Cargos contra el superfinanciero

Ordóñez formuló pliego de cargos en contra del superintendente Financiero, Gerardo Alfredo Hernández Correa, y cinco delegados más, por su presunta omisión al no establecer medidas preventivas para evitar la manipulación del precio de la acción de Fabricato y de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), ambas relacionadas con la debacle de Interbolsa.

Desde el 13 de diciembre del año pasado, el procurador asumió en única instancia el conocimiento de la investigación disciplinaria, dada la gravedad de los hechos, y ordenó una visita especial al Autorregulador de Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Colombia, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, al tiempo que se tomaron versiones libres de los funcionarios implicados que, al parecer, no fueron diligentes ni previeron el colapso. El 23 de mayo pasado se cerró la investigación y, una vez evaluadas las evidencias, Ordóñez oficializó ayer que existen pruebas de responsabilidad de seis altos funcionarios de la Superfinanciera en este caso.

A Gerardo Hernández se le endilgaron dos cargos: el primero, porque en su calidad de superfinanciero debió adoptar medidas de prevención tendientes a evitar el perjuicio de los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público, pues, desde finales de 2011, ya tenía información sobre la posible manipulación de las acciones de Fabricato y de la BMC. El segundo cargo es porque desde el 18 de julio de 2012, es decir, casi cuatro meses antes del descalabro de la holding de Interbolsa, ya había serias evidencias de irregularidades y de una posible manipulación de la liquidez de la BMC, y se tardó en denunciar estos hechos ante la Fiscalía.

En la decisión disciplinaria también fueron llamados a responder Diego Mauricio Herrera, en su condición de superintendente delegado para la supervisión de riesgos de mercado e integridad; Rosita Esther Barrios Figueroa, como superintendente delegada adjunta; Sandra Patricia Perea, como superintendente delegada para Emisores, portafolios de inversión y otros agentes; Luis Fernando Cuadrado, como delegado para intermediarios de valores, y Juan Pablo Arango, como delegado adjunto para la supervisión institucional. En esencia, las conductas por las cuales deberán responder son muy similares a las de su jefe, Gerardo Hernández.

Por ejemplo, en el caso de Mauricio Herrera, al parecer obvió su responsabilidad de denunciar a tiempo las probables manipulaciones de la acción de la BMC y de la sociedad Interbolsa SAI, en relación con posibles violaciones de los deberes legales que les corresponden a quienes administras fondos de inversión. En su caso hay otra particularidad: a pesar de conocer certeramente desde el 23 de febrero de 2012 los vínculos de Interbolsa con la investigación que adelantaba su despacho por la posible manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), no se declaró impedido. Según el procurador, debió hacerlo, pues entre mayo de 2006 y abril de 2008 ofició como coordinador de control de gestión de riesgo de Interbolsa.

Por eso, Ordóñez resaltó que durante el tiempo que laboró en Interbolsa, Herrera “estableció en el ámbito profesional y personal relaciones de amistad con funcionarios y personas que ocupan cargos directivos y de representación legal de la misma (...) al no declararse impedido, y por el contrario, actuar en las investigaciones que se adelantaron en orden a establecer la posible manipulación de la especie de Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia, incurrió al parecer en conflicto de intereses, por cuanto presuntamente tenía interés particular y directo en los asuntos sometidos a su consideración, debido a la gestión, control y decisiones que podía adoptar”.

Quedó en evidencia pues la llamada puerta giratoria denunciada desde hace mucho tiempo en este escandaloso episodio judicial. En el caso del delegado Luis Fernando Cuadrado, se lee que a pesar de conocer desde 2011 esta sucesión de anomalías en Interbolsa con relación al Fondo Premium, no actuó a tiempo. Al cierre de esta edición no había sido posible hablar con el superfinanciero, Gerardo Hernández. Entre tanto, ha trascendido que Juan Carlos Ortiz, gestor del Fondo Premium, con Tomás Jaramillo, hijo de Rodrigo Jaramillo (dueño de Interbolsa), estaría buscando llegar a un acuerdo con las víctimas por un valor cercano a los $20 mil millones. El próximo 24 de junio será la audiencia para la imputación de cargos contra 16 personas en este caso.

Ordóñez formuló pliego de cargos en contra del superintendente Financiero, Gerardo Alfredo Hernández Correa, y cinco delegados más, por su presunta omisión al no establecer medidas preventivas para evitar la manipulación del precio de la acción de Fabricato y de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), ambas relacionadas con la debacle de Interbolsa.

Desde el 13 de diciembre del año pasado, el procurador asumió en única instancia el conocimiento de la investigación disciplinaria, dada la gravedad de los hechos, y ordenó una visita especial al Autorregulador de Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Colombia, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, al tiempo que se tomaron versiones libres de los funcionarios implicados que, al parecer, no fueron diligentes ni previeron el colapso. El 23 de mayo pasado se cerró la investigación y, una vez evaluadas las evidencias, Ordóñez oficializó ayer que existen pruebas de responsabilidad de seis altos funcionarios de la Superfinanciera en este caso.

A Gerardo Hernández se le endilgaron dos cargos: el primero, porque en su calidad de superfinanciero debió adoptar medidas de prevención tendientes a evitar el perjuicio de los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público, pues, desde finales de 2011, ya tenía información sobre la posible manipulación de las acciones de Fabricato y de la BMC. El segundo cargo es porque desde el 18 de julio de 2012, es decir, casi cuatro meses antes del descalabro de la holding de Interbolsa, ya había serias evidencias de irregularidades y de una posible manipulación de la liquidez de la BMC, y se tardó en denunciar estos hechos ante la Fiscalía.

En la decisión disciplinaria también fueron llamados a responder Diego Mauricio Herrera, en su condición de superintendente delegado para la supervisión de riesgos de mercado e integridad; Rosita Esther Barrios Figueroa, como superintendente delegada adjunta; Sandra Patricia Perea, como superintendente delegada para Emisores, portafolios de inversión y otros agentes; Luis Fernando Cuadrado, como delegado para intermediarios de valores, y Juan Pablo Arango, como delegado adjunto para la supervisión institucional. En esencia, las conductas por las cuales deberán responder son muy similares a las de su jefe, Gerardo Hernández.

Por ejemplo, en el caso de Mauricio Herrera, al parecer obvió su responsabilidad de denunciar a tiempo las probables manipulaciones de la acción de la BMC y de la sociedad Interbolsa SAI, en relación con posibles violaciones de los deberes legales que les corresponden a quienes administras fondos de inversión. En su caso hay otra particularidad: a pesar de conocer certeramente desde el 23 de febrero de 2012 los vínculos de Interbolsa con la investigación que adelantaba su despacho por la posible manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), no se declaró impedido. Según el procurador, debió hacerlo, pues entre mayo de 2006 y abril de 2008 ofició como coordinador de control de gestión de riesgo de Interbolsa.

Por eso, Ordóñez resaltó que durante el tiempo que laboró en Interbolsa, Herrera “estableció en el ámbito profesional y personal relaciones de amistad con funcionarios y personas que ocupan cargos directivos y de representación legal de la misma (...) al no declararse impedido, y por el contrario, actuar en las investigaciones que se adelantaron en orden a establecer la posible manipulación de la especie de Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia, incurrió al parecer en conflicto de intereses, por cuanto presuntamente tenía interés particular y directo en los asuntos sometidos a su consideración, debido a la gestión, control y decisiones que podía adoptar”.

Quedó en evidencia pues la llamada puerta giratoria denunciada desde hace mucho tiempo en este escandaloso episodio judicial. En el caso del delegado Luis Fernando Cuadrado, se lee que a pesar de conocer desde 2011 esta sucesión de anomalías en Interbolsa con relación al Fondo Premium, no actuó a tiempo. Al cierre de esta edición no había sido posible hablar con el superfinanciero, Gerardo Hernández. Entre tanto, ha trascendido que Juan Carlos Ortiz, gestor del Fondo Premium, con Tomás Jaramillo, hijo de Rodrigo Jaramillo (dueño de Interbolsa), estaría buscando llegar a un acuerdo con las víctimas por un valor cercano a los $20 mil millones. El próximo 24 de junio será la audiencia para la imputación de cargos contra 16 personas en este caso.