Congresistas de la bancada de Gobierno buscan crear una nueva comisión para vigilar el uso de recursos asignados a la atención de la emergencia humanitaria en el Catatumbo y así evitar posibles irregularidades y hechos de corrupción. Enviaron una carta solicitando la conformación del grupo.
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Los firmantes de esta solicitud son los representantes Gabriel Becerra, Heráclito Lalindez, Alirio Uribe, Maria Fernanda Carrascal, Jairo Reinaldo Cala, Gloria Arizabaleta del Pacto Histórico y Duvalier Sánchez de la Alianza Verde, quienes enviaron la misiva a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la Contraloría General, y a la Procuraduría General de la Nación.
Los representantes buscan la “correcta ejecución de los recursos destinados para la atención de la crisis, así como el cumplimiento de las disposiciones orientadas a restablecer la seguridad, la movilidad y el bienestar de la población afectada”.
La solicitud se da en medio de las críticas que se le han hecho a varios decretos por la situación financiera que atraviesa el país, pues el mismo Gobierno ha dejado claro que hay un hueco fiscal de $12 billones y está planteando medidas de austeridad y nuevos impuestos para solventar el complejo panorama. Además, el Ejecutivo congeló recursos de varias entidades.
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Con esta comisión, los legisladores esperan garantizar la transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos, mientras vigilan que se le da cumplimiento a los 18 decretos expedidos por el presidente Gustavo Petro, en razón de la conmoción interior.
Igualmente, sostienen la importancia de detectar posibles irregularidades o actos de corrupción frente al uso de estos recursos, especialmente porque se trata de una medida extraordinaria.
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La crisis humanitaria que se desató en el último mes se ha convertido en un tema principal para el Gobierno. Se espera que entre este lunes y martes el Congreso comparta los informes que se han realizado en las plenarias y diferentes reuniones posteriores para evaluar los motivos de la declaratoria.
El pasado 7 de febrero, el Fondo Central de Respuesta de Emergencias de Naciones Unidas aprobó la asignación de 3,8 millones de dólares para lidiar con la crisis. Hasta el momento, las estadísticas mencionan que hay alrededor de 50.000 desplazados y hay entre 50 y 80 muertos.
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