Cárcel para máximos responsables no es un inamovible para la ONU

Hoy, el gobierno de Juan Manuel Santos será notificado simultáneamente, en Ginebra (Suiza) y Bogotá, del informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de derechos humanos en el país durante 2014. El documento, más allá de las habituales críticas a los grupos ilegales y al Estado por su accionar en medio del conflicto, les arroja un tanque de oxígeno a las conversaciones de La Habana (Cuba), en su búsqueda de salidas creativas al problema de la justicia transicional: la cárcel para los máximos responsables de las atrocidades de la guerra no es un imperativo para la ONU. Esa es la esencia que queda clara en apartes del informe, a los que tuvo acceso El Espectador.

“A fin de avanzar hacia un escenario de posconflicto, Colombia debe tomar medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas en el pasado”, es una de las recomendaciones generales de la ONU al gobierno Santos. Sin embargo, es solo el preludio de la verdadera postura del organismo multilateral en cuanto al modelo de justicia que debe asumir el país para darle fin a la guerra.

En el informe, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no se anda con rodeos y sostiene que “el reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para todas las partes en el conflicto”. Palabras más palabras menos, quienes sean señalados como máximos determinadores de violaciones graves a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por los tribunales o estamentos que se pacten en La Habana, no tendrán que ir a la cárcel, pues sus aportes concretos a la construcción de la paz podrán ser asimilados como el cumplimiento efectivo de penas.

No obstante, a renglón seguido, se lee que la construcción de esos mecanismos es válida siempre y cuando se tenga “en cuenta que no es posible la amnistía para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos”. Es decir, las condenas son necesarias, así como el que sean purgadas, pero no necesariamente entre muros, que es uno de los pedidos recurrentes de los críticos del proceso de paz.

Más allá de esta postura, la oficina del Alto Comisionado insiste en que la salida al conflicto armado debe llegar por la vía negociada. En líneas generales, ofrece un apoyo contundente al proceso de paz, celebra los acuerdos concretos en los diálogos de La Habana y resalta que no hay antecedentes en la historia de Colombia de una negociación con las Farc, particularmente, en la que se haya avanzado tanto. Añade el informe, en los apartes conocidos por este diario, que el hecho de que las víctimas hayan ido a Cuba a hablar con los negociadores garantiza que su visión será tenida en cuenta en la redacción de acuerdos.

La ONU destaca el sistema normativo colombiano sobre derechos humanos, pero hace un llamado concreto al Gobierno a que éste sea aplicado en todo el territorio nacional. En ese sentido, hace hincapié en las debilidades de la presencia institucional en las zonas periféricas y que son escenarios de conflicto, lo que redunda —reza el informe— en que el marco normativo se aplique de manera desigual en el territorio.

Otro de los enunciados que llaman la atención tiene que ver con la Fiscalía General. La ONU cree que es necesario, para superar la impunidad que rodea muchos de los hechos ocurridos en medio siglo de conflicto, que las investigaciones que desarrolle el ente acusador se hagan a partir de patrones o contextos y no de investigaciones particulares y valoradas de forma aislada que, a la postre, “frustren el anhelo de superar la impunidad y tener acceso a la verdad”.

En cuanto a la Ley de Víctimas, el organismo multilateral da cuenta de la poca efectividad de los gobiernos locales en la puesta en marcha de las medidas reparadoras. Critica a los mandatarios municipales y departamentales por la falta de compromiso con la reparación de las víctimas y les pide que avancen en el trabajo conjunto con la Unidad de Víctimas. Por otro lado, le exige al Gobierno prestar atención a las amenazas y violaciones de los derechos de los defensores de derechos humanos y a los lideres de víctimas y restitución de tierras. Al mismo tiempo, les pide al Eln y las Farc que respeten los derechos humanos y el DIH, aunque valora gestos de este último movimiento guerrillero, como sentarse a buscar la paz.

Hoy, el gobierno de Juan Manuel Santos será notificado simultáneamente, en Ginebra (Suiza) y Bogotá, del informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de derechos humanos en el país durante 2014. El documento, más allá de las habituales críticas a los grupos ilegales y al Estado por su accionar en medio del conflicto, les arroja un tanque de oxígeno a las conversaciones de La Habana (Cuba), en su búsqueda de salidas creativas al problema de la justicia transicional: la cárcel para los máximos responsables de las atrocidades de la guerra no es un imperativo para la ONU. Esa es la esencia que queda clara en apartes del informe, a los que tuvo acceso El Espectador.

“A fin de avanzar hacia un escenario de posconflicto, Colombia debe tomar medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas en el pasado”, es una de las recomendaciones generales de la ONU al gobierno Santos. Sin embargo, es solo el preludio de la verdadera postura del organismo multilateral en cuanto al modelo de justicia que debe asumir el país para darle fin a la guerra.

En el informe, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no se anda con rodeos y sostiene que “el reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para todas las partes en el conflicto”. Palabras más palabras menos, quienes sean señalados como máximos determinadores de violaciones graves a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por los tribunales o estamentos que se pacten en La Habana, no tendrán que ir a la cárcel, pues sus aportes concretos a la construcción de la paz podrán ser asimilados como el cumplimiento efectivo de penas.

No obstante, a renglón seguido, se lee que la construcción de esos mecanismos es válida siempre y cuando se tenga “en cuenta que no es posible la amnistía para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos”. Es decir, las condenas son necesarias, así como el que sean purgadas, pero no necesariamente entre muros, que es uno de los pedidos recurrentes de los críticos del proceso de paz.

Más allá de esta postura, la oficina del Alto Comisionado insiste en que la salida al conflicto armado debe llegar por la vía negociada. En líneas generales, ofrece un apoyo contundente al proceso de paz, celebra los acuerdos concretos en los diálogos de La Habana y resalta que no hay antecedentes en la historia de Colombia de una negociación con las Farc, particularmente, en la que se haya avanzado tanto. Añade el informe, en los apartes conocidos por este diario, que el hecho de que las víctimas hayan ido a Cuba a hablar con los negociadores garantiza que su visión será tenida en cuenta en la redacción de acuerdos.

La ONU destaca el sistema normativo colombiano sobre derechos humanos, pero hace un llamado concreto al Gobierno a que éste sea aplicado en todo el territorio nacional. En ese sentido, hace hincapié en las debilidades de la presencia institucional en las zonas periféricas y que son escenarios de conflicto, lo que redunda —reza el informe— en que el marco normativo se aplique de manera desigual en el territorio.

Otro de los enunciados que llaman la atención tiene que ver con la Fiscalía General. La ONU cree que es necesario, para superar la impunidad que rodea muchos de los hechos ocurridos en medio siglo de conflicto, que las investigaciones que desarrolle el ente acusador se hagan a partir de patrones o contextos y no de investigaciones particulares y valoradas de forma aislada que, a la postre, “frustren el anhelo de superar la impunidad y tener acceso a la verdad”.

En cuanto a la Ley de Víctimas, el organismo multilateral da cuenta de la poca efectividad de los gobiernos locales en la puesta en marcha de las medidas reparadoras. Critica a los mandatarios municipales y departamentales por la falta de compromiso con la reparación de las víctimas y les pide que avancen en el trabajo conjunto con la Unidad de Víctimas. Por otro lado, le exige al Gobierno prestar atención a las amenazas y violaciones de los derechos de los defensores de derechos humanos y a los lideres de víctimas y restitución de tierras. Al mismo tiempo, les pide al Eln y las Farc que respeten los derechos humanos y el DIH, aunque valora gestos de este último movimiento guerrillero, como sentarse a buscar la paz.