Para la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, la denuncia que elevó la senadora Paloma Valencia sobre presunta corrupción en esa entidad no tiene ningún sustento ni argumento real. Más bien, aseguró, se trata de “una cadena de conjeturas y mentira” contra el Gobierno Nacional.
Son dos los contratos que denunció Valencia. Por un lado, el contrato otorgado a SuperGiros para que fuera el operador de los pagos del programa Colombia Mayor. Según ella, esa habría sido la forma de pagarle el apoyo político que dicha empresa supuestamente dio a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022. El otro fue con el Banco Agrario para que opere los pagos de Familias de Acción, pese a que otras entidades financieras habrían ofrecido una tarifa más baja.
Contexto: Denuncian corrupción en Prosperidad Social por contrato con SuperGiros
Con respecto al de SuperGiros, la directora Rusinque explicó que se trató de una orden de compra realizada mediante la plataforma Colombia Compra Eficiente usando el llamado “Instrumento de Agregación de Demanda (IAD)” de servicios postales de pago. Allí participaron tres empresas “y quien presentó la mejor oferta en seguridad, eficiencia, calidad, cobertura y costo fue SuperGiros”, aseguró, aunque no presentó ninguna prueba de las tarifas de dicha compañía con respecto a las demás.
Dijo que la demora intencional que denuncia Valencia tampoco es cierta. Según aseguró, el último pago se hizo el 10 de enero de 2023 y luego se procedió a analizar cómo ejecutarlo para el nuevo año, en línea con el Plan de Desarrollo. En consecuencia, el nuevo contrato se adjudicó el 7 de marzo y el primer pago se hizo el 17 del mismo mes. “Se cumplió con el cronograma y tiempos establecidos”, aseguró.
Sin embargo, la demora que la directora negó sí existió para los pagos de enero y febrero, que se empezaron a girar desde marzo. En efecto, en ese momento tanto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como su secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, le reclamaron al Gobierno Nacional por los retrasos en los pagos de Colombia Mayor que en Bogotá benefician a 49.000 adultos mayores.
“SuperGiros ha sido aliado para pagos de Colombia Mayor y de otros programas desde el año 2020 en pandemia (desde el anterior Gobierno). Su capacidad y cobertura le han permitido participar en el Instrumento de Agregación de Demanda de servicios postales. No lo trajo este gobierno”, sostuvo.
Sobre el contrato con el Banco Agrario, explicó que fue resultado de “un análisis muy riguroso sobre las ventajas frente al uso del IAD de servicios financieros que se venía utilizando”. Añadió que la tarifa ofrecida por esa entidad además de incluir la entrega de la transferencia, incluye también “educación financiera y portafolio de servicios adicionales para los beneficiarios”.
Además, sostuvo que la tarifa con la que Paloma Valencia comparaba al Banco Agrario, la de Davivienda, corresponde al año 2020, para una parte del país. Eso es cierto, según los propios documentos que expuso la senadora en su denuncia.
Aquí la respuesta completa que dio Cielo Rusinque a través de un hilo en Twitter:
