Aunque el presidente Gustavo Petro ha subido el nivel de las confrontaciones tras la radicación de la consulta popular en el Congreso, lo cierto es que hay varios escenarios que parecen no generarle mayores preocupaciones, pese a tratarse de decisiones que podrían impactar la legitimidad de su llegada al poder. Los numerosos expedientes en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en su campaña de 2022 hacen parte de esa lista.
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Si hay algo en lo que están de acuerdo oposición y oficialismo es en que las indagaciones a la campaña del presidente Petro por presuntas irregularidades en su financiación y violación del tope de gasto no avanzarán significativamente. Ya el CNE, obedeciendo la directriz de la Corte Constitucional, frenó la actuación sobre el mandatario, a pesar de llevar el caso de su campaña a “alegatos finales” y continuar el caso contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Esto es un “round” que gana el Gobierno, que desde la apertura de la investigación advirtió que la entidad electoral no tiene la facultad de adelantar actuaciones contra el presidente.
La determinación cae bien en momentos en que el oficialismo avanza en su campaña por la consulta popular, adelanta reuniones con comités, sindicatos, comunidades indígenas y campesinas y, especialmente, espera la determinación del Senado, que se podría conocer la próxima semana.
En junio prescribe el caso en el CNE por vencimiento de términos y tal como está el panorama parece que ese será su camino. Los investigadores Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) aún creen que pueden darle final a la investigación, compulsar copias y emitir sanciones a los posibles responsables de violar el tope de gasto.
Otro escenario en el que todo parece estar congelado, pese a que llega denuncia tras denuncia, es la Comisión de Acusaciones. Nada más este martes, la oposición radicó otro recurso más contra el jefe de Estado por presunta falsedad ideológica en documento público. Esto luego de la segunda carta que publicó el excanciller Álvaro Leyva señalando ausencias de Petro en citas de alto nivel en Francia y Chile y comportamientos poco diplomáticos en China, acusaciones que fueron desmentidas por el mandatario en un acto público y de carácter electoral en la Casa de Nariño.
“Señor presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición. De su adicción”, dijo el exfuncionario en su segunda misiva.
Desde Palacio, Petro sostuvo que Leyva está mintiendo y “se está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller”, dejando claro que para él todo se trataría de un supuesto complot en el que estaría incluso vinculado el senador republicano Mario Rafael Díaz-Balart, quien respondió duramente en su cuenta de X. Pero ni el exministro ni el mandatario prestaron pruebas de lo que dijeron, solo lo enunciaron.
En todo caso, estos señalamientos del excanciller, quien ha tachado a Petro de “adicto” y “enfermo”, han hecho que a la Comisión de Acusaciones llegue una cascada de denuncias contra el jefe de Estado para que se investigue si efectivamente se ha saltado sus funciones. Pero, según cuentan varios integrantes de esa célula, las actuaciones no han sido asignadas a ningún investigador.
De hecho, El Espectador conoció que por esto hay una fuerte molestia en su interior y que el presidente de esa comisión, el liberal Leonardo Gallego, ha recibido en los últimos días varias peticiones de representantes para que “le dé orden” a esta sala y le ponga fin a las dilaciones. Este miércoles se reunirán los 14 integrantes para hablar de los nuevos casos que han llegado contra Petro y posiblemente sean designados para que se avance en su estudio.
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Sobre las demoras hay varios argumentos dependiendo de a quién se le pregunte. Los tres investigadores de Petro, Wilmer Carrillo (Partido de la U), Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe (Pacto Histórico), mencionan que no avanzan debido a que no ha sido votada la recusación que se presentó contra Uribe por ser cercano al jefe de Estado y pertenecer a la coalición oficialista. Igualmente, mencionan que no pueden revisar si hubo violación del tope hasta que el CNE no les dé la resolución de caducidad y esta solo llegaría hasta junio, cuando prescriba el caso en la entidad electoral.
Y el otro frente que se abrió y que fue revelado por este diario, el de indignidad política, tampoco ha iniciado porque la persona que presentó el recurso no se ha presentado en la sala para ampliar su denuncia.
Sin embargo, desde la oposición señalan que todo se trataría de demoras con intención y que es evidente que los investigadores buscarían no perjudicar al Gobierno. Cuestionan que el caso se esté llevando de manera cerrada y que ni a las mismas sesiones se autorice el ingreso de la prensa, pese a que la ley indica que toda actuación contra el presidente debe ser de carácter público.
El mismo jefe de Estado pidió este año que se publicara su expediente, pero hasta el momento el caso sigue “bajo llave”. Varios representantes tienen pensado denunciar esta “violación procesal” próximamente y se lo habrían hecho saber al liberal Gallego, quien tiene bajo su poder designar las denuncias y agendar el orden del día.
También cuestionan que se estén acumulando expedientes en la Secretaría de la Comisión de Acusaciones y que las discusiones que se adelantan en las sesiones no tengan “trascendencia política”.
Un sector de la derecha pide el juicio político contra Petro, pero si la simple investigación contra Petro no corre a buen ritmo, el juicio es casi que impensable, dicen algunos representantes de la comisión.
El Gobierno tiene varias tareas por delante para acercarse a la reelección del progresismo y al interior señalan que una eventual decisión en la Comisión de Acusaciones no caería bien. No hay, por lo pronto, una real preocupación, pese a que la relación entre Palacio y Capitolio es de constante confrontación.
En todo caso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hace varios movimientos para calmar las tensiones y los momentos agrios que vienen teniendo con el Legislativo.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
