En tan solo tres días caducará la investigación por los dineros de Odebrecht en la campaña de 2014. A pesar de eso, y de que ya han pasado cinco meses desde que estalló el escándalo de corrupción, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha tomado ninguna decisión.
A pesar de que en febrero pasado se anunció que el CNE investigaría este escándalo, que alcanzó tanto a la campaña de Juan Manuel Santos como a la de Óscar Iván Zuluaga (quien retiró su precandidatura por este motivo), Cerca de caducar investigación por dinero de Odebrecht en presidenciales de 2014 y el órgano electoral no podrá tomar decisiones ni sancionar a los implicados en este caso en específico.
Por esta situación, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios Cabrera, advirtió sobre esta situación que “la falta de alguna decisión demuestra las precariedades del diseño institucional electoral actual y la urgencia que hay en hacer las reformas constitucionales dirigidas a darle independencia, autonomía y capacidad técnica y territorial al máximo órgano electoral”.
Tal es el motivo por el que la MOE llamó la atención al Congreso para que, en la próxima legislatura, se acelere el trámite de la reforma electoral, llamando a que esta se apruebe vía Fast Track. Según la misión de observación, esta reforma evitaría que se repitieran casos como este, a pesar de la advertencia que ellos mismos hicieron hace cinco meses, además de servir para tener “tendríamos mayor información sobre cómo opera en Colombia la financiación ilegal con recursos extranjeros y de contratistas del Estado”.
De acuerdo a la MOE, esta reforma permitiría tres cosas principalmente: la independencia de la autoridad electoral, mayor capacidad técnica y alcance territorial en la gestión de esta y prontitud en su actuación. Barrios Cabrera aseguró que “para la MOE, la no creación de un Tribunal Electoral es seguir apostándole a la impunidad”.
La MOE advierte que, de no ser así, no solo pasarían de agache escándalos como la supuesta financiación de Odebrecht en las campañas presidenciales de 2014, sino otros “hechos similares de financiación y publicidad ilegal que les fueron entregados a la autoridad electoral, sin tenerse hasta el momento sanciones efectivas por los presuntos delitos reportados”.
Por Redacción Politíca
