está al caer, justo en el arranque de la campaña a Congreso y con numerosas fichas que buscan sucederle en la Presidencia.
Como todos los viernes, en La Mesa Redonda de El Espectador repasamos y analizamos las principales movidas de la política que influyen en el ámbito económico, judicial, internacional, entre otros. Este fue nuestro capítulo de este 28 de noviembre.
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