Caso Gloria Lara: los que se autoinculparon del crimen, pero bajo tortura 


Foto tomada en Suecia a siete de los 18 exiliados colombianos víctimas del montaje judicial en el caso de asesinato de Gloria Lara, durante encuentro promovido por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Foto: Archivo Particular

El secuestro y asesinato de Gloria Lara, entonces alta funcionaria del Ministerio de Gobierno, hoy, del Interior, ocurrieron hace 42 años. Hace unos días el Estado pidió perdón a su familia por ausencia de justicia. ¿Por qué la Comisión de la Verdad se fijó en ese caso, y en otro relacionado con el atroz crimen, el de un grupo de personas detenidas y culpadas por el mismo, por militares que fungieron como investigadores judiciales del homicidio?

Porque ese caso resulta clave para la comprensión del fenómeno de impunidad como patrón de violencia en el país. La Comisión de la Verdad, de acuerdo con los hallazgos que recopiló, señaló que la impunidad “no solo tiene una dimensión legal o judicial, sino también política, cuando se trata de controlar la justicia o de usarla al servicio de intereses oficiales o privados…”. Ese terrible episodio evidencia dos aspectos: primero, la falla del Estado en cuanto a la investigación y sanción efectiva por el secuestro y homicidio de Gloria Lara; segundo, la violación de los derechos humanos de personas inocentes y el uso político de un asunto judicial para profundizar la polarización y la división social con el fin de mantener abiertas las heridas y erosionar el fortalecimiento de la democracia en el país.

En cuanto al manejo del caso Lara, ¿cómo lo utilizaron para “profundizar la polarización y la división social”?

En un conflicto como el nuestro, el terror transmitido inicialmente por las armas se ha tomado el campo de la justicia como herramienta para continuar “rompiéndonos” como sociedad. Tanto Gloria Lara de Echeverri como las 18 personas acusadas y condenadas socialmente por el secuestro y posterior asesinato de la víctima centraron sus actividades en transformar la desigualdad y la violencia, y cambiarlas por condiciones más democráticas. Hoy, 40 años después, debido a la impunidad, se desconoce lo que realmente ocurrió en ambos escenarios; se desconoce, también, la identidad de los verdaderos responsables mientras se mantiene el estigma sobre personas inocentes. La visibilidad actual de ese doloroso episodio puede romper el silencio y proveer de justicia tanto a los familiares de Gloria Lara como a las víctimas del montaje judicial y a sus familias.

El Estado asumió, como ha debido aceptarlo hace tiempo, responsabilidad por lo sucedido ofreciendo un acto de perdón a los hijos de la señora Lara, pero no ha hecho algo similar con las personas que sostienen que fueron víctimas de montaje judicial. ¿Por qué se ignoró esa parte de la historia?

En principio, el propósito que se buscaba era truncar el esfuerzo de transitar hacia la paz en el naciente gobierno Betancur, a partir de la estigmatización de los movimientos de izquierda a los que se les estaban abriendo las vías democráticas para participar en el debate político del país, del que habían sido excluidos durante el Frente Nacional y mediante el Estatuto de Seguridad de Turbay. Los actores visibles de obstaculización de la verdad fueron los militares respaldados por otros sectores de la sociedad que adoptaron la versión presentada por el comandante de la Brigada de Institutos Militares (BIM), general Hernando Díaz Sanmiguel, sin cuestionar las torturas y otros métodos de los que se valieron para presentar, como culpables, a las 18 víctimas del montaje judicial.

Aunque hubo vaivenes y muchas inconsistencias y motivos de anulación, algunos jueces dudaron de la inocencia de las personas vinculadas por los militares…

La condena social en su contra se ha mantenido en el tiempo debido a que también algunas instancias judiciales dieron por sentada la presunta responsabilidad de los detenidos a partir de sus autoinculpaciones que fueron obtenidas bajo tortura y otras prácticas ilegales.

Quisiera que me hablara sobre las torturas, pero, primero: ¿quiénes eran las personas falsamente involucradas en el asesinato, según los hallazgos de la Comisión de la Verdad?

En su proceso de esclarecimiento, la Comisión reconoció la victimización directa, como le decía, de 18 personas entre quienes estaban activistas y líderes políticos y sociales que habían apoyado el trabajo comunitario de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), surgida por iniciativa gubernamental en la reforma agraria de Lleras Restrepo (1966-1970). La ANUC fue apoyada por un círculo de estudio político llamado Organización Revolucionaria Popular (ORP), la cual, contrario a lo que podía sugerir el término “revolucionario” como indicador de actividades ilegales, se caracterizaba por oponerse a cualquier expresión violenta. Se dedicaba a apoyar a los campesinos en su formación educativa para que participaran en el debate público de los temas agrarios. La ORP se disolvió años antes del asesinato de la señora Gloria Lara por diferencias internas y, para el momento de los hechos, algunos de sus exmiembros pertenecían al Nuevo Liberalismo o al MOIR, ambas colectividades políticas, legales y públicas.

Sin embargo, la sigla ORP fue vinculada al asesinato de Gloria Lara porque su cuerpo apareció envuelto en una bandera que tenía bordadas tales letras. Y esa sería la presunta conexión que los militares encontraron con los detenidos…

Las letras bordadas en la bandera fueron el único indicio que los militares adujeron para vincular a la entonces inexistente organización con este caso. Hay que decir que, a partir de testimonios que recibió la Comisión, se pudo documentar que en 1980, dos años antes del crimen, el Ejército detuvo a unos miembros de ese grupo por apoyar un paro. Estos también narraron que fueron torturados. Esa agrupación, entonces, ya había sido reseñada por los militares como sospechosa de actos ilícitos cuando todavía no había ocurrido el doloroso asesinato de Gloria Lara.

¿Cuántas de las personas detenidas por militares aseguran que fueron torturadas?

Nueve. Ellas habían sido detenidas de manera ilegal y aseguran que fueron torturadas y obligadas, bajo amenazas a su integridad y, en algunos casos, a la de sus familias, a autoincriminarse y a aceptar que participaron en el secuestro y asesinato de la señora Lara. Las otras nueve se vieron obligadas a ocultarse para resguardar su integridad y vida. La “investigación”, como se dijo, fue asumida por miembros de la Brigada de Institutos Militares. En ese tiempo, estas personas fueron víctimas de persecución, falta de garantías judiciales y violación del debido proceso. Y los efectos negativos no cesan: durante estos 40 años se han visto obligadas a vivir en el exilio sufriendo, junto con sus familias, estigmatización y ostracismo social. La Comisión de la Verdad igual reconoció la victimización de otras cuatro personas: la señora Patricia Rivera y sus dos hijas menores, que desaparecieron junto con un señor, adulto mayor, que se opuso a que miembros del Ejército se las llevaran en el momento en que iban a ser raptadas. Desde ese momento no se tiene noticia de esas cuatro personas.

¿Quién era Patricia Rivera y por qué estuvo en el foco de los militares, así como sus hijas menores?

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Comisión, ella tenía el apellido Rivera, que coincidía con el de otra persona detenida por el caso. La desaparición de las cuatro personas en momentos en que unos militares las iban a detener es otro capítulo que nunca se investigó y es un caso más de impunidad.

Esa era la época del llamado Estatuto de Seguridad, que restringía los derechos civiles y les daba excesivas facultades y poder a las Fuerzas Armadas y de Policía. ¿Fue en ese marco que la Brigada Militar (BIM) terminó ejerciendo facultades judiciales y deteniendo a los presuntos culpables?

El caso tuvo lugar en el marco de la transición entre el control militar fundamentado en el recién derogado Estatuto de Seguridad y el naciente proceso de paz impulsado por Belisario Betancur. E ilustra las dinámicas relacionadas con la violación de derechos humanos en ese período de la historia del país, especialmente asociada con la tortura, la persecución y el exilio. La Comisión pudo documentar prácticas como obligar a los detenidos a permanecer desnudos, golpes, ahogamientos, amenazas de violencia sexual, prohibición de dormir y amenazas verbales contra su propia integridad y la de sus familiares.

¿Ese fue un procedimiento excepcional o era permanente en esa época, aunque fuera ilegal?

Para ese período histórico la Comisión logró consolidar, a partir de una ardua documentación y contrastación de fuentes, una base de datos en la que se registran 1.340 hechos de tortura correspondientes a 1.322 víctimas durante el período correspondiente al gobierno Turbay, 1978-1982, la mayoría precedidas por capturas por parte de la Fuerza Pública, en las que se identifica un modus operandi y se evidencian coincidencias en los relatos tanto de modo, tiempo y lugar entre los testimonios de la época y los tomados por la Comisión de la Verdad en la actualidad.

Examinado el caso, con los ojos de 2024, una investigación judicial realizada por militares activos y en armas es exótica y antidemocrática. ¿Cómo se desarrolló el “proceso” en manos de la Brigada?

Frente a ese proceso se estableció que se desarrolló bajo tres circunstancias que lo caracterizan como inválido: la militarización del caso materializada en los actos del Ejército de perseguir y capturar sin competencia legal desconociendo toda garantía procesal; el ejercicio de torturas contra los implicados como mecanismo para obtener declaraciones de autoinculpación, y la inconsistencia probatoria evidenciada en que la única prueba material incorporada al proceso era la que correspondía a los declaraciones obtenidas bajo tortura. Por último, las narrativas que los torturadores obligaron a confesar a sus víctimas presentaban profundas contradicciones con las versiones que los testigos oculares brindaron sobre el momento del secuestro de Gloria Lara.

¿Cómo el juez pudo avalar lo que puede calificarse como evidente atropello?

El juez civil que legalizó las capturas tomó como única prueba un informe anónimo proveniente de inteligencia militar sin realizar una valoración adecuada ni contrastar ese anónimo con otros medios probatorios.

Ese juez, ¿cuánta responsabilidad tuvo en lo que, según los hallazgos de la Comisión, constituiría el montaje militar y judicial? ¡Fue investigado alguna vez?

El juez 47 de instrucción criminal extralimitó sus funciones al avalarles, de facto, competencias judiciales a los militares cuando ya no las tenían; al permitir la privación de la libertad de los inculpados sin los requisitos de ley o del proceso; al consentir el traslado de su despacho a instalaciones de la Brigada; al permitir, también, la práctica de interrogatorios, por parte de militares, a los detenidos; y, finalmente, al omitir la investigación de todo el caso. Ese juez nunca fue investigado ni penal ni disciplinariamente.

El juez posterior, el de conocimiento, Enrique Alfort Córdoba, ¿a cuáles conclusiones llegó?

En octubre de 1983 el juez que asumió el caso, Enrique Alfort, concluyó que las pruebas indiciarias contra los acusados no tenían consistencia debido a la falta de credibilidad del informe presentado por la Brigada y a que las pruebas fueron obtenidas bajo circunstancias atentatorias de la dignidad humana. Por eso ordenó levantar, de inmediato, las órdenes de captura de las 18 personas. Al mismo tiempo decretó autos de detención contra los miembros de una banda de delincuencia común liderada por un exjuez, Iván Murcia, responsable de otro secuestro ocurrido en la misma época: la del gerente de Texaco, Kenneth Bishop, caso que tuvo varias similitudes con el secuestro de Gloria Lara. Murcia fue detenido. Sin embargo, escapó de la cárcel. Las personas señaladas arbitrariamente y sus familias se vieron abocadas a salir del país y a permanecer en el exilio para proteger sus vidas, pues algunas volvieron a ser amenazadas después de varios años en el exterior.

El caso penal no terminó ahí. Un tribunal intervino, otra vez vinculando a esas 18 personas hasta cuando la Corte decretó la prescripción. ¿Cómo hizo la Comisión de la Verdad para entrevistarse con los exiliados que nunca volvieron a Colombia?

Para la documentación de este caso la Comisión de la Verdad hizo 23 entrevistas con las víctimas del montaje judicial y con los familiares que voluntariamente quisieron participar. Durante el proceso de documentación, que duró aproximadamente tres años, se realizó una rigurosa revisión y contrastación de fuentes, en particular de testimonios, del expediente judicial, de la bibliografía disponible incluyendo el libro escrito por una de las hijas de Gloria Lara y cuyo título es La flor de la esperanza, y artículos de prensa. Algunos de los entrevistados hablaron por primera vez de lo sucedido con la Comisión. No obstante, otros consultados se abstuvieron.

¿Por qué?

Porque las torturas y el miedo que padecieron afectaron tanto sus vidas, que aún hoy sufren las consecuencias. El dolor psicológico ha sido tan determinante en algunos de ellos, que el primero de los capturados perdió la razón por completo, y su hermano, debido al impacto que sufrió cuando presentaron a su familiar como el asesino de Gloria Lara, tuvo un choque emocional y se lanzó al vacío desde el cuarto piso de la clínica en donde se encontraba hospitalizado. No murió, pero perdió la movilidad: es paralítico. Otro grupo se resistió a confiar en el Estado que había sido su persecutor. Veían a la Comisión de la Verdad como uno de los organismos oficiales de ese Estado.

En la recopilación de testimonios y otra documentación, ¿a cuáles conclusiones llegan ustedes?

Frente al desarrollo de la investigación, La Comisión ha concluido que existió evidencia suficiente para atribuir e investigar, por la autoría del secuestro y asesinato de Gloria Lara, al mismo grupo que llevó a cabo el secuestro del gerente de Texaco, Kenneth Bishop; que, sin embargo, esos dos casos no fueron investigados en forma complementaria. Y que no hubo interés en determinar la responsabilidad del líder de la banda sobre la que había indicios de que había cometido ambos delitos, el exjuez Murcia. Como dije, él escapó de la cárcel y, desde entonces, se desconoce su paradero y nadie lo buscó.

Con la ceremonia del perdón de hace dos días que el Estado les ofrendó a los hijos de Gloria Lara, ¿se saldan las deudas o quedan abiertas muchas heridas?

El reconocimiento realizado por el Estado a la familia de Gloria Lara, es un paso fundamental en el camino para superar la impunidad. No obstante, es necesario que la justicia y el reconocimiento de lo sucedido por parte del Estado llegue a todas las personas incluyendo a quienes fueron objeto de montaje judicial, a sus familiares, y a las víctimas de desaparición forzada. Solo así existirá una justicia plena. La paradoja de este caso es que, por ensañarse en contra de personas de izquierda, en el marco del proceso de paz de entonces (gobierno Betancur) y de la oposición a este, se propició la impunidad para los verdaderos responsables.

“Solo podrá hablarse de justicia cuando se reconozca a todas las víctimas”

Hoy, cuatro décadas después, ¿cuáles son los puntos fundamentales del informe de la Comisión en el crimen contra la señora Gloria Lara?

El informe señala, además de que “los procesos judiciales muestran un déficit en la revelación de verdad y el esclarecimiento de responsabilidades”, que “las diferentes jurisdicciones deben hacer esfuerzos para dar cuenta de las condiciones que habilitaron… las violaciones de derechos humanos, las motivaciones y estigmas que subyacen a esas violaciones, (y) la similitud (con otros procesos)”. En orden a esta recomendación, resulta indispensable que la justicia aborde estos casos no solo con una mirada judicial, sino analizando las condiciones que han permitido que se cometan violaciones de derechos y las consecuencias de lo sucedido en términos de impacto en la democracia. El proceso de documentación que realizó la Comisión de la Verdad, constituye un acto que contribuye al esclarecimiento del secuestro y asesinato de Gloria Lara. Sin embargo, solo podrá hablarse de justicia cuando el Estado, como sociedad, reconozca que a la señora Lara y, también, a cada una de las personas falsamente implicadas así como a sus familias, les fue arrebatada su dignidad, su integridad y su vida.

“El rechazo social se lleva (al exilio) en la maleta y se niega a ser desempacado”

¿Por qué puede sostenerse que persiste, aún 40 años después, la victimización de las personas involucradas por militares en el asesinato de Gloria Lara?

Porque la estigmatización que padecieron llevó al rechazo social de las víctimas y de sus familiares cercanos lo cual produjo, no solo una ruptura emocional, sino que afianzó un silencio que se mantiene hasta el día de hoy; porque causó la ruptura de los vínculos familiares, el desarraigo, sufrir un complejo proceso de adaptación en otro país que no fue planeado ni deseado. Los efectos del montaje judicial trascendieron en el tiempo y marcaron la manera como los hijos e hijos de las víctimas, visualizaron, en su etapa adulta, la experiencia que padecieron sus padres en el país del cual tuvieron que «huir». La estigmatización no conoce fronteras: se lleva dentro de la maleta como un asunto que se niega a ser desempacado y que traspasa las generaciones. La Comisión llama a “la necesidad de que la violencia y las atrocidades cometidas, se separen de las identidades políticas. La adscripción a determinada ideología o liderazgo político no puede seguir siendo el criterio moral para juzgar la bondad o perversidad de un hecho.