Caso “Santrich” y garantía de no extradición llegan al Congreso

Desde que el exjefe guerrillero Jesús Santrich se convirtió en el florero de Llorente para poner a pelear a la institucionalidad del país, no ha habido un solo día en el que amigos y detractores del Acuerdo de Paz no saquen a relucir las más ácidas posturas que surgieron después del plebiscito de octubre de 2016. Para unos, incluido el propio gobierno de Iván Duque, la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de negarse a conceder su extradición significó un golpe a las víctimas del conflicto y un motivo de “indignación” para los colombianos, como lo señaló el primer mandatario. Pero para otros fue la evidencia de que la justicia transicional está funcionado, que tiene la misma legitimidad de cualquier otra entidad y que lo pactado en La Habana sigue estando protegido constitucionalmente.

Sin embargo, con la recaptura del exguerrillero, apenas dos minutos después de que cruzara las rejas de La Picota, salieron a relucir todo tipo de cuestionamientos alrededor del caso. Por ejemplo, el video que empezó a circular por redes y que se constituiría, a la luz de algunos, en la prueba reina para demostrar que Santrich sí delinquió después del 1º de diciembre de 2016 y que, por ende, debe ser extraditado. O la participación de agentes encubiertos de la DEA, en lo que sería un entrampamiento para demostrar la intención del exguerrillero de continuar con el delito del narcotráfico. Todos estos asuntos que serán puestos hoy a consideración de la Comisión Segunda del Senado, a donde fueron citados altos funcionarios del Estado para que expliquen de qué forma se están ponderando los derechos de las víctimas sobre el mecanismo de la extradición.

Le puede interesar: Rechazan recusación contra jueza de control de garantías en caso “Santrich”

Los senadores Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático, citaron particularmente a la recién anunciada nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello. Una cita que, en todo caso, no podrá cumplirse porque todavía no se ha posesionado en el cargo. En su reemplazo estará el ministro encargado, Juan Francisco Espinosa, y como invitados, el fiscal general (e) Fabio Espitia Garzón; el procurador general, Fernando Carrillo; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa. “Lo que queremos demostrar es que la garantía de no extradición en el Acuerdo de Paz busca garantizar la verdad, que es un derecho de las víctimas, y concederla sin tener este elemento en cuenta podría terminar torpedeando este propósito”, señaló Sanguino.

Por eso, el caso Santrich resulta de gran relevancia. Especialmente en momentos en que se espera que la JEP resuelva el recurso que interpuso el procurador contra la negativa de extradición del exguerrillero. “No se trata de defenderlo”, aclara Sanguino, pero sí de no poner en riesgo la verdad del conflicto armado. En tal sentido, afirma que existe jurisprudencia que evidencia su argumento, como la sentencia proferida por la Corte Constitucional este año. “Este no es un asunto baladí, al contrario, se funda en los contenidos constitucionales que se introdujeron con el acto legislativo 01 de 2017 (…) cuyo objeto no puede mirarse exclusivamente desde el sujeto titular de la garantía de no extradición sino, especialmente, de las víctimas, quienes podrán contar con la verdad de aquel que se somete a la JEP, pues de operar la extradición, el individuo remitido a otro país no se vería obligado a reconocer la verdad (…) asimismo, el extraditado no se sentirá obligado a reparar”, señala la sentencia C-112 de 2019 del alto tribunal.

Lea también: “Duque debe abandonar su militancia antiacuerdo”: exfiscal de la CPI

De esta manera, tanto Sanguino como Cepeda señalan que, si se demuestra que Santrich delinquió después de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, debe perder los beneficios, como lo señalan los textos de paz, pero también debe pagar “sus delitos en Colombia para que pueda entregar verdad”. De hecho, aportan cifras para demostrar que este caso no es el único que ha resuelto la justicia transicional respecto de este mecanismo de cooperación internacional. Por ejemplo, a la fecha, la JEP ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición, siete han sido avocadas y ocho están en estudio preliminar. “En el proceso de paz con los paramilitares, vimos cómo la extradición sorpresiva de 14 comandantes de las autodefensas, el 13 de mayo de 2008, sepultó por completo el derecho a la verdad de las víctimas de estos grupos. A ninguno se le exigió continuar cumpliendo con las condiciones de Ley de Justicia y Paz acordada con los grupos”, argumentan los congresistas.

Entre esos casos recuerdan el de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, quien permanece en los Estados Unidos pagando penas por narcotráfico, “y sin cumplir con las condiciones de dar verdad y reparación a las víctimas. También alias Pablo Sevillano, quien está en libertad en Estados Unidos desde 2016, pero ha argumentado que su vida corre peligro en Colombia, por lo que no ha regresado al país, en el que tiene una pena pendiente de ocho años y la reparación a sus víctimas, quienes han manifestado que con los bienes entregados es insuficiente”, señaló el senador de los verdes. Pero el asunto de la garantía de no extradición no será el único punto que tocarán los congresistas citantes. Hay otros dos elementos que buscarán resolver durante el debate de hoy: la cooperación judicial y el entrampamiento.

En cuanto a lo primero, para los legisladores es claro que la actuación de agentes encubiertos en el caso Santrich sin el aparente conocimiento de las autoridades judiciales nacionales vulnera la soberanía del Estado colombiano. Entre otras cosas, afirman, porque pudieron haber pasado por encima de los protocolos de cooperación judicial. “Un agente encubierto que actúe en territorio colombiano sin que se haga en el marco de un protocolo de cooperación judicial, está cometiendo un delito”, señala el informe en el que se basarán los congresistas para el debate de hoy. Y sobre el entrampamiento, para ellos queda claro que esa figura, es decir, provocar la comisión de un delito, constituye un delito per se en Colombia. Así las cosas, el ambiente político de hoy en el Capitolio promete ser tenso y, una vez más, los ojos de las instituciones se enfocarán en el mismo florero de Llorente que parece no dar tregua en un país cada vez más polarizado.

También le puede interesar: "Santrich no se va para EE.UU.: Colombia y la extradición" 

Desde que el exjefe guerrillero Jesús Santrich se convirtió en el florero de Llorente para poner a pelear a la institucionalidad del país, no ha habido un solo día en el que amigos y detractores del Acuerdo de Paz no saquen a relucir las más ácidas posturas que surgieron después del plebiscito de octubre de 2016. Para unos, incluido el propio gobierno de Iván Duque, la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de negarse a conceder su extradición significó un golpe a las víctimas del conflicto y un motivo de “indignación” para los colombianos, como lo señaló el primer mandatario. Pero para otros fue la evidencia de que la justicia transicional está funcionado, que tiene la misma legitimidad de cualquier otra entidad y que lo pactado en La Habana sigue estando protegido constitucionalmente.

Sin embargo, con la recaptura del exguerrillero, apenas dos minutos después de que cruzara las rejas de La Picota, salieron a relucir todo tipo de cuestionamientos alrededor del caso. Por ejemplo, el video que empezó a circular por redes y que se constituiría, a la luz de algunos, en la prueba reina para demostrar que Santrich sí delinquió después del 1º de diciembre de 2016 y que, por ende, debe ser extraditado. O la participación de agentes encubiertos de la DEA, en lo que sería un entrampamiento para demostrar la intención del exguerrillero de continuar con el delito del narcotráfico. Todos estos asuntos que serán puestos hoy a consideración de la Comisión Segunda del Senado, a donde fueron citados altos funcionarios del Estado para que expliquen de qué forma se están ponderando los derechos de las víctimas sobre el mecanismo de la extradición.

Le puede interesar: Rechazan recusación contra jueza de control de garantías en caso “Santrich”

Los senadores Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático, citaron particularmente a la recién anunciada nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello. Una cita que, en todo caso, no podrá cumplirse porque todavía no se ha posesionado en el cargo. En su reemplazo estará el ministro encargado, Juan Francisco Espinosa, y como invitados, el fiscal general (e) Fabio Espitia Garzón; el procurador general, Fernando Carrillo; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa. “Lo que queremos demostrar es que la garantía de no extradición en el Acuerdo de Paz busca garantizar la verdad, que es un derecho de las víctimas, y concederla sin tener este elemento en cuenta podría terminar torpedeando este propósito”, señaló Sanguino.

Por eso, el caso Santrich resulta de gran relevancia. Especialmente en momentos en que se espera que la JEP resuelva el recurso que interpuso el procurador contra la negativa de extradición del exguerrillero. “No se trata de defenderlo”, aclara Sanguino, pero sí de no poner en riesgo la verdad del conflicto armado. En tal sentido, afirma que existe jurisprudencia que evidencia su argumento, como la sentencia proferida por la Corte Constitucional este año. “Este no es un asunto baladí, al contrario, se funda en los contenidos constitucionales que se introdujeron con el acto legislativo 01 de 2017 (…) cuyo objeto no puede mirarse exclusivamente desde el sujeto titular de la garantía de no extradición sino, especialmente, de las víctimas, quienes podrán contar con la verdad de aquel que se somete a la JEP, pues de operar la extradición, el individuo remitido a otro país no se vería obligado a reconocer la verdad (…) asimismo, el extraditado no se sentirá obligado a reparar”, señala la sentencia C-112 de 2019 del alto tribunal.

Lea también: “Duque debe abandonar su militancia antiacuerdo”: exfiscal de la CPI

De esta manera, tanto Sanguino como Cepeda señalan que, si se demuestra que Santrich delinquió después de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, debe perder los beneficios, como lo señalan los textos de paz, pero también debe pagar “sus delitos en Colombia para que pueda entregar verdad”. De hecho, aportan cifras para demostrar que este caso no es el único que ha resuelto la justicia transicional respecto de este mecanismo de cooperación internacional. Por ejemplo, a la fecha, la JEP ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición, siete han sido avocadas y ocho están en estudio preliminar. “En el proceso de paz con los paramilitares, vimos cómo la extradición sorpresiva de 14 comandantes de las autodefensas, el 13 de mayo de 2008, sepultó por completo el derecho a la verdad de las víctimas de estos grupos. A ninguno se le exigió continuar cumpliendo con las condiciones de Ley de Justicia y Paz acordada con los grupos”, argumentan los congresistas.

Entre esos casos recuerdan el de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, quien permanece en los Estados Unidos pagando penas por narcotráfico, “y sin cumplir con las condiciones de dar verdad y reparación a las víctimas. También alias Pablo Sevillano, quien está en libertad en Estados Unidos desde 2016, pero ha argumentado que su vida corre peligro en Colombia, por lo que no ha regresado al país, en el que tiene una pena pendiente de ocho años y la reparación a sus víctimas, quienes han manifestado que con los bienes entregados es insuficiente”, señaló el senador de los verdes. Pero el asunto de la garantía de no extradición no será el único punto que tocarán los congresistas citantes. Hay otros dos elementos que buscarán resolver durante el debate de hoy: la cooperación judicial y el entrampamiento.

En cuanto a lo primero, para los legisladores es claro que la actuación de agentes encubiertos en el caso Santrich sin el aparente conocimiento de las autoridades judiciales nacionales vulnera la soberanía del Estado colombiano. Entre otras cosas, afirman, porque pudieron haber pasado por encima de los protocolos de cooperación judicial. “Un agente encubierto que actúe en territorio colombiano sin que se haga en el marco de un protocolo de cooperación judicial, está cometiendo un delito”, señala el informe en el que se basarán los congresistas para el debate de hoy. Y sobre el entrampamiento, para ellos queda claro que esa figura, es decir, provocar la comisión de un delito, constituye un delito per se en Colombia. Así las cosas, el ambiente político de hoy en el Capitolio promete ser tenso y, una vez más, los ojos de las instituciones se enfocarán en el mismo florero de Llorente que parece no dar tregua en un país cada vez más polarizado.

También le puede interesar: "Santrich no se va para EE.UU.: Colombia y la extradición"