Centro Democrático denunció al fiscal Montealegre por persecución al uribismo
"El fiscal se ha convertido en el símbolo de la persecución política a la oposición en Colombia", cita la denuncia.
Redacción Política
Las peleas entre el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el Centro Democrático del senador Álvaro Uribe Vélez se trasladaron a los estados judiciales.
Ante la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el Centro Democrático radicó una denuncia en contra del Fiscal por presunta persecución al uribismo.
El senador Ernesto Macías Tovar dijo que “el Fiscal desde hace mucho rato ha venido persiguiendo de manera sistemática al Centro Democrático”.
“Hemos radicado una serie de pruebas que conducen a que se investiguen esos presuntos delitos que haya cometido el señor Fiscal porque es claro que él se ha convertido en el símbolo de la persecución política a la oposición en Colombia”, señaló.
La denuncia advierte que el Fiscal ha utilizado los medios de comunicación para notificar a miembros del Centro Democrático de apertura de investigación e indagatorias.
Macías citó en su denuncia contra Montealegre los procesos contra Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y el mismo Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe.
“Hay una cantidad de elementos que ojalá los investigadores los estudien bien y determinen su hubo persecución”, indicó.
Los delitos contra Montealegre
Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (Artículo 416 del Código Penal)
El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
Intervención en política (Artículo 422 del Código Penal)
El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
Las peleas entre el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el Centro Democrático del senador Álvaro Uribe Vélez se trasladaron a los estados judiciales.
Ante la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el Centro Democrático radicó una denuncia en contra del Fiscal por presunta persecución al uribismo.
El senador Ernesto Macías Tovar dijo que “el Fiscal desde hace mucho rato ha venido persiguiendo de manera sistemática al Centro Democrático”.
“Hemos radicado una serie de pruebas que conducen a que se investiguen esos presuntos delitos que haya cometido el señor Fiscal porque es claro que él se ha convertido en el símbolo de la persecución política a la oposición en Colombia”, señaló.
La denuncia advierte que el Fiscal ha utilizado los medios de comunicación para notificar a miembros del Centro Democrático de apertura de investigación e indagatorias.
Macías citó en su denuncia contra Montealegre los procesos contra Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y el mismo Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe.
“Hay una cantidad de elementos que ojalá los investigadores los estudien bien y determinen su hubo persecución”, indicó.
Los delitos contra Montealegre
Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (Artículo 416 del Código Penal)
El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
Intervención en política (Artículo 422 del Código Penal)
El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.