Centro Democrático dice estar “complacido” por el cumplimiento de los objetivos de campaña de Duque
Uno de ellos era su compromiso de modificar lo acordado en La Habana, Cuba, con las Farc. Las objeciones a la ley estatutaria de la JEP se convirtieron, entonces, en el primer paso para hacerlo.
-Redacción Política
En un comunicado de prensa, el partido del presidente Iván Duque, el Centro Democrático, expresó su satisfacción por las objeciones a seis puntos de la ley estatutaria que hizo el mandatario el pasado domingo.
“Nos sentimos complacidos de que el presidente Duque esté cumpliendo con lo expresado en campaña”, se lee en el boletín, con el que resaltan las banderas del uribismo en contra del proceso de paz, que se convirtieron en diferenciadores entre los otros candidatos presidenciales en la contienda electoral.
Le puede interesar: Objeciones a la JEP no la tienen tan fácil en el Congreso.
Esas banderas del uribismo son la pérdida de beneficios para quienes cometieron delitos contra menores, la posibilidad de que la justicia ordinaria también investigue y obtenga pruebas en supuestos casos de violación al acuerdo para, por ejemplo, poder aplicar la extradición a personas como Jesús Santrich, quien fue pedido por Estados Unidos en abril de 2018, por su supuesta participación en un negocio para exportar coca hasta allí.
“Es de primera importancia que quienes venían delinquiendo y continuaron haciéndolo no reciban tratamiento distinto al de cualquier criminal. Para eso, entre otros casos, la cooperación de la justicia ordinaria y la calidad sobre cuándo debe actuar es fundamental”, argumentan.
Con las objeciones manifiestan la seguridad de poder controvertir lo suscrito en La Habana. “Esta decisión abre la posibilidad de que, quienes votamos por el ‘NO’ en el plebiscito y fuimos groseramente ignorados por el gobierno Santos, tengamos ahora la oportunidad real de presentar nuestras críticas a estos acuerdos”, apuntan.
También: Gobierno hará pedagogía a desmovilizados sobre objeciones a la ley estatutaria de la JEP.
Según el uribismo, este debate que abre la decisión de Duque dará un mensaje contundente a otros actores armados en contra la impunidad. “Todos los responsables de delitos de lesa humanidad deben ser investigados, juzgados y condenados. No puede haber renuncia de la acción penal. Debe quedar muy claro que la legalidad es un principio superior”, enfatizan.
La JEP, desde su comienzo de operación, ha sido criticado por el Centro Democrático. En primer lugar, por la selección de los magistrados y, también, por “una gruesa sombra sobre su proceder” que, a juicio de ellos, genera dudas sobre la imparcialidad del tribunal transicional.
“El Centro Democrático reitera su respaldo al presidente y, al mismo tiempo, su postura (ampliamente divulgada) de defender el postulado de no impunidad y seguir insistiendo en la necesidad de una justicia justa para los miembros de nuestra Fuerza Pública”, señalan, asegurando que los actuales magistrados no son los adecuados para “juzgar a nuestros hombres”.
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Recordaron, en ese sentido, su propósito de interceder por la Fuerza Pública, radicando un acto legislativo que, supuestamente, les dará todas las garantías, imparcialidad y presunción de inocencia a los uniformados. “Los ejércitos que han defendido la democracia colombiana no pueden ser tratados en pie de igualdad con los narco-terroristas, ni obligados, como ellos, a reparar a las víctimas, salvo que sean encontrados culpables”, reiteraron.
En un comunicado de prensa, el partido del presidente Iván Duque, el Centro Democrático, expresó su satisfacción por las objeciones a seis puntos de la ley estatutaria que hizo el mandatario el pasado domingo.
“Nos sentimos complacidos de que el presidente Duque esté cumpliendo con lo expresado en campaña”, se lee en el boletín, con el que resaltan las banderas del uribismo en contra del proceso de paz, que se convirtieron en diferenciadores entre los otros candidatos presidenciales en la contienda electoral.
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Esas banderas del uribismo son la pérdida de beneficios para quienes cometieron delitos contra menores, la posibilidad de que la justicia ordinaria también investigue y obtenga pruebas en supuestos casos de violación al acuerdo para, por ejemplo, poder aplicar la extradición a personas como Jesús Santrich, quien fue pedido por Estados Unidos en abril de 2018, por su supuesta participación en un negocio para exportar coca hasta allí.
“Es de primera importancia que quienes venían delinquiendo y continuaron haciéndolo no reciban tratamiento distinto al de cualquier criminal. Para eso, entre otros casos, la cooperación de la justicia ordinaria y la calidad sobre cuándo debe actuar es fundamental”, argumentan.
Con las objeciones manifiestan la seguridad de poder controvertir lo suscrito en La Habana. “Esta decisión abre la posibilidad de que, quienes votamos por el ‘NO’ en el plebiscito y fuimos groseramente ignorados por el gobierno Santos, tengamos ahora la oportunidad real de presentar nuestras críticas a estos acuerdos”, apuntan.
También: Gobierno hará pedagogía a desmovilizados sobre objeciones a la ley estatutaria de la JEP.
Según el uribismo, este debate que abre la decisión de Duque dará un mensaje contundente a otros actores armados en contra la impunidad. “Todos los responsables de delitos de lesa humanidad deben ser investigados, juzgados y condenados. No puede haber renuncia de la acción penal. Debe quedar muy claro que la legalidad es un principio superior”, enfatizan.
La JEP, desde su comienzo de operación, ha sido criticado por el Centro Democrático. En primer lugar, por la selección de los magistrados y, también, por “una gruesa sombra sobre su proceder” que, a juicio de ellos, genera dudas sobre la imparcialidad del tribunal transicional.
“El Centro Democrático reitera su respaldo al presidente y, al mismo tiempo, su postura (ampliamente divulgada) de defender el postulado de no impunidad y seguir insistiendo en la necesidad de una justicia justa para los miembros de nuestra Fuerza Pública”, señalan, asegurando que los actuales magistrados no son los adecuados para “juzgar a nuestros hombres”.
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Recordaron, en ese sentido, su propósito de interceder por la Fuerza Pública, radicando un acto legislativo que, supuestamente, les dará todas las garantías, imparcialidad y presunción de inocencia a los uniformados. “Los ejércitos que han defendido la democracia colombiana no pueden ser tratados en pie de igualdad con los narco-terroristas, ni obligados, como ellos, a reparar a las víctimas, salvo que sean encontrados culpables”, reiteraron.