Casas para los desplazados
Desarraigados tienen derecho a ser reparados. Sin embargo, cuestionan que la compensación sea una vivienda.
Redacción Política
A partir de este año, todos los ciudadanos registrados ante Acción Social como desplazados podrán postularse para acceder a una vivienda de interés social. Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR– explicó que, por primera vez, el Estado colombiano reconoció a la población que se ha visto obligada a abandonar su tierra por culpa de la violencia como víctima del conflicto, y no simplemente como objeto de ayuda humanitaria. En ese sentido, los cerca de tres millones de desarraigados identificados oficialmente, tienen derecho a una indemnización integral.
La novedad quedó establecida en el decreto 1290 de 2008, que instaura la reparación por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados ilegales acogidos a la Ley de Justicia y Paz. La idea es que los desplazados que no hayan sido afectados con algún otro delito sean compensados con una casa en el mismo sitio del que tuvieron que huir, o donde ellos lo consideren.
La compensación en forma de morada fue una sugerencia del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien en una oportunidad le expuso a la CNRR detalles de la política de vivienda para los desplazados que se desarrolla en su ciudad. “Decidimos que la reparación fuera una casa porque la plata en efectivo se puede malgastar. Un hogar es una respuesta estable para las familias”, dijo Pizarro.
Sin embargo, esta nueva medida del Estado para con la población errante ha generado críticas por parte de algunos sectores, entre ellos las propias víctimas del desplazamiento. Ismael Maestre, vocero de la mesa nacional que reúne a varias organizaciones de desplazados, afirmó que es “absurdo” considerar una casa como materia de reparación, teniendo en cuenta que “según la Constitución, todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna”.
En opinión de Maestre, desplazado desde hace cuatro años de Aracataca (Magdalena), la compensación que les parece más adecuada es que les digan “la verdad de los hechos” que tuvieron que padecer, y que les brinden ayudas económicas para invertir en proyectos productivos propios.
Respecto a este tema también se pronunció el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados –Acnur–, Jean Nöel Wetterwald, quien se pregunta: “¿a qué medida de reparación tendrán derecho las personas desplazadas que ya accedieron a un subsidio de vivienda? y ¿cómo se indemnizará a quienes tuvieron daños patrimoniales superiores, no equivalentes al valor de un subsidio de vivienda?”.
La CNRR asegura que si un desplazado se considera víctima de cualquier otro delito diferente, consecuencia de la guerra, puede postularse para ser reparado por vía administrativa.
Las viviendas, según Pizarro, serán entregadas de aquí a los próximos 17 años.
A partir de este año, todos los ciudadanos registrados ante Acción Social como desplazados podrán postularse para acceder a una vivienda de interés social. Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR– explicó que, por primera vez, el Estado colombiano reconoció a la población que se ha visto obligada a abandonar su tierra por culpa de la violencia como víctima del conflicto, y no simplemente como objeto de ayuda humanitaria. En ese sentido, los cerca de tres millones de desarraigados identificados oficialmente, tienen derecho a una indemnización integral.
La novedad quedó establecida en el decreto 1290 de 2008, que instaura la reparación por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados ilegales acogidos a la Ley de Justicia y Paz. La idea es que los desplazados que no hayan sido afectados con algún otro delito sean compensados con una casa en el mismo sitio del que tuvieron que huir, o donde ellos lo consideren.
La compensación en forma de morada fue una sugerencia del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien en una oportunidad le expuso a la CNRR detalles de la política de vivienda para los desplazados que se desarrolla en su ciudad. “Decidimos que la reparación fuera una casa porque la plata en efectivo se puede malgastar. Un hogar es una respuesta estable para las familias”, dijo Pizarro.
Sin embargo, esta nueva medida del Estado para con la población errante ha generado críticas por parte de algunos sectores, entre ellos las propias víctimas del desplazamiento. Ismael Maestre, vocero de la mesa nacional que reúne a varias organizaciones de desplazados, afirmó que es “absurdo” considerar una casa como materia de reparación, teniendo en cuenta que “según la Constitución, todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna”.
En opinión de Maestre, desplazado desde hace cuatro años de Aracataca (Magdalena), la compensación que les parece más adecuada es que les digan “la verdad de los hechos” que tuvieron que padecer, y que les brinden ayudas económicas para invertir en proyectos productivos propios.
Respecto a este tema también se pronunció el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados –Acnur–, Jean Nöel Wetterwald, quien se pregunta: “¿a qué medida de reparación tendrán derecho las personas desplazadas que ya accedieron a un subsidio de vivienda? y ¿cómo se indemnizará a quienes tuvieron daños patrimoniales superiores, no equivalentes al valor de un subsidio de vivienda?”.
La CNRR asegura que si un desplazado se considera víctima de cualquier otro delito diferente, consecuencia de la guerra, puede postularse para ser reparado por vía administrativa.
Las viviendas, según Pizarro, serán entregadas de aquí a los próximos 17 años.