César Gaviria rechaza la petición del fiscal de objetar la ley estatutaria de la JEP

El Partido Liberal declinó la invitación del Gobierno para reunirse y debatir el Plan Nacional de Desarrollo antes de su radicación. / Archivo

Sancionar o no sancionar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, por parte del presidente Iván Duque, ha generado un debate entre los que dicen llamarse defensores de la paz y el uribismo, que desde la firma del mismo Acuerdo de La Habana expresó sus dudas y deseos de modificar variosde los temas del documento. A este último se le unió el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien envió una carta al primer mandatario para que objete el texto que normalizaría el funcionamiento de la JEP.

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Tras conocerse esta petición, el director del Partido Liberal, César Gaviria, ratificó la independencia de la colectividad ante el Gobierno con su postura en defensa de la JEP, calificando este tribunal transicional como la “columna dorsal” del Acuerdo de Paz. “Ese diseño, dirigido a satisfacer a las víctimas en su derecho a que haya justicia, contó con un unánime respaldo de la comunidad internacional y su alcance trasciende la normatividad que proviene de la legislación ordinaria colombiana”, manifestó el expresidente.

Al apoyo internacional, Gaviria recordó que fallos de la Corte Constitucional, disposiciones de la Corte Penal Internacional y el mismo Congreso participaron en la construcción de la paz, en la que se incluye la aprobación de la ley estatutaria de la JEP, en diciembre de 2017, y la declaración de la Corte como exequible, en julio de 2018. “Lo que ahora pretende el fiscal es que el presidente de la República objete no un proyecto de ley, sino una normatividad, que es de la esencia del Acuerdo y que ya fue revisada por una sentencia del tribunal constitucional, lo cual es extraño a nuestro ordenamiento jurídico y crea tremendas dificultades al funcionamiento de la JEP, no solo para los exguerrilleros sino también para militares y terceros”, opinó.

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De acuerdo con Gaviria, el fiscal general siempre manifestó “sus dudas con la compatibilidad de dichas normas con la política criminal del Estado”, pero que estas fungían en un nivel académico que dejó de tener sentido cuando el Congreso aprobó los acuerdos y la Corte ratificó de constitucional la decisión.  

“No alcanzo a comprender lo que significa el supuesto consenso, del que habla el fiscal, al que se llegó en el Congreso, que, a su juicio, no está reflejado en la ley. En este caso, lo jurídico es la normatividad de la ley estatutaria, no los supuestos delitos que cometieron o cometan los miembros de las Farc. Durante y después del conflicto, no quedarán impunes y eso lo garantiza lo preceptuado en el Acuerdo de Paz. Precisamente por eso la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, la comunidad internacional y nuestras máximas instancias judiciales han dado aval a este sistema”, consideró el director de las huestes rojas.

Sentando esta postura, Gaviria expresó su deseo de que el presidente Duque sancione la ley para impedir un lío jurídico-político. “Si él o su partido (Centro Democrático) o el fiscal creen que hay que repetir discusiones jurídicas y políticas que se dieron con todo detalle en los últimos dos años, que presenten proyectos al Congreso y allá discutiremos la juridicidad y conveniencia de las modificaciones, con la seguridad, de nuestra parte, que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz, reconciliación, justicia y verdad y reparación”.

Igualmente, manifestó que de llegar al escenario de la objeción, se entraría en el mismo debate fangoso de los protocolos con el ELN y el desconocimiento de estos, por parte del Gobierno, tras el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander, por una interpretación de la sentencia 379 de 2016 de la Corte Constitucional.