Uno de los temas más polémicos en la discusión y aprobación del acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este lunes en la plenaria del Senado, fue el de los falsos testigos. Durante los últimos años se ha venido hablando en el país de un “cartel de falsos testigos”, en su mayoría delincuentes o procesados que, a cambio de reducciones de penas y otros beneficios, se presentan como testigos ante la Fiscalía, acusando a altas personalidades que terminan en la cárcel, aunque luego logran demostrar su inocencia, no sin antes haberse visto radicalmente afectados en su buen nombre.
Ha pasado con congresistas, empresarios, militares o civiles común y corriente. Por eso, de cara a la conformación de un sistema de justicia transicional en el que uno de sus apartes señala que aquellos miembros de grupos armados que quieran hacerse acreedores a rebajas de penas o a la cesación de la acción judicial, tendrán que confesar sus delitos y señalar responsables -lo que podría dar para que se “disparen” los testimonios falsos-, en el Congreso uno de los objetivos apuntó a cerrar esa puerta.
Dentro de los casos más sonados de víctimas de falsos testigos está el exdiputado Sigifredo López; los exsenadores Nancy Patricia Gutiérrez, Carlos García Orjuela y Luis Fernando Velasco y el del contralmirante Gabriel Arango Bacci. Todos ellos enfrentaron procesos penales que los llevaron a estar tras las rejas pero lograron demostrar que los testigos mentían y recobraron su libertad no sin antes ver comprometida su vida personal y su patrimonio.
De acuerdo con el senador Antonio Correa, de Opción Ciudadana, son más de 3.000 los procesos que hoy tiene la Fiscalía donde los falsos testigos, buscando beneficios procesales o penitenciarios, se han convertido en los protagonistas y han llevado a la justicia a cometer actos de atropello contra la dignidad de muchos colombianos. “A la Jurisdicción Especial para La Paz la debemos blindar en contra de los falsos testigos. Es importante introducir al testigo un medio de prueba, para evitar los errores y los sesgos de la justicia reciente en nuestro país”, enfatizó el legislador.
En su concepto, los falsos testigos “deben ser judicializados con todo el peso de la ley, con penas desde 20 hasta 26 años”. Y en la Justicia ordinaria también "debe existir una política criminal y un compromiso del Gobierno para eliminar esta práctica, que pone en jaque a la justicia ordinaria y a la verdad”.
Correa también hizo referencia a lo que se ha denominado como la competencia de terceros: “Ningún tercero debe ser obligado a ser llevado a un estrado judicial, el Estado debe asumir la responsabilidad en el abandono de la sociedad civil en el conflicto armado. Muchos fueron obligados a pagar extorsiones y muchos terminaron involucrados en una guerra que no querían”.
Como se vió, un fantasma que sigue rondando. Al final, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, también presentó una proposición con la que se reforzaron las condiciones para que esos terceros civiles comparezcan ante el Tribunal de Paz. No basta con un simple testimonio y quien haga señalamientos tendrá que tener pruebas contundentes. Además, si uno de esos terceros quiere intervenir o ir a confesar, por ejemplo, alguna colaboración con grupos armados ilegales, consciente o inconscientemente, ello será voluntario, siempre y cuando no esté estrechamente vinculado con infracciones al Derecho Internacional Humanitario de manera “sistemática”.
Por Redacción Politíca
