Un nuevo choque entre las cabezas del Legislativo y el Ejecutivo se gestó apenas cuatro días después del cierre del tercer año legislativo y a pocas horas de que, al menos una de las cámaras, deba interrumpir su receso para retomar el trámite de la reforma pensional, que fue devuelta al Capitolio por la Corte Constitucional. La disputa tuvo su génesis este martes, cuando el presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), sancionó tres proyectos de ley claves para el Legislativo y —aunque cercanos al corazón de la Casa de Nariño— objetados por el presidente Gustavo Petro señalando que afectan la sostenibilidad fiscal, vulneran competencias de varias entidades y, en otras posturas, se aprobaron sin cumplir requisitos formales del trámite legislativo. Un desafío más entre dos duros contradictores.
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El senador conservador defendió su postura argumentando que el mandatario no presentó a tiempo las objeciones a los articulados. Según el saliente líder del Senado, el artículo 166 de la Constitución le da al presidente un plazo de seis días para objetar cualquier proyecto que no supere los veinte artículos, como es el caso de las iniciativas sancionadas: una que otorga mayor autonomía a los territorios sobre los recursos del Fondo de Pensiones del sector público (FONPET); otra que incorpora los humedales al sistema de gestión de riesgos y al sistema nacional de cambio climático; y una más que establece los lineamientos para una política pública a favor de los micronegocios barriales.
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“Cuando se cumplen esos términos, es el presidente del Congreso el que debe sancionar la ley”, dijo Cepeda este martes, haciendo también alusión al artículo 168 de la carta política. “Es una ley que viene a defender los micronegocios barriales y que además le da prerrogativas importantes a las mujeres mayores de 53 años. Requerimos defender el empleo de la gente y por eso sancionamos esta ley tan importante”, agregó sobre la iniciativa del partido Mira.
En el caso puntual del proyecto sobre micronegocios barriales, el presidente del Congreso aseguró que las objeciones por inconveniencia presentadas por el gobierno llegaron fuera de tiempo. Según el historial legislativo compartido por Cepeda, la ley fue enviada por primera vez a la Casa de Nariño el 4 de julio del año pasado y, tras unas primeras objeciones y varias idas y vueltas por errores de forma, fue recibida correctamente por la Presidencia el 13 de marzo de este año. Sin embargo, las nuevas objeciones se presentaron hasta el 7 de abril, es decir, 25 días después, cuando el plazo constitucional era 19 días menos.
La ley, que Cepeda sancionó sobre las tres de la tarde de este 24 de junio, busca reconocer a los micronegocios de barrio —tiendas y panaderías (entre otros)— como parte clave de la economía popular y del suministro de productos básicos, e incluye medidas como acceso preferente a líneas de crédito, alivios en el cobro de servicios públicos, programas de formación a través del SENA y la creación de una ruta especial para su formalización.
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Entre sus objeciones, el Gobierno señaló que el artículo que propone eliminar ciertas contribuciones en los servicios públicos para este tipo de negocios fue presentado sin iniciativa del Ejecutivo, como exige la Constitución para medidas tributarias (artículo 154). También se advirtió que no se presentó el concepto de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda, lo que pondría en entredicho la sostenibilidad financiera de la medida y su legalidad.
Pero este no es el único articulado que Cepeda va a sancionar. De hecho, el proyecto que modifica la Ley 549 de 1999 para habilitar a los gobernadores a utilizar recursos excedentes del FONPET será sancionado públicamente este miércoles en el Palacio de la Proclamación, en Cartagena. La iniciativa, presentada por la senadora Karina Espinosa (Partido Liberal), busca que las autoridades locales gestionen directamente parte de esos fondos para pagar pensiones de maestros, funcionarios públicos y otros beneficiarios, recursos que hoy controla principalmente el Ministerio de Hacienda.
El Gobierno, sin embargo, consideró que la propuesta es “inconstitucional e inconveniente”. En las objeciones enviadas al Congreso, firmadas por los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Germán Ávila (Hacienda), se advirtió que la iniciativa pone en riesgo la sostenibilidad fiscal, afecta la destinación exclusiva de los recursos de la seguridad social, vulnera la autonomía territorial y no cumple con el trámite legislativo establecido. De acuerdo con el Ejecutivo, se estarían desconociendo al menos seis artículos de la Constitución, entre ellos el 334, el 48 y el 287.
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Incluso, el Gobierno de Petro adjuntó un documento con gráficas y cifras elaborado por la cartera de Hacienda justificando sus alertas. El problema, según Cepeda, es que el texto del proyecto fue enviado a la Presidencia el 11 de junio para su sanción o para que se presentaran objeciones, pero estas últimas se radicaron solo hasta el 20 de junio; es decir, tres días después del plazo máximo.
Y es que el trámite normal de una norma es el siguiente: Cuando el Congreso aprueba una ley, esta debe ser enviada al presidente de la República para su sanción. En caso de que se presenten objeciones, estas deben ser estudiadas por el Legislativo que puede aceptarlas o rechazarlas. Si los congresistas insisten en el texto original, el proyecto pasa a revisión de la Corte Constitucional, que tiene la última palabra sobre su legalidad.
Sin embargo, la pelea entre las cabezas del Legislativo y el Ejecutivo viene de tiempo atrás. Durante todo el tercer año legislativo se presentaron choques constantes, al punto de que Petro ha acusado a Cepeda de querer sacarlo del poder para asumir como jefe de Estado, mientras que el presidente del Congreso lo ha señalado de tener actitudes dictatoriales cuando sus reformas no han tenido éxito en el Capitolio. Esta en particular se dio un día antes de que el presidente sancione la reforma laboral en la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de la capital.
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El tercer proyecto que sancionará Cepeda busca proteger los humedales haciendo que estos ecosistemas sean parte activa de la planificación para la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático. Además, contempla medidas para intervenir cuencas hidrográficas con acciones preventivas, correctivas y de preservación ambiental. Es decir, un tema cercano al corazón del “gobierno del cambio”, que ha hecho de la defensa del ambiente su bandera, en clave de su “potencia mundial de la vida”. El Gobierno, sin embargo, presentó objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia que, de nuevo, la Presidencia del Senado argumenta fueron radicadas muy tarde.
Una de las objeciones que presentó el Gobierno al proyecto de humedales se refiere al artículo que establece que las autoridades ambientales deben vigilar y controlar las acciones urbanísticas en zonas cercanas a estos ecosistemas, teniendo en cuenta riesgos como inundaciones, avalanchas o sismos. Según el Ejecutivo, ese artículo invade competencias que la Constitución y la ley le atribuyen exclusivamente a los municipios, en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo. Por tanto, al otorgar estas funciones a las autoridades ambientales, el proyecto estaría desconociendo la autonomía territorial y rompiendo con el principio de distribución de competencias establecido por la ley.
Este desafío que le lanzó el Senado a la Presidencia se da justo cuando se está a punto de retomar en el trámite de la reforma pensional, luego de que la Corte Constitucional devolviera el proyecto al Legislativo por vicios de trámite. Aunque el decreto para convocar a sesiones extraordinarias ya está listo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que necesitan primero la comunicación formal del fallo por parte del alto tribunal. Aunque el debate le corresponde a la Cámara, es posible que las fricciones entre Cepeda y Petro tengan algún efecto en el proceso, así como también el anuncio del presidente de incluir una papeleta en las elecciones de 2026 para convocar una asamblea constituyente.
A la par, sigue pendiente el tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, que se retomaría en la próxima legislatura. A esto se suma que el Gobierno ya trabaja en una nueva reforma tributaria, lo que anticipa otro ciclo de tensiones entre estas dos ramas del poder en un año en el que la campaña ya domina el debate público.
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