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En medio de los roces que existen entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral por cuenta del aplazamiento del Presupuesto para 2025, el órgano ya tiene cita para votar las nulidades presentadas por la defensa del mandatario. Se trata del caso de la campaña que lo llevó al poder, en el que se investiga si se incurrió en una violación de topes.
Este recurso, de los apoderados de Petro, Ricardo Roa (exgerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol) y María Lucy Soto (exauditora de la campaña), argumentan que el CNE no sería el órgano competente para realizar la indagación. Pero hace dos semanas, el presidente del órgano, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) —quien llegó al puesto tras la renuncia de César Lorduy—, y el magistrado Benjamín Ortiz (Partido Liberal), ponentes del proceso, radicaron un proyecto para que la sala plena rechazara las nulidades.
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Señalaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ratificado recientemente la competencia del tribunal electoral para investigar al presidente en una actuación administrativa, sin que esta comprometiera la estabilidad y permanencia en la Casa de Nariño. Para lograr que su proyecto prospere, Prada y Ortiz tendrían que tener seis votos de nueve posibles.
En caso de que esto suceda, pasarán al proceso probatorio, que dura máximo cinco meses. El órgano, de todas formas, trabaja a contrarreloj, pues tiene plazo hasta junio de este año para tomar una decisión sobre la responsabilidad administrativa de Petro, Roa y Soto en la financiación de la campaña. Si no ocurre antes del 19 de junio, cuando se cumplan tres años de la segunda vuelta de 2022, el caso precluirá.
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Los choques entre el Gobierno Petro y el CNE por el presupuesto
Prada se refirió este martes, tras la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, a las declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien habló de una presunta duplicidad de funciones del CNE con la Registraduría. El magistrado respondió que esperan aclarar eso con el Gobierno en las mesas de trabajo y señaló que el órgano al que pertenece “tiene la responsabilidad de los escrutinios generales” y dar a conocer quiénes han sido elegidos.
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En sus declaraciones, aseguró que el aplazamiento de más de $600.000 millones de pesos en el presupuesto del CNE afectarían la labor de los testigos electorales por la plataforma utilizada para postular a personas que cumplan esta labor. A eso se suma el software de escrutinio, la contratación de sistemas de auditoría que permitan constatar que todos los procesos “han sido transparentes” y los tribunales electorales.
“Todo el componente electoral lo aplazaron, yo creo que equivocadamente, y con el compromiso del ministro del Interior y la reunión que vamos a tener posteriormente Registraduría, CNE y Ministerio del Interior, esperamos que se corrija eso, porque por supuesto hay una preocupación muy grande”, apuntó. Y agregó que “la plata de los partidos políticos está ahí, pero eso nada tiene que ver con las elecciones”.
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