Caso Uribe: desafíos y argumentos

Cierto: la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe no significa el fin del mundo, pero tampoco implica el nacimiento de uno nuevo; sin embargo, sí sacude tremendamente al sistema político colombiano. Si sus analistas tuviéramos una escala como la de los sismólogos, el evento podría caer entre un cuatro —un sacudón que se siente— y un estremecedor siete. Pero nada más allá, creo. La vida sigue. De la manera en que distintos sectores ciudadanos y políticos jueguen sus cartas dependerá cuáles cambios tangibles habremos de observar a la postre y quién pagará los platos rotos del evento.

La trayectoria de Uribe en los planos político y legal es relativamente fácil de caracterizar. En lo político: pasó de ser una figura relevante, pero puramente regional a finales del siglo pasado a ganar las elecciones tras un meteórico ascenso. Gobernó con mano de hierro sobre la ola de una popularidad abrumadora (ese es el “estado de opinión”). Arrolló a todos los que creía se estaban atravesando en su camino, incluidas las altas Cortes. Después de salir del poder, percibió que el sucesor que escogió —Juan Manuel Santos— lo había traicionado. Se gastó una parte importante de su enorme capital político intentando desestabilizar la paz, cosa que logró. Después, logró poner presidente (pero de coalición). En la actualidad encabeza un partido extremista de derecha.

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En lo legal: desde el principio Uribe ha coqueteado con violadores de derechos humanos, figuras cercanas a los paramilitares y hampones (el “coqueteo” implica, en este caso, apoyo, promoción, etc.). También ha normalizado la violencia homicida contra sus supuestos enemigos. Eso está en la pepa de su programa político. No es una hipérbole. La evidencia al respecto es abrumadora y pública. En ese sentido, los ciudadanos de este país estamos en una posición mucho mejor que la de la Corte Suprema: no tenemos que buscar, como ella, datos y pruebas y después unir evidencias para interpretar su significado. Es una película que hemos visto pasar una y otra vez frente a nuestros ojos. Su gobernación, el lanzamiento de su campaña presidencial y sus gobiernos entre 2002 y 2010 estuvieron marcados por el escándalo, el apoyo abierto de criminales, la persecución a la oposición, y operaciones ilegales o violentas. Eso siguió hasta hoy: piensen en la connivencia con Popeye, el ubersicario de Pablo Escobar, en la financiación de la campaña de 2018, en la defensa de las “masacres con sentido social” y en toda la larga ristra de etcéteras acumulados a lo largo de los años.

Por eso siempre creí que la probabilidad de que, pese a su increíble pericia, en algún momento el audaz caudillo se resbalara era muy alta. La lista de hechos es simplemente demasiado larga y oscura. Son las consecuencias de vivir peligrosamente, pues la justicia colombiana finalmente llegó. Y lo hizo justo en el momento en que el caudillo está sumido en el peor desprestigio de su carrera, como lo reportan una y otra vez las encuestas. Por eso no es extraño que la que contrató esta semana CMI haya encontrado que el 76 % de los colombianos está de acuerdo con la medida de la Corte, y apenas el 10 % en contra. En Cali un impresionante 92 % estaba a favor. En Bucaramanga, otrora fortín del no en el plebiscito sobre la paz, el 86 % estaba de acuerdo. Parte de esto es rabia, parte es cansancio. Mucha gente simplemente está harta de tanto ruido.

De estas realidades no parecen querer darse cuenta los uribistas, cuyas reacciones se pueden dividir en tres categorías.

La primera: amenazar de manera abierta o taimada a los colombianos con violencia y horrores si “se meten con Uribe”. La inaudita impertinencia de estas gentes tiene dos características aparentemente contradictorias: es previsible y a la vez no deja de asombrar. Pero, por supuesto, podrán persistir si siguen votando por ellos.

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La segunda categoría califica a Duque de tibio, y propone movilizaciones y retaliaciones masivas contra sus objetos de odio. Pero por el momento se mueve en el vacío. La gente está en otra onda.

La tercera la ocupa el presidente Duque, quien ha propuesto cuatro líneas de defensa de Uribe. La primera es que los expresidentes no deberían sufrir nunca prisión preventiva, pues están cubiertos por la pretensión de “honorabilidad”. La segunda es que puede dar fe de todas sus acciones. La tercera es que Uribe no ha contado con garantías suficientes; en contraste, por ejemplo, con Santrich. La cuarta es que hay un consenso para reformar la justicia. Varios formadores de opinión han acompañado a Duque en estas proposiciones.

Las cuatro son poco plausibles y malsanas. La primera contradice abiertamente no solo lo que ha dicho explícitamente Duque, sino el espíritu y la letra de la salvaje oposición de su partido a Santos. Una mentira más en la contabilidad de Duque. Que este quiera y admire a Uribe es humano y quizás hasta loable; pero no dice ni debería decir nada a la ciudadanía en una democracia moderna. No todos los colombianos podemos gozar de las mieles de la amistad con el caudillo; por lo tanto, debemos guiarnos por sus actos públicos y no por sus supuestas virtudes privadas. Puede tener todos los méritos del mundo, pero ser buen amigo o mentor o incluso buen gobernante no lo pone por encima de la ley. En cuanto a las garantías, ¿quién tiene más garantías que Uribe? ¿No es esta una versión degradada de la pobre viejecita? ¿De pronto algún periodista acucioso nos informará sobre la caravana de escoltas, el listado de sus amigos y discípulos en reclusiones de cinco estrellas, y otras gabelas con las que cuenta el expresidente? ¿O sobre el hecho de que su equipo legal recibe sugerencias y apoyos del presidente de la República y sus ministros? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Santrich? Santrich está en el monte, prófugo de la justicia. Supóngase en gracia de discusión que esta se equivocó sobre Santrich. ¿Se imaginan que se instaurara en el país la peregrina tesis de que un error judicial se compensa con otro del signo político contrario?

Pero la peor de todas es la de la reforma a la justicia a la medida. No puedo concebir acto de corrupción más grande que este: ajustar las reglas para que un poderoso en problemas pase el examen. En un país hastiado de la corrupción, en un gobierno que prometió solemnemente combatirla. Para no hablar ya del contraste colosal entre las prioridades del país y la agenda legislativa uribista. Sí: puede ser que haya consenso acerca del hecho de que la justicia colombiana sea muy imperfecta. Pero es un engaño decir que lo hay acerca de la necesidad de acabar a las altas Cortes porque se están metiendo con quien no se debe.

¿Tendrá éxito el trámite de esta reforma por parte de un gobierno y un partido intemperantes y de minorías? ¿Cómo recibirá la opinión las reacciones y maniobras de los uribistas? Dos preguntas candentes cuyas respuestas veremos pronto.

* Especial para El Espectador.