En la noche de este martes, la Cancillería confirmó que emitió una nota diplomática de protesta ante el gobierno de Joe Biden por los señalamientos que hizo Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de ese país. Este funcionario mencionó en el Informe de Prácticas de Derechos Humanos en 2023 una sección sobre Colombia en la que habló de las investigaciones por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial del mandatario y del escándalo judicial que protagonizó su hijo, Nicolás Petro.
“La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”, dice textualmente el informe en cuestión.
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Por esta razón, la Cancillería tomó la decisión de protestar oficialmente, señalando que lo dicho por Vedant Patel se aleja del contenido real del informe. “Sus afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, señaló la entidad.
“De la misma manera, debemos señalar la importancia del principio de reciprocidad que rige las relaciones entre ambos países, incluyendo el respeto a la autonomía en las actuaciones y funciones de las instituciones gubernamentales de cada Estado”, agregó en el comunicado.
En las últimas horas, el embajador encargado de Colombia en Estados Unidos, Daniel Ávila, aseguró que el propio presidente Petro le pidió a la Fiscalía que avance en las investigaciones; sin embargo, señaló que la mención en el informe es sorpresiva porque el informe debería ser “técnico e imparcial”.
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El antecedente de esta polémica surgió hace 24 horas, con la ya mencionada presentación por parte del secretario de Estado de EE. UU., Antony J. Blinken, del Informe de 2023 sobre derechos humanos. En sus palabras, Blinken dijo se trata de un documento “exhaustivo que ofrece una descripción fáctica y sistemática de la situación de los derechos humanos en aproximadamente 200 países y territorios”.
El secretario enfatizó que a todos se les aplica el mismo criterio, independientemente de si son países desarrollados o en desarrollo, competidores, aliados o socios. “El informe ilustra que queda mucho trabajo por hacer para defender los derechos establecidos en la Declaración Universal”, agregó el secretario de Estado.
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Y aunque la nota de protesta no es por cuenta del informe en sí, la Cancillería le dijo a Washington que las ampliaciones que dio sobre ese documento el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, “irrespetan” la independencia de las instituciones colombianas. Incluso, le advirtió que son una forma de violentar el principio de reciprocidad que debe primar en una relación bilateral.
Sectores de la oposición, por supuesto, aprovecharon este documento para arreciar las críticas contra la Casa de Nariño y pedir que se indague hasta el final si hubo o no irregularidades en la campaña presidencial.
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